Hay algo que llama especialmente la atención,  de entre todo el informe y las recomendaciones que realizó Philip Alston, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre los crecientes índices de violencia y las constantes violaciones a los derechos humanos en el país. Desde un ventanal donde mira al parque La Carolina, el australiano, que siempre mira a los ojos cuando habla, dice: “Por cada cien muertos de forma violenta en su país, hay un solo caso en donde el asesino es condenado… Se podría pensar, equivocadamente: ¿por qué no puedo matar a alguien por dinero?, lo más seguro es que no me pasará nada…”.

Su investigación abrió muchos debates esta semana y hasta se produjo una reacción del Gobierno, que anunció medidas frente al sicariato (actualmente representa el 14% de homicidios que se cometen en el Ecuador).

 “No hay que confundir los linchamientos por parte de turbas al margen de la ley con la justicia indígena”

Alston, que ha sido relator para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y ha ocupado algunos de los cargos más altos de la ONU, expresa su temor de que su estudio pueda ser manipulado con fines políticos. Sin embargo, anuncia el seguimiento a sus recomendaciones: “Por lo preocupante que resulta que el porcentaje de muertes violentas se haya duplicado en su país (En 1990 era de 10,3 homicidios por cada 100.000 habitantes; en 2009 alcanzó 18,7 y los estimados a la fecha para 2010 sugieren un incremento a 20.)”. Se entregará un informe a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y se realizará una nueva evaluación dentro de un tiempo aproximado de 24 meses.

El relator encontró que, entre otros aspectos, la Policía ecuatoriana no investiga las muertes que suceden por “ajustes de cuentas” y, al no hacerlo, no pueden vislumbrar el verdadero sistema de asesinatos que se producen por sicariato.

Alston  cree que el conflicto colombiano inevitablemente “se ha desbordado hacia Ecuador”. En Esmeraldas y Sucumbíos los ciudadanos están sujetos a presiones y abusos de todos lados, “desde grupos armados ilegales, incluyendo las FARC, ex paramilitares colombianos y narcotraficantes; hasta  las fuerzas de seguridad ecuatorianas y colombianas”.

Piensa que el Gobierno, sobre todo, debe fijarse muchísimo en  la frontera de Sucumbíos, donde se produce una serie de abusos contra la población.

¿En qué nivel de violencia podríamos decir que se encuentra Ecuador, en relación a Latinoamérica y el mundo?

Debo decir que es muy difícil comparar, porque los niveles de violencia varían mucho de un país a otro, dependiendo de la situación. Es difícil decir que es menos grave que en Colombia, donde hay un grave conflicto. También es muy difícil decir que es mejor que en Brasil, porque Brasil tiene un gravísimo problema de muertes causadas por la Policía.

Pero lo que puedo decir es que el porcentaje de condenas es bajísimo, en relación con los delitos cometidos; comparando, incluso, con estándares internacionales.

Usted sostiene que en Ecuador existe un nivel de corrupción, en el que participan la Policía, la Fiscalía y los juzgados. Por su experiencia, ¿en dónde cree que radica este problema?

La verdad es que no sé muy bien cómo responder… Este nivel de desconfianza en diferentes organismos es común en casi todos los sitios que visité en el país, los ecuatorianos desconfían de sus organismos de control.

Por supuesto que el dinero proveniente de las drogas no ha hecho más que empeorar el problema de la corrupción. Pero precisamente por eso es que se necesita una mejor veeduría de los sistemas de Fiscalía, Policía y juzgados.

¿Y qué se puede hacer frente a eso?

Creo que lo primero es que se exponga el problema. Entonces el Gobierno tiene que reconocer, ante todo, que existe una serie de problemas. Es por eso que digo, como parte de mis recomendaciones, que hay que estructurar un sistema de evaluación de la Policía, para que se exponga exactamente lo que está pasando y que el público sepa qué es lo que está haciendo la Policía.

¿Hay la predisposición del Gobierno para analizar su informe?

Lo que he visto es que sí existe un alto grado de voluntad política en los niveles de la cúpula del Gobierno. Entonces, ellos reconocen que hay un problema. Pero sí hay una brecha enorme, precisamente, entre ese reconocimiento del problema y la voluntad de resolver las cosas, y todos los desafíos que enfrenta el país en este momento.

En general, las cifras de violencia en Latinoamérica son alarmantes, pero esos datos son utilizados por grupos políticos para intranquilizar a la gente y ganar votos...

¿Qué podría decir ante ese inconveniente concreto?

Eso siempre es un problema y en el ámbito de los derechos humanos se puede utilizar este tipo de análisis para distintos motivos. Entonces, por ejemplo, alguien podría tomar el informe que yo hice y argumentar que hay que darle más armas a la Policía. Pero en realidad eso no es lo que se necesita. Lo que se necesita, como dije, es llevar a cabo investigaciones más eficaces para verdaderamente resolver el problema… Le confieso que a mí me preocupa que mi informe pueda ser manipulado.

¿Qué puntos referentes a la justicia indígena se analizaron en su informe?

Nuestro informe puso en duda si la justicia indígena cumple o incumple con los derechos internacionales, referentes a muertes y tortura, por algunas denuncias que recibí, pero no hay prueba alguna que compruebe que  se haya dado este tipo de casos en el Ecuador.

¿Es posible convivir con justicias distintas en un  país?

Este es un tema con el que tienen que enfrentarse muchos países en el mundo. Yo les doy el ejemplo de Australia, mi patria, donde todo el tiempo tenemos aquel debate de cómo reconciliar el derecho tradicional con este derecho consuetudinario.

