Son 135.000 personas oriundas de Colombia, las que residen en territorio nacional, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Desde el 2000 hasta el 2008, el gobierno ecuatoriano ha reconocido a aproximadamente 20.649 personas con ese estatus.

Al otro lado del río, las historias se tejen mediante desencuentros. Familias que se quedan, otras que se van, y otras tantas que, simplemente, desaparecen.

No tienen  nombre ni existencia jurídica, son los de allá, los invisibles. Dejaron sus hogares en algunas localidades de los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo, fronterizos con el Ecuador. Otros, vienen de más lejos.

Ese es el caso de Marcela Ruiz y Fabiola Bonilla, dos mujeres negras que llegaron a San Lorenzo (Esmeraldas) hace dos años, provenientes del recinto El Chaco, en Nariño. Tienen varios hijos y se dedican a la pesca de conchas, en varios puntos del muelle, alejados de los basurales. Ambas mujeres son primas y venden 100 conchas en 7 dólares diarios, en el mejor de los casos.

En  2008  ingresaron 12.853  solicitudes de refugio a la Cancillería, con un promedio de 1.071 pedidos mensuales

Solo en el 2008, ingresaron a la cancillería 12.853 solicitudes de refugio, con un promedio de 1.071 pedidos mensuales.

El pasado 23 de marzo, el Gobierno Nacional y la Dirección General de Refugiados (DGR) de ese ministerio, junto con Plan Ecuador, iniciaron el denominado “Registro Ampliado” de refugiados colombianos que residen en este país.

Y lo hicieron en Muisne (Esmeraldas), donde el embajador Alfonso Morales, titular de la DGR, informó que solo el pasado lunes, se resolvieron 25 casos (individuales y familiares) que agrupan a unas 55 personas, incluidos adultos y niños, las que accedieron al estatuto de refugiados.

El registro en esa localidad se extendió hasta el pasado viernes, con un total de  430 personas que obtuvieron el carné de refugiados, según datos oficiales. La próxima semana, esta iniciativa, se realizará en Quinindé. Luego en Río Verde, Atacames y San Lorenzo. En mayo, está previsto ejecutarla en Borbón y en la ciudad de Esmeraldas.

Luz Marina Caicedo, de la Asociación de Colombianos Emprendedores residentes en el Exterior (Acerex), asegura que el registro ampliado permitirá que los colombianos accedan a los mismos derechos que tienen los ecuatorianos como salud y educación.

La activista explicó que en el caso de Muisne hubo poca difusión sobre el inicio de esta iniciativa. Dice que en esa isla esmeraldeña, residen unos 2.000 ciudadanos del vecino país.

Antes del registro, una de las agencias que trabaja con Acnur registró apenas tres casos.  “Hay personas invisibles, muchos colombianos que huyen de la guerrilla y no saben que hay refugio”, asegura Caicedo.

Morales calificó de satisfactorio el inicio del registro ampliado, pero justificó el poco número de asistentes durante el primer día. “No ha sido muy importante desde el punto de vista cuantitativo, pero hay que tomar en cuenta ciertas razones como una lluvia muy fuerte y la distancia geográfica de las comunidades donde residen los solicitantes de refugio”, señaló. 

Uno de los requisitos para los solicitantes de refugio es que residan en el Ecuador. No importa si tienen el carné de solicitantes, ni tampoco si no cuentan con ninguna documentación como cédula de ciudadanía ni pasado judicial.

El trámite ordinario -a diferencia del registro ampliado- inicia con la solicitud de refugio que cada persona o familia debe realizar en las oficinas de cancillería en Quito, Cuenca o Lago Agrio. También se lo puede realizar en las oficinas de ACNUR o sus agencias socias en Ibarra, Tulcán, Esmeraldas, San Lorenzo y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Los solicitantes (personas o familias) de refugio deben llegar un formulario que se lo ingresa a un sistema de información nacional y confidencial, e inmediatamente obtiene un certificado provisional que dura tres meses (prorrogables).

Katty Freire es teniente de la Policía de Migración y está a cargo del grupo de uniformados que realizaron el censo migratorio en Muisne, de las personas que obtuvieron el carné de refugiado. Ese trámite costó 4 dólares debido a que el documento del censo es una especie valorada.

La oficial aclaró que el 23 de marzo se censaron 21 colombianos, mientras que los días posteriores, 46, 85 y 150 personas.

Una fuente cercana al proceso que pidió la reserva, informó sin embargo que esas cifras no corresponden exclusivamente a personas que residen en la frontera.

Eso debido a que muchos colombianos que llegaron a Muisne para obtener su carné de refugiados, no viven en esa zona, sino que acudieron de otras partes del país como Esmeraldas, Manabí y Tungurahua.

“No son personas que vinieron ayer simplemente para obtener el documento y circular libremente, sino personas que salieron de su país en razón de la violencia que se vive en Colombia producto de su conflicto interno”, anotó Morales. 

El alcalde de San Lorenzo, Gustavo Samaniego, califica a la situación de los refugiados como “delicada y preocupante”.

El registro ampliado aspira regularizar a unas 55 mil personas en Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos

Dice que en 2005, en esa ciudad había unos 22.000 ciudadanos colombianos y asegura que esa cifra se aumentó a 45.000 en el 2009. Afirma  también que esa población reside en varias de sus 12 parroquias rurales.  

El registro ampliado -que tiene un costo de 1’750.000- aspira regularizar en el 2009 a unas 55.000 personas en las provincias fronterizas de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. El próximo año se extenderá a todo el país. Hasta el momento, de ese monto, tanto el gobierno nacional como ACNUR, han financiado 1 millón de dólares. El saldo restante, está por financiarse.  

Alonso Herrera tiene 31 años, viste pantaloneta y unos zapatos de lona descocida. El pasado martes estuvo en las oficinas de HIAS (agencia asociada de ACNUR) en San Lorenzo.

Él llegó a esa ciudad hace un año, tiene dos hijos y actualmente se dedica al transporte de personas y mercadería en un pequeño triciclo. Cada carrera cobra entre un dólar y un dólar cincuenta, dependiendo de la distancia. “No tengo nada de qué quejarme, de ninguna autoridad, aquí me han tratado muy bien”, señaló.

Él se demoró cerca de cinco meses en obtener su condición de refugiado porque tuvo que viajar hasta Lago Agrio, donde funciona una oficina de la DRG que entrega ese documento. Alonso asistió a una entrevista, donde contó que tuvo que dejar el poblado colombiano de La Vuelta de Candelilla por los combates entre guerrilleros, fuerzas de seguridad del Estado colombiano y paramilitares.

La coordinadora nacional de Programas de Frontera Norte de HIAS, Cristina Carvajal, explica que en esa oficina en el cantón San Lorenzo se registran unos 34 casos diarios, que abarcan unas 155 personas entre adultos y niños. Mensualmente, esa organización atiende 620 casos.

ACNUR, a través de HIAS, entrega raciones alimenticias personales y mensuales de avena, arroz, azúcar, lenteja y sardina.

Esta última también colabora con kits de vivienda y de aseo. Los primeros, contienen un colchón por persona, una cocineta, un cilindro de gas de uso doméstico y enseres de cocina. Los segundos, tienen pañales, jabón de ropa, pasta dental, entre otras cosas.

Marcos Benalcázar es esmeraldeño, vive en el balneario de Las Peñas ubicado entre la capital provincial y San Lorenzo. Dice que en el 2007, la afluencia de colombianos a ese sector era alta. “El problema era que no tenían documentos y se fueron voluntariamente”.

Anota que su presencia incrementaba el turismo y descarta que se hayan producido actos de violencia.