Silvia Salgado, presidenta de la Comisión Ocasional Aampetra, informó este jueves que 29 casos denunciados en dicha mesa fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado para continuar con la respectivas indagaciones.

La funcionaria añadió que el reporte de estos casos se presentó ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL), en el cual se detalló el nombre de la institución, la autoridad responsable, el hecho y el estado en el que se encuentran, tanto en el ámbito administrativo como judicial.

“El informe final está en construcción, pues faltan desarrollar algunas acciones en cuanto a comparecencias e investigaciones”, señaló. Por ejemplo, se espera la presencia de Carlos Baca, fiscal de la Nación, para que informe qué han desarrollado en los casos denunciados en esta entidad, detalló un comunicado de la Asamblea. 

Este informe se conoció durante una reunión con los delegados del Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de Niños, Adolescentes y Jóvenes, que se desarrolló en el Palacio Legislativo.  

El encuentro se realizó para analizar el desarrollo de políticas orientadas a la erradicación de la violencia física, psicológica y social en contra de los menores de edad, desde todos sus espacios de convivencia.

Salgado indicó que desde el órgano ocasional se propone construir un sistema de articulación institucional para prevenir, atender a las víctimas, además de juzgar y sancionar a los responsables de agresiones en los establecimientos educativos.

Según un cuadro comparativo que presentó, desde 2014, en el Ministerio de Educación se reportan 885 denuncias por delitos sexuales. Sin embargo, en la Fiscalía y Consejo de la Judicatura aparecen 714. De ahí que recomendó la necesidad de que estas instituciones se articulen.

De los casos de abuso sexual en colegios y escuelas, 383 han sido sancionados por el nivel superior y los otros se han caducado en sumarios administrativos. En estos hechos, la Parlamentaria considera que se debe investigar en qué nivel está la responsabilidad, tomando en cuanta el sistema desconcentrado que maneja el Ministerio de Educación.

Luego de presentar el diagnóstico, Salgado señaló que es necesario replantear reformas normativas para establecer un sistema integral de protección de derechos, de articulación interinstitucional para construir un proceso expedito para el juzgamiento de estos delitos, fortalecer los procesos de control sobre las instituciones públicas y privadas, y solucionar la caducidad de las acciones administrativas y judiciales.

Además, propuso atención y acompañamiento inmediato a las víctimas, restitución y reparación de derechos, promover un pacto por la educación con el criterio de solidaridad intergeneracional, entre otras medidas. (I)