Punto de vista

San Lorenzo, estado de excepción y derechos humanos

- 06 de febrero de 2018 - 00:00

El pasado 27 de enero de 2018 el país amaneció con la noticia de una detonación en las afueras de las instalaciones de la Policía de San Lorenzo, que afectó al 90% de la infraestructura, dañó viviendas y causó más de 25 heridos entre civiles y policías. Según el Ministerio del Interior, se presume que el acto fue cometido por grupos armados organizados, con la finalidad de evitar la intervención de la fuerza pública en el sector.

San Lorenzo y la zona norte de Esmeraldas han sido históricamente relegadas, operan en la zona intereses económicos relacionados con la minería, madereras, palmicultores, en medio de actores y factores relacionados con el narcotráfico, tráfico de armas y grupos armados que operan en una lógica transfronteriza. Los pobladores en su mayoría afrodescendientes, pero también colonos e indígenas Awa, Chachis y Eperas deben sobrellevar este contexto con riesgo y amenazas permanentes.

Por lo ocurrido, el Gobierno Nacional decretó el Estado de excepción con la finalidad de precautelar el orden y la seguridad ciudadana; lo cual implica la suspensión de los derechos a la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, la libertad de tránsito, asociación y reunión; autorizando las requisas en casos de extrema necesidad. El Estado de excepción durará 60 días.

Aunque la medida responda a los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad; los agentes que la implementen deberán distinguir entre quienes constituyan una amenaza contra la vida e integridad de otras personas, y las que no representan una amenaza así, y usar la fuerza de manera proporcional solo contra las primeras. En cualquier caso se deberá garantizar derechos fundamentales como el derecho a la vida, a un trato humano, a la libertad y la seguridad personal, a un juicio imparcial, a la libertad de expresión, la no discriminación y a la protección judicial.

San Lorenzo y toda la zona norte requieren seguridad pero sobre todo demandan del Estado y la sociedad acciones y políticas para un desarrollo humano alternativo y sostenible. (O)

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