La Resolución A028, emitida el pasado lunes por el Municipio de Quito, regula el funcionamiento de los food trucks (camiones de comida) en el espacio público. Sin embargo, los dueños de estos negocios consideran que la normativa es prohibitiva y creen que hará que salgan del mercado varios de estos restaurantes móviles.

Edith Paredes, presidenta de la Comunidad Ecuatoriana de Food Trucks, agradeció que exista una normativa para este tipo de iniciativas; sin embargo, dijo que los requerimientos de esta limitan su funcionamiento.

Con la resolución, los interesados en estos negocios deberán entrar en un sorteo el próximo 28 de octubre para ocupar alguno de los 60 puntos autorizados en las vías para el funcionamiento.  “Hay muy pocos cupos respecto a los food trucks que hay. En Quito existen 140 unidades”, dijo Paredes.

Álvaro Maldonado, secretario de Desarrollo Económico del Municipio, manifestó que la resolución entrará en vigencia en enero. Los interesados podrán participar en el sorteo con un vehículo por uno de los 5 horarios de funcionamiento establecidos en 2 períodos en lugares diferentes.

La presidenta indicó que la mayoría de usuarios buscan en la noche. “Ahí arranca el problema, porque no sabemos si ganaremos en la mañana, tarde o noche”.

Dijo que otro problema de la resolución sería la ubicación, ya que varios dueños de camiones de comida tienen productos que solo se ofertan en un sitio determinado. “Qué pasaría si me toca ir al sur”.

Jacobo Herdoíza, secretario de Territorio Hábitat y Vivienda, resaltó que la resolución permite que a futuro puedan abrirse nuevos puntos en la ciudad para el funcionamiento de los camiones móviles.

Entre los requisitos para que los interesados opten por uno de los 60 puestos se destaca que los vehículos no sobrepasen un espacio de 6 metros de largo por 2,80 m de ancho. Tampoco podrán situarse frente a locales comerciales fijos de comida tales como restaurantes; ni en aceras que  tengan menos de 3 metros y en sectores donde hay alto movimiento vehicular. “Es una normativa prohibitiva que nos saca del mercado a muchos de nosotros”, añadió Paredes.

Miguel T, dueño de un food truck también se mostró preocupado por la disposición. “Para participar, tendremos que modificar nuestros camiones y eso representa gastos”.

Herdoíza indicó que la mayoría de los 60 puntos se ubican en la Administración Eugenio Espejo (la mitad). También existirán en La Delicia, en el centro y el sur de Quito.

Carlos Páez, concejal de Alianza PAIS (AP), manifestó que su bloque tiene dudas sobre la pertinencia legal de la resolución de la Alcaldía capitalina. “El marco jurídico y el esquema de promulgación de la norma legal establece que la capacidad normativa la tiene el Concejo, a través de una Ordenanza. Estamos evaluando y analizando esta situación”.

Al respecto, el vicealcalde Del Pozo negó problemas de legalidad y manifestó que la resolución se trabajó de acuerdo con las atribuciones que tiene la Alcaldía. “Sin embargo, existen características para que sea elevada a norma municipal (ordenanza). Por eso se tramitará el proyecto de ordenanza correspondiente”. (I)