Quito cuenta desde el viernes pasado con una norma que dispone la entrega de recursos al Municipio por la revalorización del uso del suelo. Se trata de la ordenanza que regula la concesión onerosa de derechos en proyectos urbanísticos arquitectónicos especiales (Puae).

La ordenanza establece que la ciudad reciba entre un 18% y un 20% de la diferencia entre el precio inicial de un predio y el precio luego de haber sido revalorizado.

El documento armoniza la legislación capitalina con la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelos, que se aprobó en julio de 2016.

La ley introdujo la figura de la concesión de derechos como una forma de garantizar la participación de la sociedad en los beneficios económicos de la planificación urbana.

Equivale a lo que suele conocerse como captura de plusvalía.

Esto ocurre, por ejemplo, cuando el Cabildo modifica el tipo de clasificación del suelo de rural a urbano, mejorando su aprovechamiento.

En este caso, la norma impide la construcción de edificaciones de tipo hotelero o de edificios de oficinas. Pero si se cambia la zonificación a suelo de tipo industrial o residencial, sí se pueden ejecutar los llamados Puae, lo que revaloriza los predios beneficiados.

En estos casos, la ordenanza establece el cobro por parte del Cabildo del 20% de la ganancia.

Otra posibilidad es que se aumenten los niveles de edificabilidad en un predio. Esto ocurre cuando, en un ejemplo, un propietario o desarrollador inmobiliario tiene permiso para construir cuatro pisos. Sin embargo, este planea un proyecto de mayor altura. 

En casos como ese, el gobierno local tiene la posibilidad de autorizar el incremento de pisos, pero a cambio de recibir el 18% de la ganancia que implica el aumento del tamaño del inmueble.

La capital aplica desde hace varios años fórmulas para la captura de plusvalía en proyectos constructivos que generan impacto en sus áreas circundantes.

Entre los proyectos que generaron compensaciones están los centros comerciales San Francisco y Scala Shopping, ubicados en el valle de Tumbaco, cuyos constructores edificaron distribuidores de tráfico en las zonas aledañas.

Un sistema similar se aplicó en el proyecto de Eko Park y UDLA (en el nororiente capitalino).

Sin embargo, la ordenanza aprobada el viernes establece reglas claras sobre en qué condiciones se puede aplicar la concesión onerosa de derechos y cómo hacerlo.

La norma establece la posibilidad de que el pago se haga en dinero o con alguna forma de compensación en servicios, obras o vivienda de interés social.

El concejal independiente Sergio Garnica, presidente de la Comisión de Uso del Suelo, señaló que no se trata de un impuesto. Y citó como ejemplo de ello que el pago de esta compensación puede ser deducido de los impuestos.

La expedición de la ordenanza habilita la construcción de una quincena de proyectos, cuyos promotores reclamaban que estaban estancados.

La ejecución de estas obras, según cálculos del sector constructor, equivaldría a una inversión de alrededor de $ 1.000 millones en distintos puntos de la ciudad.(I)