“Lo peor es la champaña, yo sabía que en Suiza había que beberla, lo que no sabía era que la ganancia de los cabarets depende en gran medida de su consumo, una botella cuesta alrededor de 700 francos”, relata Julia. En Rusia estudiaba idiomas en una universidad privada, pero sus padres no podían darle más dinero así que empezó a ganarse la vida haciendo striptease  en su país. Al poco tiempo una agencia la reclutó para trabajar legalmente en Suiza como bailarina en un establecimiento nocturno.  

Yosely deja de lado el periódico de esta mañana, no habla bien alemán pero hoy no lo necesita para entender la noticia:  desde este 2016 desaparece la visa que desde hace algunos años le permite trabajar en Suiza. El permiso especial supone para las mujeres procedentes de países fuera de la UE (Unión Europea) casi la única posibilidad de laborar de forma legal.  

El estatuto fue creado en 1995 para proteger a las mujeres extranjeras de la explotación. La prostitución y la animación para el consumo de alcohol están prohibidas.

Según esta ley las mujeres procedentes de países que no forman parte de la AELC (Asociación Europea de Libre Comercio) o la UE, podían conseguir un permiso de máximo ocho meses al año como striptease.  

Datos de 2014 indican que el salario rondaba los 4.300 francos mensuales (lo mismo en dólares). Unos 2.300 francos netos, tras las siguientes retenciones: seguro médico, impuestos, cotización para el retiro, provisión para la agencia suiza de colocación y el pago de la renta por una habitación, que el patrón impone.

El documento establecía  detalladamente las condiciones laborales y de estancia. “El contrato laboral estipulaba explícitamente que las bailarinas no podían animar al cliente a tomar alcohol, ni podían ofrecer servicios sexuales, sin embargo, en la práctica, muchas veces, la prescripción jurídica no se cumplía”, explica Rebecca Angelini, encargada de relaciones públicas del Centro de apoyo a mujeres migrantes y víctimas de trata de mujeres (FIZ).

Para ella “la derogación del estatus de bailarina significa que las mujeres tendrán que trabajar de forma ilegal, en condiciones precarias y estarán más propensas a la explotación”, argumenta Angelini.  

Según datos del FIZ, entre el 5% y 15% de las chicas que se acercaron a pedir ayuda por ser víctimas de la trata de mujeres eran cabareteras, es decir entre 5 y 25.

Recibieron asesoramiento entre 90 y 150 bailarinas que no son víctimas. “Debido a que trabajaban legalmente con un contrato, podían acusar a sus patrones en caso de incumplimiento del contrato o abusos, es por esto que siempre hemos estado en contra de que desapareciera el estatuto. Es una medida de protección”, asegura Angelini.  

Desde el gobierno se argumenta que el hecho de que exista esta ley pone en peligro a las mujeres y las obliga a la prostitución; al desaparecer este permiso ellas no podrán entrar al país y por lo tanto no se prostituirán. Una tesis que no convence a nadie. Para Angelini se trata de una decisión política, “tiene que ver con el endurecimiento de las leyes de migración. Además, dentro del ámbito jurídico europeo, a Suiza se le hacía cada vez más complicado defender y argumentar el porqué mantenía en vigencia un estatuto que muchos países derogaron hace varios años”.  

En 2015, según la Secretaría Estatal para la Migración (SEM), se otorgaron 700 de estos permisos, una cifra que a lo largo de los años ha ido disminuyendo; en 2005 fueron 10.700 -otro de los argumentos estatales para sustentar la medida-, en su mayoría a mujeres de Ucrania, Rusia y República Dominicana. Esto se debe a distintos factores como que el negocio dentro de los servicios eróticos ha cambiado, explica Angelini, “cada vez hay menos cabarets y más clubes de damas de compañía, además cada cantón tiene la independencia de regularizar, existen aquellos donde desapareció este estatus hace años, es precisamente en estos,  como el de Tesino, donde se sabe que hay más mujeres trabajando ilegalmente en la prostitución”.

Con la finalidad de establecer medidas de protección para las mujeres que trabajan en el sector erótico el gobierno ha creado una comisión, paso considerado como positivo por el FIZ.  Esta comisión ha propuesto dos medidas que, según el FIZ, ayudarán a las trabajadoras sexuales que son víctimas de violencia: permiso de residencia durante el proceso penal; y ayudas económicas para regresar al país de origen. Aún no se sabe cuándo serán implementadas dichas medidas.

¿Qué va a pasar a partir de ahora?, desde el FIZ no tienen una respuesta. Están seguros de que “para las mujeres es una catástrofe, tenemos un problema que roza lo vital, ellas tienen que seguir trabajando y enviando el dinero. Son familias enteras cuyos únicos ingresos dependen de ellas. Muchas están buscando alternativas. Creemos que una gran parte se sumergirá en la ilegalidad y estará desprotegida”. (I)

La organización de ayuda FIZ, en Zúrich, reporta que entre 5 y 25 bailarinas pedían ayuda porque eran víctimas de explotación sexual. Foto: Tomado de assets.com