Evaluaciones tienen varias propuestas
Maestros dicen no oponerse a las pruebas de conocimiento, pero plantean reforma integral al proceso.
Antecedentes
El Acuerdo Ministerial 025 faculta las evaluaciones obligatorias a docentes de todo el país. Fue firmado el 26 de enero de este año.
El país cuenta con una historia de evaluaciones a estudiantes y maestros realizadas desde 1992, con las pruebas Aprendo.
Del 25 al 29 de mayo, 35 mil maestros fiscales serán alumnos otra vez. Volverán a sus pupitres a rendir dos pruebas de carácter cualitativo o de contexto y de conocimientos por materia impartida. Los exámenes conforman la primera fase del Sistema de Evaluación y Rendición de Cuentas, contemplado en el Plan Decenal de Educación.
El Ministerio del ramo afirma que la medida pretende lograr mejorar la calidad y excelencia de los contenidos y docentes.
Sin embargo, para los maestros, representados en un 70% por la Unión Nacional de Educadores (UNE), la disposición de evaluarlos es un acto discriminatorio y radical, “su finalidad es ridiculizar nuestro oficio ante la opinión pública”, dice William Pazmiño, presidente de la UNE Guayas.
Según Pazmiño, la posición del sindicato es plantear una reforma integral del sistema educativo, que incluya el análisis de la hoja de vida de cada docente, de los contenidos de textos escolares, de la infraestructura educativa y una veeduría a la labor del Ministerio, supervisores y subsecretarías de educación en el país.
Este planteamiento es compartido por Milton Luna, coordinador del Contrato Social por la Educación (veeduría ciudadana), quien no discute la importancia de las evaluaciones, “es tomar la temperatura a la situación educativa para ver cómo están, emprender correctivos y afinar cosas positivas”. Aun así, Luna explica que es necesario un proceso de diagnóstico de las instancias que forman la educación en el país: docentes a la cabeza, Ministerio y otros actores participativos, incluso los padres de familia.
“Van dos años del Plan Decenal y necesitamos evaluar su efecto en el proceso educativo”, menciona Luna, y asegura que Contrato Social ha presentado propuestas al Ministerio del ramo para conformar una comisión externa que examine el proceso y su desarrollo en este tiempo, pero aún no ha recibido respuestas de esta cartera.
Según Luna, en las pruebas no deberían medir cuánto se sabe sobre una materia, sino cómo se transmiten esos conocimientos. Los docentes, afiliados o no a la UNE, expresan su descontento precisamente porque aducen que se los examinará de manera cuantitativa. “Creemos en una evaluación, pero no estandarizada, porque hay escuelas unidocentes y maestros que viajan dos horas hasta llegar a su trabajo”, dice Glenda Soriano, educadora de la escuela Teniente Hugo Ledesma, del cantón Lomas de Sargentillo. Este centro es uno de los 426 que serán evaluados.
Soriano expresa que hay realidades distintas entre maestros de áreas urbanas y rurales, “no les podemos pedir que rindan pruebas de calidad a docentes que van sin desayunar a dar clases o que son mal pagados”. Para ella, toda evaluación debe partir primero de una capacitación y luego la prueba. Además, la mayoría de los docentes está preocupada con la disposición que los sanciona con la revocatoria de su cargo, si luego de una segunda prueba u oportunidad no obtienen calificaciones aceptables.
Verónica Benavides, subsecretaria del Sistema de Evaluación y Rendición de Cuentas del Ministerio, explica que no se puede capacitar al maestro “si no sabemos sus deficiencias primero”. Según ella, los educadores no deberían tener miedo de la prueba. De no obtener calificaciones mayores a 60 puntos sobre 100 tendrán una oportunidad de volver a la universidad, llenar sus vacíos y mejorar. El Ministerio de Educación pagará por las capacitaciones que necesiten los docentes.. La inversión del proceso evaluativo asciende a más de 2 millones de dólares.
Benavides expresa que en las pruebas voluntarias realizadas en diciembre 2008, de 1.559 docentes, más de la mitad obtuvo resultados insatisfactorios, “creemos que los exámenes obligatorios son un primer paso para esa evaluación integral que se pide”.
Además, explica que el proceso comprende dos fases: la primera es una evaluación externa a profesores, directivos, alumnos y padres. La segunda medirá los conocimientos de los docentes, dependiendo de su asignatura.
La subsecretaria lamenta la resistencia de algunos dirigentes de la UNE. Esta agrupación tiene prevista una asamblea en Guayaquil, este miércoles, donde se presentará una petición al Ministerio de Educación, para que acepte su propuesta de revisar el proceso de evaluación.
De no obtener respuesta alguna, el dirigente Pazmiño aclara que se declararán en rebeldía y no acudirán a los exámenes. Aquello no es postura de todos los maestros. Rosa Díaz, docente fiscal, expresa sentirse segura de sus conocimientos y está en capacidad de rendir una prueba; “además, si no me presento, puedo perder mi trabajo”.
Finalmente, Luna deplora la manera como el Ministerio trata de imponer una prueba contra todo pronóstico y también la postura de la UNE de rebelarse si no son aceptadas sus peticiones. “Lo que debería ser un proceso de celebración porque se pretende mejorar la educación, se ha transformado en un conflicto”, dice.
El coordinador expresa que el organismo llamará al diálogo a los dos actores en los próximos días, con la finalidad de llegar a un acuerdo.
Karla Pesantes
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