Las recientes elecciones municipales en Brasil han dejado mucha tela para cortar, y pueden ser un globo de ensayo para analizar lo que viene en la región. Un dato estremece por su contundencia: los alcaldes electos de San Pablo, Río de Janeiro, Belo Horizonte y Porto Alegre perdieron frente a la suma de abstenciones y votos blancos y nulos. Ganó la despolitización, tanto en el primer como en el segundo turno.

La hipótesis que guía al conjunto de los analistas políticos del gigante sudamericano es la misma, independientemente de su filiación ideológica: la judicialización cotidiana de la política ha provocado creciente escepticismo en la población. El show del pirotécnico juez Moro, aliado de los grandes medios de comunicación, salpicó al conjunto de los actores políticos, aunque con asimetría en la resolución parcial: el PT fue apartado de su legítimo gobierno federal por fuerzas políticas (como el PSDB de Serra y el propio PMDB de Temer-Cunha) que ahora son delatadas en la justicia por Odebrecht, al que los mass media acusaban de aliado del lulismo.

El surgimiento de outsiders conservadores corona la ecuación catastrófica. Así, un empresario multimillonario, como Doria -catalogado por The Washington Post como “el Trump brasileño”- pasa a gobernar San Pablo y la Iglesia Universal del Reino de Dios desembarca en Río de Janeiro de la mano de Marcelo Crivella. Lo dijo Lula, sintetizando su parecer sobre la situación abierta tras la elección: “La desgracia de quien no gusta de la política es ser gobernado por quien sí gusta de ella: una minoría, una élite”.

Pero el PT, que sale muy mal parado de ambos turnos electorales, mira al costado y también ve escombros: el PMDB perdió Río y el excandidato presidencial Aecio Neves asoma como derrotado en la interna con Gerardo Alckmin dentro del PSDB. El descalabro de las fuerzas políticas más importantes es tal que ha resurgido (¿de las cenizas?) el octagenario Fernando Henrique Cardoso, quien se presenta como un hipotético ‘salvador de la nación’ a través de sus voceros/asesores, como Xico Graziano -que recientemente encabezó un insólito ‘operativo clamor’ bajo un texto titulado ‘Volta, FHC’-.

La despolitización creciente es la que lamentablemente ‘permite’ que se vote, además, una enmienda constitucional que plantea congelar la inversión social de acá a las próximas dos décadas, afectando principalmente a la salud y educación pública. El proyecto, conocido como PEC 241, y baluarte del gobierno ilegítimo de Temer, demuestra que la derecha brasileña está dispuesta a efectuar reformas estructurales en el Estado a fin de maximizar ganancias y a la vez entorpecer cualquier posible vuelta del PT a Planalto. Algo desvela a la élite brasileña: aún en estas circunstancias, con el PT retrocediendo vertiginosamente en las urnas, Lula sigue encabezando todos los sondeos conocidos rumbo a 2018.

Por ello avanzan los procesos judiciales contra el expresidente. Buscan inhabilitarlo. Hay voces que incluso dicen que su prisión estaría al caer, visto y considerando que Cunha ya fue detenido (y que el expresidente de la Cámara de Diputados jamás fue el objetivo principal de Moro, a diferencia del exdirigente sindical). El tiempo lo dirá. Lo cierto es que Brasil no solo encara un abismo económico y social, sino también político-electoral. Las recientes elecciones municipales lo demuestran: América Latina en su conjunto debe analizar el caso y buscar aprendizajes de los efectos concretos de la judicialización total de la política, devenida en despolitización, escepticismo y aceptación implícita del statu quo. (O)