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Borja allanó el camino para la firma de la paz con Perú

9 de enero de 1992 el presidente peruano Alberto Fujimori, con su similar Rodrigo Borja, en el balcón presidencial en Quito.
9 de enero de 1992 el presidente peruano Alberto Fujimori, con su similar Rodrigo Borja, en el balcón presidencial en Quito.
Foto: Archivo / El Telégrafo
31 de octubre de 2016 - 00:00 - Redacción Política

Uno de los grandes temas pendientes que heredó el presidente Rodrigo Borja fue el viejo conflicto limítrofe con Perú, el cual se agudizó con las guerras de 1941 y 1981. Su antecesor, León Febres-Cordero, había dejado latente la tesis de la ‘herida abierta’.

Cuando recibió el poder en agosto de 1988, las relaciones diplomáticas estaban estancadas. Con un agravante: ambos países, desde 1981, habían colcado aproximadamente $ 4 mil millones, mermando las arcas fiscales de los 2 pueblos, por gastos militares.

Borja Cevallos utilizó la diplomacia directa para buscar el descongelamiento de las relaciones diplomáticas con el vecino del sur e inició las gestiones para buscar un acuerdo de paz.

El 30 de septiembre de 1991, desde la tribuna de la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en Nueva York, el presidente ecuatoriano propuso a su similar peruano, Alberto Fujimori, someter el problema limítrofe al arbitraje del papa Juan Pablo II, para poner fin a la disputa territorial.

Según el propio mandatario, su planteamiento del arbitraje se basó en cuatro puntos: la propuesta al papa Juan Pablo II, la declaración de la paz a Perú, la invitación a Fujimori a que visite Ecuador y, finalmente, la elevación de las agendas de discusión a nivel presidencial.

La propuesta del arbitraje papal logró su efecto en Fujimori, dice Borja, al punto que se volvió favorable por el efecto que tenía la intervención de un tercero, ya que un acuerdo por parte de los dos presidentes les traería consecuencias internas difíciles a los dos gobernantes, tanto en Ecuador como en Perú, lo que no ocurriría si se pronunciaba Juan Pablo II.

A partir de ahí mejoraron las relaciones bilaterales. El 9 de enero de 1992, Alberto Fujimori llegó a Quito -en la primera visita oficial de un presidente peruano a Ecuador- con el objetivo de renovar el diálogo sobre la vieja disputa. Fue un suceso importante e histórico. Los habitantes de la capital aplaudieron con entusiasmo al mandatario peruano y certificaron que la paz era el anhelo ciudadano.

La propuesta no prosperó por razones políticas y por falta de tiempo. Fujimori dio el golpe de Estado en abril de 1992, por lo que canceló su nueva visita a Ecuador. Meses después, en agosto de 1992, Borja terminó su período presidencial y dejó el poder. (I)

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EL HECHO RELEVANTE

El restablecimiento de las libertades y el respeto a los derechos humanos fueron dos prioridades

Luego de 4 años de represión, prisión, tortura o muerte a centenares de ecuatorianos, y tras haberse establecido en el país un ambiente de terror, desde un inicio el nuevo gobernante se enfocó en restituir los valores democráticos y las libertades. Se trabajó para poner fin al autoritarismo y respetar a las otras funciones del Estado. En suma, se dispuso la protección y el respeto a los derechos humanos.

Una de sus primeras decisiones fue eliminar el Servicio de Investigación Criminal (SIC), ente denunciado como centro de torturas; en su lugar se creó la Oficina de Investigación del Delito (OID) y la Policía Judicial, como organismos técnicos para prevenir y combatir las prácticas antisociales, garantizando la seguridad del pueblo ecuatoriano.

Para promover la paz en el territorio nacional, Borja logró que el grupo guerrillero Alfaro Vive Carajo (AVC) renunciara a la lucha insurgente, entregara su armamento y se integrara a la sociedad civil. Ese proceso arrancó con el acuerdo del 19 de enero de 1989 y culminó el 26 de febrero de 1991.

También se desactivó la unidad de comandos de la Base Aérea de Taura, que en enero de 1987 capturó al presidente Febres-Cordero y le obligó a ordenar la liberación del general Frank Vargas Pazzos, encarcelado por una asonada golpista, en marzo de 1986. Mediante la aplicación de la Ley de Gracia fueron liberados los comandos que estaban detenidos.

Estas buenas señales del restablecimiento de los derechos humanos en Ecuador se complementaron el 13 de julio de 1990, mediante decreto ejecutivo, cuando el Primer Mandatario creó una comisión para investigar la desaparición de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo Arismendi. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no pudo controlar a la Policía Nacional, por lo que se registraron algunos casos de desapariciones y violaciones a los derechos humanos.

“Todos los ecuatorianos reconocen que durante el gobierno del doctor Rodrigo Borja, el respeto a los derechos humanos fue una política de Estado, a la vez que un compromiso ético del gobernante”, afirma el exdirector nacional de la ID, Dalton Bacigalupo. (I)

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