Vivimos tiempos en que poco o nada nos asombra, porque la tecnología les ha quitado, a muchos atractivos humanos, el encanto de su origen. Así, en el mundo de las redes virtuales, la política se agita, ¡cuándo no!, a través del condicionamiento moral que una sociedad bastante hipócrita le otorga a una faena imprescindible de la vida social: resolver los conflictos que las personas reclaman en sistemas incompletos, injustos y elitistas.
Al iniciar el gobierno de Lenín Moreno ya se sabía que las oposiciones habrían de tener una sola tarea: desprestigiar al correísmo para, quizá, darle una posible (y posterior) legitimidad a su sucesor, si este aceptaba, de algún modo, la agenda de los perdedores en las elecciones del 2 de abril. Nadie duda de que el caso Odebrecht desnuda el funcionamiento de un red de corrupción que abarca a nuestro país y otros tantos de la región, y que el sistema judicial nuestro y de las otras naciones, cada uno siguiendo sus propios protocolos, ha tomado cartas en el asunto y las indagaciones y capturas van descubriendo el hedor de un plan de sobornos institucionalizado desde lo privado hacia lo público. Y a la inversa.
Cosa realmente repulsiva y digna de la operatividad del crimen organizado transnacional de empresas que hallan en el libre mercado de su oferta la ocasión para hacer ‘obras’ en cualquier parte… hasta que un país grande como la potencia del norte empieza a ver en esa constructora multinacional una amenaza para sus propias empresas… y revela la corrupción, y pone en evidencia la permisividad del país sede de Odebrecht: Brasil. Entonces, la madeja empieza a ser desenredada y, como siempre, la corrupción brota de países de tercer orden y asociada a una clase política propensa al pecado del arca abierta.
Es innegable que a la corrupción hay que perseguirla y castigarla. Ya lo dijimos el lunes pasado. Pero en lo que no hay que estar de acuerdo es que a Lenín y a su gobierno se les obligue a tener como único punto del memorándum político, un asunto que la función judicial debe atender exclusivamente. Por una sencilla razón: el gobierno tiene ante sí un programa y unas instancias que no esperan y que la ciudadanía, de una u otra manera, exige: una agenda económica que cree empleo; una agenda social que sostenga y amplíe las políticas públicas en todas las áreas de los servicios; una agenda política que ponga a funcionar las mesas de diálogo con los sectores más inconformes y/o radicales, con atribuciones y límites claros de negociación; y, una agenda comunicacional que participe de todos estos procesos y construya el relato de un gobierno interesado y comprometido, en la acción, con la realidad que tiene que lidiar y enfrentar.
Centrar la agenda en un tema, por muy grave que sea, restringe al gobierno al afán de una oposición que intenta —por todos los medios— sitiar el arranque político de un líder diferente, que tiene ante sí el enorme trabajo de seguir armando institucionalidad y, también, de marcar las líneas rojas de unos adversarios que ya dan muestras de quererlo subyugar por las buenas… o por las malas. (O)
