Entrevista / Geovanny Benítez / prefecto de Santo Domingo de los Tsáchilas

"Lo único que queremos es justicia para Santo Domingo"

- 21 de abril de 2017 - 00:00
Foto: EL TELÉGRAFO

El gobierno de la ‘provincia tsáchila’ asegura que Pichincha solo se ha preocupado del tramo que le coorresponde de la vía en conflicto.

Santo Domingo.-

La autoridad principal de Santo Domingo de los Tsáchilas defiende la operación de la estación del peaje rehabilitada en el kilómetro 88 de la vía Alóag-Santo Domingo.

El prefecto Geovanny Benítez califica el cobro del uso de la carretera en territorio ‘tsáchila’ como una medida de justicia, para que una parte de los recursos que genera la vía se invierta en el tramo Unión del Toachi-Santo Domingo.

Ayer, un grupo de transportistas pesados bloqueó por unas horas la carretera, a la altura del peaje de Alóag y que administra el gobierno de Pichincha.

La Prefectura de Pichincha no halla sustento a sus reclamos de falta de inversión en el tramo de la Alóag-Santo Domingo que corresponde a Santo Domingo.

Hemos hecho continuos reclamos ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) sobre una inadecuada atención al tramo vial correspondiente a Santo Domingo. Tengo documentos de diciembre de 2013 en los que la ministra de aquel entonces solicita a la subsecretaria (Delegaciones y Concesiones del Transporte) que haga los trámites pertinentes para que Pichincha revierta ese tramo vial (Unión del Toachi-Santo Domingo) al Ministerio porque no veía absolutamente nada de inversión.

Probablemente si se hubiera revertido en esa ocasión, esta vía ya hubiese sido atendida por el Gobierno Nacional y, probablemente, ampliada.

La Subsecretaría de Delegaciones y Concesiones del Transporte envió el 10 de abril un documento donde plantea mantener la situación actual de la vía.

Ese es un oficio en el que se dice que mientras no nos pongamos de acuerdo en un modelo de gestión entre las dos prefecturas, sugiere que se mantengan las actuales condiciones. Respondimos al señor subsecretario (de Delegaciones y Concesiones del Transporte) diciéndole que no tenemos que tratar ningún modelo de gestión, porque Pichincha ha manejado muchos años su modelo, su contrato con la empresa constructora (que mantiene y amplía parte de la vía), el fideicomiso que administra sus fondos. Y que nosotros, como Santo Domingo, también tendremos que trabajar nuestro modelo de gestión cuando hagamos nuestro contrato con la empresa que invierta en el territorio de Santo Domingo y que ejecute la obra de ampliación y mantenimiento por los próximos 30 años.

¿No asistieron a las reuniones de coordinación como denuncia la prefecta subrogante de Pichincha, Marcela Costales?

A lo que hace referencia la prefecta subrogante de Pichincha es a unas reuniones que se mantuvieron entre enero y febrero (tiempo en el que pedí licencia) y asistieron delegados de la Prefectura. Pichincha realizó por pedido del MTOP un planteamiento a la parte técnica de Santo Domingo. Pero en su caso también eran técnicos, ninguna autoridad electa.

¿Qué propuesta les presentaron?

La propuesta fue que Pichincha nuevamente administre el tramo vial de Santo Domingo, que construya unas obras de ampliación en el tramo de Santo Domingo, que fiscalice esas ampliaciones, que la empresa Hidalgo & Hidalgo ejecute esos trabajos, que Santo Domingo se adhiera a los costos de cada rubro y que se mantiene el fideicomiso y la administración del fideicomiso la continúa haciendo la Prefectura de Pichincha.

¿Qué respondió Santo Domingo?

Le respondí por escrito al subsecretario de Delegaciones y Concesiones del Transporte (Christian Dávila Cadena) que la propuesta no tiene fundamento técnico, financiero, ni legal. En primer lugar porque Pichincha hace un planteamiento con estudios preliminares, mientras nosotros ya finalizamos el nivel de diseño definitivo (ampliación de la vía en el tramo de Santo Domingo).

Además, no es conveniente en la parte financiera porque los rubros que el equipo consultor que armó los estudios (que costaron $ 2 millones) nos indica que, por ejemplo, el mantenimiento rutinario preventivo de nuestros estudios tiene tres veces menos valor y el otro dos veces menos costo que el que ha contratado actualmente la Prefectura de Pichincha.

En la parte legal no veo cómo pueden cambiar el objeto legal del contrato que tienen con la empresa Hidalgo & Hidalgo para ampliar su tramo.

Entonces, ¿la propuesta de Santo Domingo es conservar su peaje y administrar esos recursos?

Sin tratar de polemizar, debemos decir que lo único que buscamos es justicia con respecto al tramo vial de Santo Domingo. Que Pichincha ya tiene 23 años administrando esta vía, que hace 18 años administra el peaje de Santo Domingo para mejorar solamente su tramo vial, que en Santo Domingo no hay un metro de ampliación de vía. Y por qué en este momento me piden regresar hacia atrás, cuando pudieron haber ampliado la vía.

¿Cuál es la posición frente a los transportistas?

Permanentemente dialogamos con los transportistas. Lo hice la semana pasada. Ayer (miércoles) me visitaron dirigentes. Sabemos lo incómoda que es esta situación. Les hemos dicho que es una inversión necesaria, que hay que ampliar los tramos viales, que eso tiene una valoración económica; que el mantenimiento tiene un costo.

¿Cuánto costará la ampliación del tramo Unión del Toachi-Santo Domingo?

Aproximadamente unos $ 70 millones y unos $ 65 millones el mantenimiento periódico rutinario por los 25 años después de la ejecución de la obra de ampliación.

¿El Ministerio de Transporte y Obras Públicas no les ha comunicado oficialmente nada sobre el peaje?

Me reuní con el ministro y la prefecta subrogante el martes y pensé que era un tema cerrado. Hasta ahora no hemos recibido ninguna comunicación oficial de parte del Ministerio. (I)

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