A pesar de que la legislación ecuatoriana no permite la mediación para delitos de acción pública, el Centro de Arbitraje y Mediación de la Niñez, Adolescencia, Familia y Comunidad impulsa la capacitación concerniente a la justicia restaurativa en la mediación penal, con la esperanza de que se la instituya en reformas posteriores.

Esta iniciativa se da, ya que el centro representa a una fundación española denominada Solo Mediación, que realiza mediación penal en homicidios, secuestros, violación, intimidación, etc., en algunas comunidades autónomas de España y Argentina, en donde el Estado interviene como el mediador penal.

Marlon Muñoz explicó que, tanto en España como en Argentina, no es que a través de la mediación penal perdonan la pena al reo, sino que se busca que a las personas que están en la cárcel se les dé una oportunidad para reinsertarse a la sociedad y puedan resarcir el daño causado, con la intención de que no reincidan y regresen. El procedimiento es exclusivo para no reincidentes o que fueron detenidas por primera vez.

Muñoz dijo que para que sea efectivo el trámite de mediación penal, los funcionarios consultan a la víctima o sus familiares si quieren acceder, y si es así, inician el procedimiento, de lo contrario nada se puede realizar.

En la mediación, luego del proceso de preparación de las partes, se realizan las audiencias, en las cuales se procura llegar a un acuerdo en el que el reo se comprometa a un resarcimiento económico por  los daños materiales causados hacia la víctima.

Muñoz puso como ejemplo que en España, un médico, inintencionalmente, provocó un accidente de tránsito, en el cual murió una persona y por el cual lo condenaron.

Las partes se sometieron a la mediación penal y en el acta transacccional el reo se comprometió a resarcir económicamente a los familiares y a cubrir los gastos educativos de los hijos de la víctima.

“Con esto no es que le suplieron o rebajaron la pena, sino que le dieron la opción al médico de que, bajo libertad condicional, trabaje, ya que el Estado le garantizó que se reincorpore a su trabajo, y con ese ingreso solvente los gastos de su familia y la de la víctima”, indicó el mediador.

Si el sindicado, en su libertad condicional, reincide, el acta se convierte en un agravante para su condena.