“¿Se puede hacer investigación de calidad con poco menos de 900 euros ($ 988) al mes?”. La pregunta la hizo el año pasado un joven biólogo en la Comisión Parlamentaria de Educación, creada hace unos meses para conocer la situación de la investigación y desarrollo (I+D) en España, pero terminó siendo un directo al mentón de la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Gobierno español, Carmen Vela.

Aquella sesión dejó al descubierto que en los tres últimos años se ha producido la mayor fuga de cerebros en la historia de este país. Según los últimos datos oficiales publicados, España ha perdido 11.000 investigadores desde el inicio de la crisis financiera, algunos de primer nivel mundial en campos tan importantes como la lucha contra el cáncer, la biotecnología y las ciencias alimenticias.

Uno de los casos más sonados es el del holandés Sjors Scheres, elegido en 2014 como uno de los diez científicos más importantes del mundo por su soberbia aportación al estudio de las células en dolencias como la enfermedad de Alzheimer.  

Scheres, hoy estrella prestigiosa de la Universidad de Cambridge de Inglaterra, fue rechazado por la mayor institución científica del país, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que consideró insuficiente su currículum y tampoco superó las pruebas de selección que realiza el Gobierno para evitar la salida de cerebros al extranjero.

Según él mismo admitió, estaba dispuesto a aceptar un sueldo anual de 33.720 euros ($ 37.026) durante los cinco años previstos para desarrollar un programa valorado en 54 millones de euros ($ 59’292.711) muy alejado de los 88 millones de euros ($ 96’620.711) que se embolsó el consejero delegado del primer banco español cuando abandonó el cargo al estallar la crisis financiera.

Pero hay cientos de casos similares. Según las cifras oficiales, 11.429 investigadores que trabajaban en España al inicio de la crisis se han visto obligados a migrar a otros países debido a que el gasto en I+D se ha reducido 2,8%, la cifra más baja desde 2006, y en 39% los fondos destinados a la ciencia.

Estos factores colocan a España en el vagón de cola de la Unión Europea (UE) cuando hace cinco años ocupaba un lugar privilegiado. “El sistema a veces no acierta”, justificaba hace unas semanas el director del Centro Nacional de Biotecnología (CNB), José María Valpuesta, en una extensa entrevista.

Otro científico español de renombre, como José María Carazo, director de la Unidad de Biocomputación del CNB, ha lamentado públicamente que a la escasez general de recursos se le ha unido una competencia atroz por las pocas plazas de investigadores que se ofertan en España. Sirva como ejemplo que si en 2010 se firmaron 250 nuevos contratos, en 2013 solo se materializaron 175. “Igual el sistema actualmente en vigor detecta los talentos más obvios, pero no es bueno con científicos menos evidentes”, criticó Valpuesta.

Sin embargo, el Gobierno considera que la situación no es tan grave. En febrero pasado, el portavoz del Partido Popular (PP) en la Comisión de Investigación y Ciencia en el Congreso, Alejandro Fernández, dijo que la ‘fuga de cerebros’ de España es un ‘topicazo’. La conclusión se basa en la ausencia de datos sobre los flujos de investigadores entre países de la UE y en la inexistencia de estadísticas en las oficinas consulares.

Tuvo que ser el rey Felipe VI quien pusiera el dedo en esta llaga durante su intervención en la celebración en noviembre pasado del 75° aniversario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).  

El monarca reconoció que en una ‘sociedad mundializada’ como la actual es “bueno fomentar la vertiente internacional de las relaciones científicas para la movilidad de talento”, pero apuntó a continuación que la migración no puede ser, “de ningún modo, consecuencia de una tasa de paro inaceptable”. Felipe VI censuró sin ambages que España no puede “permitirse el lujo de preparar investigadores para que salgan al extranjero sin retorno posible”. A su juicio, la fuga de científicos deja a la sociedad “desasistida o mermada en muchos de sus mejores activos”. (I)

Ecuador quiere evitar la ‘fuga de cerebros’

En Ecuador, el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) está destinado a la inversión en educación superior. De esa cifra el 0,35% corresponde a investigación y desarrollo (I+D), es decir $ 269,47 millones, según una encuesta aplicada entre 2009 y 2011 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt). Pero la meta del Gobierno es que el gasto en I+D ascienda a 1,5% en los próximos años.

Los esfuerzos para que el país siga ganando terreno en innovación han incluido el fomento de programas de becas de posgrado en universidades del exterior, además del fortalecimiento de la oferta de carreras técnicas y tecnológicas, el incremento de investigadores y publicaciones científicas producidas en Ecuador, así como la generación de redes de investigación.

El objetivo es que se evite la ‘fuga de cerebros’, como lo dijo en su momento el exministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano, Guillaume Long. Para ello también se implementó el programa Prometeo con el que se recuperó a científicos ecuatorianos y se incorporó a otro grupo de investigadores extranjeros.

Según el titular de la Senescyt, René Ramírez, “el fin último de la innovación no debe ser la maximización de utilidades, sino generar una economía que permita satisfacer necesidades, garantizar derechos y potenciar capacidades individuales, colectivas y territoriales”. (I)