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El aborto, la discordia en la ley a favor de la mujer

El aborto, la discordia en la ley a favor de la mujer
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28 de noviembre de 2017 - 00:00 - Redacción Sociedad

Después de que la Asamblea Nacional aprobara, en sesión extraordinaria (medianoche del último sábado), la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, las reacciones de los colectivos femeninos se centraron en las modificaciones implementadas a última hora.

La observación se realiza  al artículo 26, inciso k, el cual establece el acceso libre y gratuito de las mujeres a la red de salud pública; y garantiza la confidencialidad y la no discriminación en las situaciones de emergencia.

Hasta allí -comentó la activista Laura Carranco- la ley es un instrumento de protección. Pero a renglón seguido el texto oficial incluye: “Se brindará atención integral en los casos establecidos en el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)”.

Esta normativa se refiere a los abortos no punibles, es decir, cuando se practica para evitar un peligro en la vida de la madre o si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer con discapacidad mental.

Carranco enfatizó que el último párrafo de ese articulado fue agregado a destiempo. “¿Cómo es posible que una ley a favor de la mujer dicte que una niña embarazada de su violador solo puede abortar si tiene discapacidad mental?”.

En la actualidad, cerca de 380.000 mujeres han vivido una violación sexual. Las cifras oficiales son más altas entre niñas y adolescentes. En los últimos 10 años, el embarazo en las de 10 a 14 años se incrementó el 74,8%.

A la modificación que hace referencia Carranco se sumó la incorporación de dos partes que ya constan en la Constitución y en el COIP.

El primero sostiene que el Estado reconocerá y garantizará la vida desde la concepción y el segundo reafirma la prisión para las que se practiquen un aborto.

Ana Vera, integrante y vocera de la plataforma Vivas Nos Queremos, agregó que no es posible tratar de proteger a la mujer cuando se la está criminalizando en el mismo texto. “Considerar el aborto como un delito sostiene el principio de la maternidad forzada”.

En Ecuador, según el Consejo Nacional de la Niñez y la Investigación Vidas Robadas, 3.600 niñas menores de 15 años son madres producto de una violación.

Por ello, Rocío Rosero, vocera de la Colación Nacional de Mujeres, sostuvo que la ley deja de lado un análisis profundo de los embarazos por abusos que se producen en el país.

Para ella, con la inclusión de los ítems referentes al aborto, el Legislativo retrocede en los estándares internacionales de normativas de derechos humanos.

Por su parte, Paulina Palacios, jurista y catedrática del Instituto de Igualdad de Género de la Universidad Central, sostuvo que el concepto de la ley es erradicar la violencia de género y ahí se incluyeron varios aspectos inequívocos y que vulneran principios como la confidencialidad de la víctima.

Para que una mujer sea acusada por la Policía y la Fiscalía, se requiere que el médico se vea obligado o no a violar el secreto profesional y delatar a la persona que presenta síntomas de aborto.

Asambleístas y activistas esperan el veto de la norma

Ayer, antes de que la Asamblea Nacional iniciara sus actividades, Ximena Peña, coordinadora del movimiento Alianza PAIS (AP), habló sobre los artículos incluidos. “Buscaremos una reconsideración de la norma, caso contrario, esperaríamos que el Ejecutivo lo vete, considerando que nunca fue consultado con el bloque”.

Según Peña, en el segundo debate hubo confusión con la inclusión de los últimos textos. Indicó que esta se dio por las “altas horas de la madrugada” en las que se produjo el debate.  

Su compañera de bancada, Soledad Buendía, indicó que el aborto, en todos los casos de violación, se debe retomar en el debate legislativo.

Con esto coincidió Amapola Naranjo, activista de los movimientos femeninos.

Carranco recordó: “Le tomamos la palabra al presidente Lenín Moreno cuando dijo: ‘Ninguna ley sin sus actores. No vamos a retroceder en la lucha para que se reconozcan todos nuestros derechos, incluido el de abortar’”.

Palacios insistió en que el Ejecutivo tiene un papel importante en este aspecto, pues se busca garantizar la protección y la autonomía de los cuerpos de las mujeres.

Al término de la aprobación de la ley, José Serrano, presidente de la Asamblea, ordenó a la Secretaría General que prepare inmediatamente el documento con el fin de enviarlo al Ejecutivo para su sanción u objeción.

Está previsto que la respuesta de la Presidencia se dé en un lapso de 30 días.

La norma de 66 artículos también plantea la participación de la población en comités como un mecanismo de transparencia. Entre sus labores estarán el diagnóstico para hacer reformas de leyes y proyectos que se ejecuten para tratar a las víctimas de violencia. (I)

Los detalles

Los planteles
En la malla curricular se incluirá el enfoque de género sobre los derechos de las mujeres, nuevos patrones socioculturales y masculinidades que deconstruyan las conductas que fomentan subordinación de las mujeres.

→6 meses de prisión y hasta 2 años es el castigo que recibe una persona que se practica un aborto.  

La formación
Las instituciones desarrollarán programas de formación para docentes y personal  de consejería sobre derechos sexuales y reproductivos, y de prevención del embarazo adolescente.

*Haga click en la imagen para ampliarla

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Enfoque de género estará presente en todo ámbito

La normativa establece que debe existir un enfoque de género desde el sistema de educación.

Los artículos 24 y 25 rezan que las instituciones de educación media y superior diseñarán campañas de sensibilización y concienciación dirigidas a la comunidad para prevenir y erradicar la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres.

Además se establece como requisito para el ingreso al sistema educativo (de docentes y personal administrativo) carecer de antecedentes de violencia contra la mujer o abuso sexual; y se garantiza la reinserción escolar en cualquier parte del país a través de reubicación.

Se promoverá la prevención, con énfasis en el ámbito rural, para evitar la deserción escolar y convertirse en víctimas de agresiones.

La jurista Paulina Palacios considera que este enfoque permitirá que los padres y madres sepan que a las niñas no hay que darles juguetes diferenciados. “Esto permitirá que ellas dejen de pensar en que uno espera al ‘príncipe azul’”. (I)

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