En los últimos años, con el desarrollo de los espacios sociales en Internet, como los blogs y las páginas web, aparecen delitos informáticos que tienen como objetivo atentar contra la imagen de otros ciudadanos.

Eso le pasa a Antonieta Chávez, quien mientras hacía uso de la Internet, se percató de que sus datos personales, dirección de casa y números telefónicos, están colocados sin su consentimiento en un blog. Pero lo grave de la situación es que la promocionan como trabajadora sexual.

La perjudicada fue hasta el Ministerio Público del Guayas para denunciar el hecho, pero en esta institución le dijeron que no podían hacer nada porque es difícil conseguir prueba de quién es el autor. “Sospecho que fue una enemiga de mi familia la que atentó contra mi imagen. Las autoridades tienen que hacer algo para protegernos de estos delitos”, se queja Chávez.

Su nombre desde hace dos meses permanece en el mencionado blog. Lo único que ha podido hacer es cambiar sus números telefónicos de casa para evitar que hombres desconocidos, que buscan servicios sexuales, la sigan llamando a su hogar.

Pero las personas comunes no son las únicas víctimas de las injurias. En Internet también se difunden imágenes (montajes o no) de personajes de la televisión o que son reconocidos por el público. Generalmente, en dichos vídeos o fotos, aparecen manteniendo relaciones sexuales o en escenas íntimas con sus parejas.

432 blogs están registrados de manera legal en varios espacios virtuales, aunque hay subregistrados.

Las autoridades de la Fiscalía General del Estado señalan que esos delitos informáticos son difíciles de investigar porque, si los mencionados espacios son de otro país, ante la carencia de acuerdos internacionales, no se pueden hacer rastreos. “Hace falta que el Estado los impulse. La Fiscalía puede iniciar averiguaciones mediante denuncia. Pero se necesita un marco legal para tener más celeridad”, explica Santiago Acuario, director nacional de informática de la Fiscalía General del Estado.

En las dependencias policiales tienen las mismas dificultades para realizar investigaciones de ese tipo.

Sobre el tema del delito informático, la Ley de Comercio Electrónico, elaborada hace seis años, contempla en su artículo 2, que “los mensajes de datos tendrán  igual  valor jurídico que los documentos escritos.   Su   eficacia,   valoración   y  efectos  se  someterán  al cumplimiento  de  lo  establecido en esta ley y su reglamento”.

Sin embargo, según Juan Moreno, catedrático de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Computación de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), esa norma tiene vacíos legales en lo referente a los atentados contra la honra ajena. “La ley se enfoca más en lo que tiene que ver con la parte comercial de las violaciones de seguridad informática”, sostiene Moreno.

Él indica que el camino que le queda al perjudicado para enfrentar esa situación es remitirse al Ministerio Público.  

Eduardo Palacios, editor de Ecuablogs ( http://www.ecuablogs.com)  y Tecnodatum ( http://www.tecnodatum.com), dos de los espacios virtuales más conocidos del país, sugiere a las víctimas de las calumnias por Internet que realicen las indagaciones por iniciativa propia.

Una manera de hacerlo es buscar a la empresa que brinda el servicio, que generalmente es extranjera, y denuncie al administrador de dicho espacio que se está cometiendo un atentado contra su imagen. “La respuesta no es inmediata, puede demorar semanas, pero con toda seguridad contestan”,  recomienda el ingeniero en sistemas. Aunque el ‘bloggero’ insiste que en Ecuador, en el caso de la publicación de imágenes comprometedoras de los famosos, se da pocas veces.

Lo que sí hay son altas posibilidades de que se repita ese delito -dice Palacios- porque se ha facilitado el acceso a los espacios en los que se pueden realizar publicaciones virtuales. “Antes de los blogs, ya circulaban imágenes y leyendas sin autorización, pero era difícil hacerlo porque requería profundos conocimientos técnicos, pero ahora es fácil”.

Y añade que se puede limpiar la imagen del perjudicado por las calumnias, desde el punto de vista técnico, solicitando que retiren la información que lo afecta, pues descubrir la identidad del infractor es poco probable. “Generalmente, quienes crean las comunidades virtuales lo hacen con identidades falsas”, dice.

La profesora de derecho penal de la Universidad del Pacífico, Vilma Torres, sostiene que es urgente que se estructuren normativas legales para que se impidan estos delitos informáticos, ya que el Código Penal no los contempla actualmente.

Esto -argumenta- debe ir acompañado de la capacitación de técnicos de las fuerzas públicas para que puedan realizar las investigaciones desde el país. “La información se diluye rápido. Para rastrearla se necesita personal capacitado, y eso es precisamente lo que no tenemos”, asegura.

Según Torres, para atender casos de delitos informáticos de mayor relevancia para Ecuador, se tendría que acudir a fuerzas especiales de otros países, como los Estados Unidos, para que ayuden a investigarlos. “La solución es tener nuestra Policía Cibernética”.