Los nuevos testimonios sobre el lavado de activos de la líder del partido Fuerza Popular durante su campaña generan un nuevo escándalo político.

Este barrio de Bolivia, donde se halla la planta de gas y que fue blanco de un operativo en el que murieron 8 civiles el pasado martes, continúa con resguardo militar. Moradores locales buscan con desesperación gas para cocinar.

Las 26 naciones de la OEA pidieron a las autoridades de este país, en donde han recrudecido las protestas tras la renuncia de Evo Morales, que garanticen que quien viola los derechos humanos asuma sus responsabilidades.

Los seguidores del gobierno de Daniel Ortega, en Nicaragua, arremeten contra los opositores ante el temor de un efecto contagio del caso boliviano. La Arquidiócesis cobija a los huelguistas.

Militares y policías están autorizados a usar la fuerza para frenar protestas. Por la muerte de 23 personas organismos internacionales rechazan medida.