A 9 años del incendio en la Factory, familiares de los fallecidos aún creen que hay impunidad
Hace 9 años ocurrió el mayor desastre registrado en un espectáculo público del país. Fue durante un concierto de rock gótico, pero pudo haber sucedido en cualquier otro evento. La desaparecida discoteca Factory no era un sitio adecuado para hacer conciertos, había materiales inflamables en el techo y en el escenario se usaron bengalas. El saldo de esta serie de errores causó la muerte de 19 personas. La historia del rock nacional cambió aquella tarde del sábado 19 de abril de 2008.
El luto vuelve a la búsqueda de justicia más difícil de lo que es. A una semana de la tragedia se hizo un multitudinario concierto en homenaje a las víctimas en el Coliseo General Rumiñahui y un año y medio después se creó la Fundación Factory. Adicionalmente a los organizadores del evento, había responsables en la administración pública, funcionarios del Municipio de Quito que emitieron permisos para el uso del predio, y quienes usaron pirotecnia en un sitio cerrado.
El entonces alcalde de Quito, Paco Moncayo Gallegos, iba camino a su domicilio cuando las Unidades de Policía Comunitaria le informaron del incendio. “Llegué al lugar antes que los policías -recuerda, vía telefónica, el también exmilitar-, rompimos el candado que unos miserables empresarios habían colocado para que no entre ni salga la gente (en una de las salidas de emergencia)”.
Las imágenes de los 35 heridos aparecían en la televisión y, en los días posteriores, hubo tabloides que publicaron fotografías de cuerpos calcinados.
Cada vez que, como hoy, la triste fecha se repite en el calendario, los familiares y amigos de los desaparecidos hacen un plantón en la Plaza de la Independencia, frente a la Presidencia de la República. El abogado Fernando Lara -hermano de Danilo Lara, fallecido días después del siniestro, a causa de las llamas- es el encargado del proceso judicial en torno al llamado caso Factory y le explicó a este diario, por medio de un correo electrónico, que “bomberos, comisarios municipales y 5 concejales” autorizaron el funcionamiento de la antigua discoteca.
Lara está a cargo de una denuncia presentada contra 22 exfuncionarios del Municipio del Distrito Metropolitano que actuaron “en contraposición de las ordenanzas: contra Incendios y de Medio Ambiente, pues dicho local no cumplía los parámetros técnicos, como las dimensiones de las puertas de ingreso y de evacuación, para escapar en caso de siniestros”.
El abogado espera, con los familiares de las víctimas, que la Corte Constitucional y la Unidad de lo Contencioso Administrativo se pronuncien sobre el caso.
Moncayo señaló: “el Concejo, que está por encima del alcalde al representar la voluntad popular del Distrito, era el encargado de establecer responsabilidades inicialmente, por lo cual se siguió una acción legal que está en marcha”.
Cada año también suele organizarse un concierto-homenaje. En estos eventos sobresalen las mujeres, madres, viudas e hijas de los desaparecidos. En una confitería del Centro de Comercio Comité del Pueblo, en el norte de la ciudad, Gloria Cruz -madre de Diego Freire, otro de los fallecidos- dijo que el propósito de la ahora Fundación Abril 19 es que “se respeten los derechos de todas las culturas, especialmente a los roqueros, y que se haga justicia”. Cruz lleva una camiseta con la leyenda ‘Factory somos todos’, con la que expresa que su activismo no es solo una cuestión de seguidores del rock, sino de culturas urbanas.
En la segunda gestión del exgeneral en el Cabildo (2006-2009) no hubo más resultados que la planificación del proyecto Parque de las Diversidades, el cual se inauguró a mediados del año pasado, con un auditorio cerrado y 2 al aire libre. Allí, donde fue la tragedia, se hará un nuevo concierto el 22 de abril.
El 10 de noviembre de 2009, el Tribunal Octavo de lo Penal de Pichincha determinó que Gabriel R., a quien se le atribuyó que encendió la bengala, es culpable de conformidad a los arts. 459 y 460 del Código Penal. La condena fue por homicidio inintencional, es decir, “por falta de previsión o de precaución, pero sin intención de atentar contra otro”.
A Patricia C., quien transmitió la música de las bandas que se presentaron hace 9 años en un programa radial, se le asignó la condena, en corte de casación, de dos meses de privación de la libertad, la cual prescribió en 2011. “Pese a que no fui organizadora del show (...) La responsabilidad, ahora, debería recaer en los organismos de control que dieron permisos de funcionamiento a la ex Factory”, dijo a EL TELÉGRAFO.
Orlando M., cuyo caso fue sobreseído por falta de pruebas que lo implicaran en la organización del concierto y a quien no se le encontraron rastros de que haya invertido en este, sostuvo: “Lastimosamente tuvo que pasar una tragedia para que haya un espacio que tiene el reto de ser inclusivo, aunque ahora los trámites todavía dificultan la organización de conciertos en la capital. Queda preguntarnos ¿qué cosas han cambiado para el movimiento roquero en estos años?”.
El próximo sábado, el homenaje a las víctimas de Factory estaba programado un concierto en el Parque de las Diversidades (Maldonado y Pujilí), junto a los 19 tótems que se erigieron en un memorial sobre una laguna. El evento se postergó y los organizadores no han anunciado una nueva fecha. (I)
Datos
Los familiares de los fallecidos hace 9 años denunciaron a 22 exfuncionarios del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, incluidos 5 concejales que integraron la Comisión de Clasificación y Nomenclatura en la Alcaldía de Paco Moncayo.
El abogado del caso Factory es Fernando Lara Portilla, quien dice que los afectados demandarían al Estado ecuatoriano “por denegación de justicia” porque no están de acuerdo con una sentencia previa y con la gestión de la Fiscalía General del Estado.
El proyecto Parque de las Diversidades se planificó en 2009. Augusto Barrera (alcalde en el período 2010-2014) postergó su ejecución por cuestiones presupuestarias hasta que, la actual administración, a través de la Gerencia de Espacio Público de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) concretó la obra en 2016 con una inversión de $ 1’700.000.
