La elevación de los pasajes de bus  planteada por la Alcaldía de Quito no tuvo acogida este jueves en el Concejo Metropolitano.

El proyecto de ordenanza establece que la tarifa básica pase de $ 0,25 a $ 0,30 y del medio pasaje (menores y adultos mayores) de $ 0,12 a $ 0,15; en tanto que el valor del viaje para personas con discapacidad se mantiene en $ 0,10.

Los ediles capitalinos no dieron paso a la votación del documento y, a cambio de ello, aprobaron que regrese a la Comisión de Movilidad para que sea presentado como un solo texto.

Esto a raíz de la queja de Jorge Albán (Alianza PAIS), secundada por otros concejales, de que la propuesta que tenían en sus manos no coincidía con lo expuesto por el secretario de Movilidad, Darío Tapia, en su presentación.

Albán señaló que el tema iba más allá de la exactitud del documento y guarda relación con el conocimiento de los legisladores quiteños sobre lo que debatían.

La edil independiente Ivone von Lippke hizo notar a los transportistas presentes en la sala que si se votaba la propuesta y no era aprobada, el tratamiento del tema quedaría congelado durante un año.

Por ello, se dio paso al planteamiento del también independiente Sergio Garnica de que los documentos que forman la propuesta regresen a la Comisión de Movilidad para su integración y el mejoramiento de la ordenanza.

Edy Sánchez (independiente), presidente de dicho organismo, intentó que pese a la diferencia de versiones de los textos, se debatiera la normativa y se la votara ayer.
Al no lograr su objetivo, se comprometió a convocar a una reunión extraordinaria para que el próximo lunes la entidad tramite la propuesta.

La solución de los concejales no satisfizo a los conductores, cuyos directivos abandonaron disgustados la sesión cuando se dieron cuenta de que el alza de pasajes no iba a ser aprobada.

Los dirigentes avanzaron, entonces, a la Plaza de la Independencia, donde cientos de sus compañeros esperaban desde las 08:00 el desenlace de la reunión.
Allí, les comunicaron la situación y se declararon en resistencia ante lo que consideran actitud discriminatoria del Cabildo.

José Santamaría, presidente de la Cámara de Transporte de Pichincha, recordó que el legislativo capitalino sí dio paso al alza de tarifas del servicio de taxis el 2 de junio de 2015.

Sin mencionar la palabra paralización, pues la suspensión de servicios públicos está prohibida por la ley, responsabilizó al Municipio de lo que ocurra con el sector del transporte.

Recordó que desde junio no reciben la compensación que dos años les entregó la Alcaldía a cambio de mantener congelados los pasajes.

En esas circunstancias, sostienen los integrantes del gremio, no cuentan con los recursos necesarios para operar.

Los dirigentes se reunieron en  la sede de la cooperativa San Cristóbal, ubicada en el barrio La Loma (Centro Histórico), en donde anunciaron que desde las 00:00 de hoy se suspenderían las actividades.

Jorge Yánez, presidente de la cooperativa Translatinos, anunció que entregarían sus permisos de operación al Municipio y de esa forma no infringirían la ley. (I)