Esta semana se presentó ‘Superando la economía sumergida’ (Overcoming the Shadow Economy) un informe sobre la opacidad del sistema financiero, elaborado por Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía en 2001, y Mark Pieth, miembro del grupo de trabajo sobre corrupción en las transacciones empresariales internacionales, establecido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Aquella investigación activó nuevamente el debate sobre los paraísos fiscales y las políticas internacionales y nacionales requeridas para controlarlos.

La inconformidad con el informe oficial sobre los ‘Panama Papers’

Según información publicada por ABC News, casi inmediatamente después de la filtración de millones documentos de la firma Mossack Fonseca ocurrida en abril de 2016, el gobierno de Panamá contactó a Stiglitz para invitarlo a participar en una investigación sobre la gobernanza financiera en ese país.

A tal efecto se planteó la conformación de un comité de expertos que, además de incluir a Stiglitz y Pieth, estaría compuesto por cuatro panameños y un costarricense. Inicialmente el premio Nobel aceptó codirigir la investigación presuponiendo que sus resultados serían abiertos a la opinión pública.

Sin embargo, poco tiempo después, en junio, Stiglitz expresó su preocupación por el proceso, dado que le dieron a conocer que el gobierno panameño sería el “propietario del informe”. Ante la falta de garantías sobre el uso público de los resultados, Stiglitz y Pieth decidieron retirarse de aquella comisión e indicaron su intención de efectuar una investigación independiente.

La información financiera genera efectos de eficiencia y equidad

Si bien tuvo como antecedente los hechos relacionados con los ‘Panama Papers’, el trabajo de Stiglitz y Pieth tiene un alcance mayor, pues aborda las implicaciones para la eficiencia económica y la equidad social emanadas de la existencia de más de 100 países o territorios ultramarinos donde los regímenes tributarios especiales facilitan la opacidad de las operaciones financieras transfronterizas (ver infografía).

“Existe un creciente consenso al respecto de que los ‘refugios del sigilo’ –esas jurisdicciones que minan estándares para la transparencia financiera y empresarial- plantean un problema global: aquellos facilitan el lavado de dinero y la evasión y elusión tributaria, contribuyendo al crimen  y a niveles altos e inaceptables de desigualdad en la riqueza mundial”. Para resolver esta circunstancia, los autores proponen a los gobiernos e instituciones internacionales elevar los controles a los flujos de capitales.

A tal efecto, los decisores políticos deberían asumir a plenitud que las deficiencias de información son fuente de distorsión e ineficiencia en los mercados globales. “Los países deberían posicionarse proactivamente y no solo cumplir con los estándares mínimos que hoy existen (...) Cada país debe seriamente considerar si desea permanecer en un esfuerzo interminable por alcanzar los cambiantes estándares internacionales o si desea servir como modelo para otros países (...) Es mejor alcanzar hoy una economía ajustada a las realidades del mañana”.

Las acciones deben basarse en principios compartidos

Stiglitz y Pieth plantean adoptar un enfoque integral en la regulación nacional e internacional de las operaciones financieras vinculadas con los paraísos fiscales. Para ello, las políticas concretas a ser implementadas deberían basarse en principios generales que permitan coordinar las acciones colectivas.

En primer lugar, los autores sostienen que el secretismo financiero tiene que ser “atacado” dentro y fuera de los paraísos fiscales para que así no existan “sitios para esconderse”. Esto requiere que la recolección e intercambio de información sobre tributación, propiedad y actividades ilícitas sean responsabilidad compartida por todos los gobiernos del mundo.

A su vez, para abarcar a todos los actores de ‘la industria del secreto’, Stiglitz y Pieth proponen considerar las acciones no solo de las instituciones financieras sino también de los estudios jurídicos, pues estos “juegan un rol central en la creación de redes de empresas”.

Por otra parte, las fundaciones, fideicomisos y corporaciones no deberían tener derechos inalienables dado que son construcciones sociales creadas para facilitar el bienestar. “Para asegurar que así suceda, aquellas deben ser reguladas en formas tales que garanticen el conocimiento pleno de quienes son sus beneficiarios y el pleno cumplimiento de todas las leyes tributarias”.

Tampoco debería permitirse que los paraísos financieros influyan o intervengan en las actividades regulatorias. “Ellos actúan como parásitos y deberían ser separados de la comunidad financiera global”. (I)