Los habitantes indígenas en el país, que de acuerdo a la publicación “La población indígena en Ecuador”, del Instituto Nacional de Estadística y Censos, de hace siete años, están estimados en 830.418, dan un paso más hacia la formalización de   la ejecución de su justicia.   

Las imágenes de personas en ropa interior que públicamente son azotadas con hortigas y que son bañadas con agua helada para punir sus penas, por delitos cometidos en comunidades ancestrales, buscan dejar ese estigma de violación de Derechos Humanos para regularizarse a través de la creación de las Fiscalías de Asuntos Indígenas.    

Desde fines del año pasado, este colectivo, que representa el 6% los ecuatorianos,  abrieron las primeras Fiscalías de Asuntos Indígenas en Ecuador. Su función es conocer los casos de delitos de acción pública que tienen fuero común y en los que solo están vinculados los originarios de comunidades ancestrales. Si un mestizo está involucrado en el problema, el caso pasa a otro Ministerio Público.

Las dependencias están compuestas por un fiscal, un secretario y un amanuense, que tienen origen indígena, son bilingües y poseen experiencia en la administración de justicia.  Pero la más importante habilidad con la que deben contar es que hablen castellano y un idioma de comunidades ancestrales. Esto les permitirá  atender a quienes solo pueden o prefieren expresarse en su lengua materna.

En la actualidad existen seis Fiscalías de Asuntos Indígenas y pasado mañana se abrirá una séptima en Macas (Morona Santiago). En Puyo (Pastaza) está una de las Fiscalías de este tipo que hay en el país. La oficina, de 3 metros cuadrados, la componen dos escritorios y dos computadores. El material es nuevo porque recién desde este año operan. El espacio que ocupan luce lleno en las mañanas porque los denunciantes llegan acompañados de miembros de la familia o de la comunidad que los respalda moralmente. A diario se presentan una o dos denuncias.

El amanuense Irar Amikar, de ropa formal y collar de pepas rojo y negro, recibe con una sonrisa a denunciantes y acusados, quienes para llegar a las dependencias tienen que salir con horas de anticipación, o a veces días, porque quedan lejos de sus comunidades. Aun así los denunciantes están puntuales y por eso a las 08:00 las fiscalías tienen su mayor movimiento, mientras que en las tardes lucen desoladas.

Irar les habla en castellano, pero si estos le reponden en shuar, él adopta el idioma, aunque transcribe en español el caso.  Aunque si alguien habla andoas (lengua oriental) otro de los funcionarios lo atiende de la misma manera.

Irar, de 28 años, los hace sentir en confianza. “Esta fiscalía es distinta a las que tratan asuntos mestizos porque los usuarios se sienten identificados”, afirma. 

Con la seriedad que exige un cargo como este, escucha quejas de caballos secuestrados, brujos expulsados o casamientos de menores de edad con adultos. “Son las formas de violación que se presentan acá”, cuenta.  

La fiscalía de Guamote (Chimborazo) es más grande y el idioma que se habla allí es el kichwa. Sus usuarios  lucen ponchos y sombreros, característicos de los habitantes de esta provincia, que agrupa la mayor cantidad de indígenas del país (el 18% de la población de ese grupo étnico). El ritmo del trabajo allí es intenso a las 12:00 porque sus usuarios acuden luego de alimentar el ganado y sembrar.

Su secretario, José Valente, hace la silla de su escritorio a un lado para romper la formalidad y conversa con ellos.  Y pese a que su receso de almuerzo es a esa hora, sigue trabajando. “Los comprendo porque también provengo de una comunidad indígena”, dice Valente.  

Todas estas fiscalías fueron impulsadas por el Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos (Codenpe) y el Ministerio Fiscal General de la Nación. El Codenpe, organismo responsable del desarrollo de los pueblos y nacionalidades, propuso la estructuración de fiscalías hace más de un año porque quieren hacer cumplir sus derechos colectivos.

Su secretaria ejecutiva nacional, Lourdes Tibán, recuerda que la conformación de sus instancias responden a que los Ministerios Públicos no respetaban el mandato constitucional que garantiza el uso de la lengua materna en los procesos que involucran a indígenas que no hablan español. “Para atender esos casos no había nadie capacitado en el Ministerio Público”, dice.

Estas fiscalías se caracterizan porque -al igual como se manejan en las comunidades indígenas- se da prioridad al consenso. Las partes en litigio pueden llegar a un arreglo, ante un fiscal y con un apta de compromiso. “Es una justicia en la que no hay un ganador y un perdedor, sino en la que todos ganan”, explica Tibán.

El ministro Fiscal de la Nación, Washington Pesántez,  -dice- que se debe reconocer que el país es plurinacional. “No hay que hablar de los indígenas y campesinos solo cuando cometen un delito, sino también cuando hay que hacer justicia”, opina. Y aclara que las funciones y atribuciones de estas dependencias son iguales a las demás fiscalías. Ambas se rigen por el Código Penal.
 
Pesántez añade que la meta es que en este año funcionen 12 Fiscalías Indígenas en Ecuador. Guayaquil, Esmeraldas, Saraguro y Cañar son las próximas ciudades donde abrirán nuevas instalaciones.