Por más de dos décadas, el Gobierno de Estados Unidos ha mantenido un acercamiento al control migratorio mediado por una fuerza policial que prioriza las detenciones obligatorias y las deportaciones por encima de la discreción tradicional de un juez al momento de considerar las circunstancias particulares de cada caso. Así lo considera el Consejo Americano de Inmigración, un grupo de defensa de migrantes de Estados Unidos. No es difícil entender cómo esto ha dado paso a un campaña de encarcelamiento y expulsión de no ciudadanos.

La presidencia de Obama vio el mayor número de deportaciones, pero la verdadera responsabilidad recae sobre el Congreso mayoritariamente republicano y encargado de establecer la política migratoria (si de algo se le puede culpar a Obama es de inacción). La política migratoria contempla una cuota mínima de 34.000 detenidos que debe mantener la Policía Migratoria (ICE por sus siglas en inglés) en los centros de detención. Pero la migración ilegal a través de la frontera de México ha disminuido constantemente desde los setenta, y la cuota ha aumentado, lo que significa que la ICE ha comenzado a buscar en otros lugares para cumplir sus objetivos.

El reforzamiento de la ICE y el recrudecimiento de la política migratoria con la llegada del vociferante Trump ha llevado, por un lado, a visualizar esta condición, no solo por ser abiertamente expresada en campaña, sino por la manera en que los medios han decidido ponerla en su agenda. Es decir, esto viene sucediendo por ya un buen tiempo. Trump, el rey Midas de la oposición, lo puso en el ciclo. Las redadas en diferentes ciudades han sido publicadas, no solo por el anuncio previo que se ha hecho a estas, sino por lo deshumanizadas que se han convertido: una mujer migrante que fue a denunciar a su pareja por abuso fue detenida en Texas, el hijo de un migrante fue detenido cuando no encontraron al padre en Ohio, una migrante y activista se refugió en una iglesia en Denver por la revocatoria de una ley que le permitía extender su estadía. La ICE está comenzando a detener migrantes sin ningún récord criminal. Y es solo el principio. Congresistas ya están llamando a que se superen los números de deportaciones de la anterior administración.

En esta clara posición de desventaja legal y de representación, ayer fue la protesta del ‘Día sin inmigrante’. Migrantes de todo el país no fueron a trabajar, no abrieron sus negocios, no mandaron a sus hijos a la escuela, no consumieron, no fueron a clases. En Estados Unidos, los inmigrantes representan el 16,7% de la fuerza laboral. (Bueno, en realidad representan el 100% de la fuerza laboral, gracias al Destino Manifiesto, pero esa es otra conversación). Son un aporte positivo a sus comunidades y hasta ahora no se ha podido comprobar ninguna relación entre inmigración y niveles de criminalidad. Vienen a hacer los trabajos de baja demanda, aquellos que nadie quiere hacer. Viven, muchas veces, en miedo constante y en condiciones precarias. Su protesta no solo es la voz de muchos más de los que salieron a las calles, sino también un verdadero símbolo de valentía y solidaridad.

No todos lo ven así. La deshumanización del proceso de deportaciones ha ido de la mano con la deshumanización y la falta de empatía hacia el otro de la sociedad. Una mirada que entiende al inmigrante como desechable cuando produce e indeseable cuando se quiere. El apoyo viene de muchos lados, y suele ser reconfortante, pero son las muestras de odio e intolerancia las que terminan calando más profundo. Es triste cuando un país olvida su historia. También es peligroso. (O)