“Consulta popular, consulta popular, consulta popular”, fue la consigna lanzada anteanoche por vecinos del noroccidente de Quito en la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del sector La Mariscal.

La acción se cumplió tras conocerse la sentencia del juez Max Maldonado, quien negó el pedido de una acción extraordinaria de protección contra la Línea 1 del subsistema de transporte en teleféricos conocido como Quitocables.

El colectivo interpuso por cuarta vez, desde el año pasado, una acción constitucional contra el proyecto de la Alcaldía, pidiendo que se detenga su construcción y el Cabildo se siente a negociar con ellos.

Rechazan los efectos que generará la obra. El principal, la expropiación parcial o total de 34 inmuebles y lotes entre el barrio Jaime Roldós (La Roldós) y la estación La Ofelia del corredor Central-Norte, ruta de la Línea 1.

Gloria Moposita, vecina de San José del Condado y una de los afectados, rindió su testimonio durante la audiencia del lunes.

Moposita dijo que los $ 200 mil que -conoce- le entregará el Municipio no compensa el costo que calcula tiene su vivienda de cinco departamentos.  

Entre lágrimas, dijo que es una mujer sola que está al cuidado de una madre nonagenaria, a la que la pérdida de los ingresos que recibe como arriendos la obligaría a trabajar nuevamente.

Por eso, ella y otras personas que estaban afuera de la sala donde se efectuó la diligencia lanzaron gritos en contra del proyecto y los funcionarios municipales presentes tras conocer el fallo del juez.

“No vamos a salir. Si tiene que correr sangre, va a correr sangre, pero no vamos a dejar nuestras casas”, repetía una y otra vez María Vaca, otra moradora de San José del Condado.

Los habitantes de la zona, la más afectada por las expropiaciones, insisten en que no dejarán sus propiedades y que se defenderán si es que la fuerza pública intenta desalojarlos a la fuerza. Para ello tendrían un plan.

El secretario metropolitano de Movilidad, Darío Tapia, señala que la fase legal de las expropiaciones ha concluido y que los montos correspondientes a cada dueño han sido consignados.

Según Tapia, la Municipalidad concedió un plazo de 45 días a los afectados por expropiaciones completas para que dejen sus predios. Este período concluirá a mediados de julio aproximadamente.

El principal argumento del abogado Juan Carlos Solano fue la violación de los derechos de participación por parte del gobierno local contra sus representados.
Solano dice en sus intervenciones que el Cabildo no había ejecutado de manera competente la socialización correspondiente.

Los representantes del ejecutivo capitalino presentaron de prueba, en contrario, actas de diálogos realizados el año pasado en distintas circunstancias sobre el tema. Estos acercamientos no son reconocidos por los ciudadanos como socializaciones verdaderas.

Lothar Ranft, vecino de la urbanización El Condado, comentó al final que apelarán la decisión del magistrado y que iniciarán la recolección de firmas para pedir al Consejo Nacional Electoral (CNE) la convocatoria a una consulta popular sobre el proyecto. (I)