Esto es algo que encontramos en los países del norte también. Por ejemplo, hace dos años, en Gran Bretaña, un arzobispo  dijo que a él le parecía que tendría que haber un sistema aparte para resolver los problemas de familia, y se refería específicamente a la comunidad musulmana. Otro ejemplo, en Turquía existe el debate de que si los problemas religiosos deben resolverse en instancias separadas de los tribunales ordinarios, es decir, hay una multiplicidad, hay muchos países que están tratando de resolver cómo concilian múltiples sistemas jurídicos.

¿En dónde cree que se centran los principales índices de violencia en el Ecuador?

La inseguridad ciudadana va en incremento constante, la tasa de homicidios crece, como le dije antes. Ahí hay un grave problema de sicariato. Los linchamientos por parte de turbas al margen de la ley, que no es lo mismo que justicia indígena... La actividad relacionada con drogas…   Pongo un punto aparte a la frontera con Colombia, a la provincia de Sucumbíos, donde hay intimidación, acoso y violaciones de derechos humanos…

¿Qué piensa sobre el informe  que presentó la Comisión de la Verdad?

Este informe demuestra que hubo una serie de delitos que quedaron en la impunidad en el Ecuador, en años anteriores. Por supuesto, estas cuestiones plantean una divergencia política, que pone en tela de juicio el informe. El Gobierno consideró sacar a la luz esta serie de casos y creo que eso, ante todo, demuestra una cierta voluntad de que no queden en el olvido.

Sin embargo, hay que aclarar que este no es un informe judicial sino un informe de derechos humanos. Sienta las bases y abre el camino para que se entable un proceso judicial. Tenemos que pensar que este es el comienzo y no el final…   Se tienen que mejorar las investigaciones de los casos que ya fueron cerrados y archivados, y de quienes creen que fueron juzgados injustamente, para defenderse ante los tribunales.

Philip Alston es un erudito en Derecho Internacional y en Derechos Humanos. Nació en Australia y su pasión es impartir cátedra, en distintas universidades, como la de Nueva York. Entre sus logros más importantes está el de 1988, cuando fue secretario general de las Naciones Unidas y su misión giró en torno a la elaboración de reformas para lograr sistemas de control más eficaces en materia de respeto a los derechos.  En 2004  fue nombrado Relator Especial en ejecuciones extrajudiciales. Su trabajo se mantiene hasta hoy independiente de quienes gobiernan los países que visita.

Desde 2005, en la función de relator especial, Alston ha visitado Nigeria, Sri Lanka, Filipinas, Guatemala, Líbano, Israel,  República Centroafricana, Brasil, Afganistán, EE.UU., Kenia y Colombia.  No solo relata sobre ejecuciones extrajudiciales, ha tratado temáticas como la brujería, el problema de los presos,  las represalias gubernamentales contra individuos o grupos que han colaborado con una investigación de la ONU de derechos humanos, las políticas de “tirar a matar” o de muertes “misericordiosas” en tiempos de conflicto armado.

Actualmente, en Ecuador, es muy común escuchar que quienes están ligados a derechos humanos, como usted, defienden más a los infractores de la ley... ¿Cómo se puede contrarrestar ese pensamiento?

Ese es un problema que sucede en muchos países y les daré nuevamente el ejemplo del Reino Unido: hay gente que piensa que se respetan demasiado los derechos humanos y que los derechos humanos defienden solamente a los delincuentes y no al ciudadano ordinario.

Supongamos que yo digo: “Vamos a matar a este tipo porque de verdad es de lo peor”, entonces se justifica que lo matemos. Pero si se justifica que lo matemos a él, mañana se justificará que matemos al de al lado, que no es tan terrible, y después al siguiente y al siguiente… Este tipo de cosas termina afectando a la comunidad en su totalidad.

¿Existe algún ejemplo en concreto de un país que haya tenido un nivel de violencia preocupante como el nuestro y después haya tomado un rumbo distinto?

Voy a mencionar el ejemplo de los Estados Unidos. Antes, hace un tiempo, las tasas de muertes causadas por la Policía eran altísimas ahí.  Entonces lo que hicieron fue prestarle mucha atención al problema, tomar una serie de medidas. Por ejemplo, instalaron cámaras de video en los patrulleros de la Policía, y el problema ya no es tan grave como antes.

¿Cree que falta un mecanismo a nivel mundial, aparte de  los tratados internacionales, para exigir que se cumplan los derechos humanos?

No hay duda de que el movimiento que trata de establecer algún tipo de orden internacional de derechos humanos todavía está en una etapa muy primitiva.
Todavía se parte de la base de que la mayoría de los problemas se puede resolver en el ámbito nacional. Con eso no quiero decir que debería existir un órgano que les dé órdenes a los países acerca de cómo deben hacer las cosas, pero sí me gustaría que hubiera un órgano más eficaz, como por ejemplo el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Los sistemas de justicia internacional tardan mucho en asumir un caso. ¿Esto no es una contradicción respecto a la importancia que supuestamente tienen los derechos humanos?

Estoy de acuerdo con usted. La realidad es que los gobiernos están constantemente reiterando lo comprometidos que están con estos sistemas. Pero, a la vez, alegan todo el tiempo que no tienen suficientes recursos para poner en práctica estas cuestiones.

Para darle un ejemplo en concreto, relatores especiales como yo no recibimos remuneración alguna por realizar este tipo de trabajo.


Texto: Galo Betancourt
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 foto: Alejandro Reinoso
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