El ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, compareció el lunes ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional para explicar detalladamente los datos de la proforma presupuestaria 2017. Su presentación se centró en la composición de la deuda actual del país.

En primer lugar sostuvo que la deuda consolidada como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) a mayo de 2017 alcanza el 27,9%, es decir, niveles similares a los de 2005 y 2006, según su explicación. “La deuda consolidada como proporción del PIB no es mayor a la de hace 10 años y de años previos (...) en las que alcanzó niveles superiores al 60%”.

El nivel expuesto se encuentra bajo el límite establecido por el Código Orgánico de Planificación de Finanzas Públicas y, según el ministro, se lo ha utilizado para planes de inversión y refinanciación de deuda externa, tal como establece la normativa mencionada.

De la Torre destacó que el promedio ponderado de las tasas de interés o costo de la deuda fue del 5,9% en 2016 mientras que en 2006 fue de 6,9%. “Si bien la deuda, en valor absoluto, ha crecido en forma sustancial en términos relativos al PIB, estamos en una situación similar a los años 2005-2006; y en términos de su costo financiero, estamos un punto porcentual por debajo de lo que nos costaba la deuda en ese momento”.

Sin embargo, el funcionario dijo que el Estado tiene otros pasivos que esta vez fueron considerados para el análisis de la proforma presupuestaria.

A mayo de 2017, la deuda pública agregada alcanza los $ 43.893 millones (incluye la colocación de $ 2.000 millones en bonos que se hizo efectiva en junio) y este valor representa el 44% del PIB.

La deuda pública consolidada no contabiliza las obligaciones entre las entidades públicas. Si se descuentan esos valores, este rubro equivale a $ 29.871 millones a mayo de 2017.

Este último valor es el que tiene que cubrirse con recursos de la caja fiscal. Pero De la Torre explicó que hay otros rubros que también son responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas, aunque constan “dentro de otras consideraciones especiales”. Por ejemplo, hay un valor de $ 354,9 millones que corresponden a un crédito del FMI en Derechos Especiales de Giro como un apoyo para cubrir los gastos de la reconstrucción por el terremoto.

Asimismo, existen obligaciones de corto plazo que, de acuerdo a la normativa vigente, no se consideran como deuda si se mantienen por menos de un año y fueron generadas a través de los Certificados de Tesorería (Cetes).

En ese caso, De la Torre indicó que suman $ 2.300,8 millones, divididos en $ 1.523 millones con entidades del sector público y $ 778 millones que corresponden a inversiones que realizaron entidades financieras privadas. “Si bien estas son obligaciones registradas, no entran en el concepto de deuda pública”.

Adicionalmente existen $ 1.256 millones de deuda flotante, es decir, los atrasos de pagos ya presupuestados, pero que por diversas razones están todavía pendientes y que tienen que cubrirse.

“Al sumar todos esos elementos, podemos llegar a una deuda directa sin consolidar que bordea los $ 48.000 millones. Si se descuentan las obligaciones entre las propias entidades del Estado, $ 33.783 millones, esto es lo que tiene que atender el ministerio”.

En lo referente a las deudas de entidades estatales, suman $ 6.537 millones, las principales deudoras son Petroecuador y Petroamazonas. Sus montos no se contabilizan en la deuda consolidada porque estas instituciones adquieren y pagan sus obligaciones con base en su producción.

En la proforma 2017 también se contemplan los contingentes o potenciales obligaciones del Estado por $ 782,8 millones; esto incluye juicios a empresas petroleras en contra del Estado y que en algún momento se podrían convertir en deuda. “Es razonable incluirlos para tener en cuenta qué contingentes podrían convertirse en pasivos para que si se da el caso, disponer de los medios para poder cumplir”, explicó el ministro.

Este año todavía no se ha incluido la deuda del Ministerio de Economía y Finanzas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que está en alrededor de $ 2.524 millones. Este valor será agregado una vez que se oficialice el monto.

Sin esos valores, y en términos consolidados, los pasivos del Estado estarían en un nivel que supera los 41.000 millones. (I)

DEFINICIONES

La deuda consolidada excluye las obligaciones que el Estado mantiene con entidades públicas, como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La metodología de cálculo fue modificada en octubre de 2016 a través del Decreto Ejecutivo 1218, de conformidad con el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Deuda agregada es el resultado de la sumatoria entre la deuda interna y la externa. A partir del Decreto 1218 este rubro ya no es considerado para
medir el nivel de endeudamiento del país frente al límite permitido del 40% del PIB.

Los Certificados de Tesorería (Cetes) son títulos de valor emitidos por el Ministerio de Finanzas con el fin de obtener recursos y aumentar su liquidez.