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El Telégrafo
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La Asamblea retomaría el segundo debate de la Ley de Cultura el próximo martes

A las 12:15 de ayer, Rossana Alvarado, segunda vicepresidenta de la Asamblea, suspendió el debate de la ley.
A las 12:15 de ayer, Rossana Alvarado, segunda vicepresidenta de la Asamblea, suspendió el debate de la ley.
Fotos: John Guevara / El Telégrafo
28 de septiembre de 2016 - 00:00 - Redacción Cultura

La mañana de ayer inició el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Cultura, en la Asamblea Nacional. El cónclave se postergó desde su primera discusión, hace 7 años –el 14 de septiembre de 2009– y continuó en la sesión N° 411 del pleno.

El informe del proyecto de esta ley confirmó que la matriz de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE) será reemplazada por una sede nacional, y que una disposición transitoria del articulado emplazará a las elecciones en los organismos artísticos del país.

El legislador lojano Raúl Auquilla, del movimiento CREO, propuso que las recién reelegidas autoridades de la CCE –Raúl Pérez Torres y Gabriel Cisneros– se ratifiquen mediante una nueva disposición transitoria de la ley.

El directorio de la institución, fundada por Benjamín Carrión, estaría conformado por la Junta Plenaria de la CCE y el presidente de la sede nacional. Los miembros de la junta serán de las 24 provincias, a través de sus núcleos.

La asambleísta de Alianza PAIS, Ximena Ponce, dijo que “fue lamentable que durante discusiones sobre la ley se quiso reducir todo a una sola institución que está pegada a su inercia”, refiriéndose a la CCE.

Según Ponce, el articulado –que se aprobaría el martes siguiente– no regula contenidos culturales y garantiza el respeto a la libertad de creación de artistas y gestores.

Uno de los temas gravitantes de la normativa es el régimen laboral para artistas y actores sociales vinculados al ámbito cultural. En este campo las aportaciones serán cada 4 meses, debido a las condiciones en que se desempeñan las actividades artísticas en el país.

Ponce anunció la creación de ese régimen, “para que nuestros artistas puedan tener condiciones dignas de trabajo”.

El asambleísta Gastón Gagliardo -también de PAIS- recordó que, en el artículo 156, la ley establece que el período de funciones de directores titulares y ejecutivos de las entidades nacionales de las artes vivas, musicales y sonoras será de 4 años, y que sus designaciones podrían repetirse una vez.

Gagliardo sugirió a la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Rossana Alvarado, se extienda el límite y se pueda tomar en cuenta el desempeño de los directores para que puedan continuar en sus gestiones y proyectos a largo plazo.

Luis Fernando Torres, parlamentario del movimiento Cambio, cuestionó los términos “autonomía responsable”, una de las características de la naturaleza jurídica de la CCE. “¿A quién tendrá que responderle la institución?”, cuestionó el asambleísta, mientras Ponce recalcó que la responsabilidad no perjudica la autonomía y tiene que ver con el cumplimiento de funciones más que con el hecho de rendir cuentas.

Armando Aguilar, perteneciente al Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre, propuso en el pleno que las extensiones internacionales de la CCE se incorporen a los 24 núcleos provinciales, también se habló de un convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores para su financiamiento. Esta propuesta la hizo la asambleísta por la circunscripción de Estados Unidos y Canadá, Ximena Peña.

El asambleísta independiente Ramiro Aguilar se opuso a la creación de un impuesto para el Fomento de la Cultura y las Artes, cuya tarifa sería del 10% sobre la totalidad de ventas de entradas de películas de producción extranjera en las salas comerciales de cine (art. 109), “aunque lo llamen contribución”, puesto que eso “no se debe hacer al tratarse de una ley que no es tributaria”.

No obstante, esta iniciativa es resultado de la gestión de varios cineastas independientes.

Los territorios de la cultura

La gestión del patrimonio local por parte de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) incluye procesos técnicos. Las extensiones zonales del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) se mantendrán, pero esta entidad estará adscrita al Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCyP).

El articulado plantea que bibliotecas, archivos y repositorios se incluyan en la nueva estructura, como los 14 museos que estaban bajo la administración –hasta el traspaso de bienes que se efectuó– del Banco Central y que contienen colecciones representativas del país y parte de la región.

Pasadas las 12:00 de ayer, el segundo debate sobre la normativa cultural se suspendió en la Asamblea Nacional y Ximena Ponce anunció, consultada por este diario, que se retomaría el martes próximo. (I)

Datos

La Ley Orgánica de Cultura, que aprobaría la Asamblea Nacional el martes 4 de octubre, generaría la institucionalidad del Sistema Nacional de Cultura, que estará dividido -”para fines de organización, sin exclusión el uno del otro”- en dos subsistemas.

Un subsistema está dedicado a la Memoria Social y el Patrimonio Cultural, mientras que el otro es el de Artes e Innovación e incluye el Fomento a las Artes y Creatividad.

El proyecto de ley está a cargo de la Comisión Legislativa de Educación, Ciencia y Tecnología. Tiene 174 artículos agrupados en 9 títulos y 29 disposiciones generales.

La normativa cultural entrará en vigencia luego de su publicación en el Registro Oficial, a 7 años de su primer debate.

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