El veto presidencial a la Ley de Semillas, acogido por la Asamblea, fue aprobado para su promulgación. El nuevo cuerpo legal garantiza cuestiones esenciales: la investigación con semillas transgénicas (TG) (Art 56) y la vigilancia, destrucción y quema de cultivos transgénicos ilegales (Art 57).
La posibilidad de investigar en TG ha sido una aspiración desde que, de forma absurda, se colocó en la Constitución el Art. 401 que declara a Ecuador libre de semillas transgénicas. Con la Ley se permite ahora investigar estas semillas y de ahí la posibilidad de su ingreso EXCLUSIVAMENTE PARA INVESTIGACIÓN, tema (la investigación) amparado por la Constitución.
La aprobación de la ley genera reacciones diversas, desde la conocida oposición a los TG por dogma, pasando por pensadas propuestas hasta el apoyo a los TG. Unos y otros exponen argumentos contrapuestos. La ley aprobada, al garantizar la investigación en TG abre un abanico de posibilidades de desarrollo nacional en un campo débil del país: la investigación soberana. Investigar TG no significa apoyar a corporaciones nacionales o internacionales productoras de estos organismos genéticamente modificados, cuya meta es la producción agrícola oligopólica. Nos oponemos a esta visión de dependencia hacia el gran capital de la industria agrícola, que prioriza la ganancia. Tal visión obliga a definir el tipo de agricultura que desea el país, sea tradicional, transgénica nacional, orgánica o industrial.
Es valioso el reclamo de pequeños y medianos agricultores nacionales, que requieren mejores oportunidades productivas e investigativas en el campo agrícola, pero un país no debe sacrificar su adelanto científico al prohibir temas de investigación, que en el mundo representan un importante eje de desarrollo. País que no investiga no desarrolla y peor aún, se vuelve dependiente del colonialismo científico e intelectual. Está bien alejarse de intereses de transnacionales o industrias agrícolas nacionales y proteger la agricultura orgánica, la biodiversidad, el conocimiento ancestral, el patrimonio genético ecuatoriano; sin embargo, sería un suicidio científico tener leyes que impidan la investigación. Si esta se hace con responsabilidad, control social y gubernamental, y sobre todo si responde a las necesidades productivas del país, es incuestionable que hay que hacerla.
Deberá analizarse si los TG convienen o no para el uso agrícola nacional, pues los TG no son malos de por sí. Al investigarlos se pueden encontrar nuevas posibilidades para el país, diseñadas por ecuatorianos y útiles para el bien común. (O)
