A inicios del siglo XIX, al igual que en otras ciudades del Nuevo Mundo, en Guayaquil funcionó una Sociedad de Amigos del País, organización que tenía finalidades principalmente económicas, con la idea de fomentar el desarrollo de la producción local, en el marco del crecimiento económico de una región sustentada por el repunte de la agroexportación cacaotera.

Se estaba constituyendo una élite comercial deudora de las doctrinas del libre comercio y que asumía el liberalismo como matriz ideológica y expresión sociopolítica, con particulares visos en relación a la economía, el mercado, el Estado y el régimen político. El liberalismo debe ser entendido como un proceso y producto de la modernidad, y a la vez, impulsor y difusor de ella. Esta corriente de pensamiento irradia múltiples esferas de lo social y actúa como un vehículo, a través del cual la modernidad se difunde.

Bajo la sombra de los paradigmas filosóficos liberales, la élite porteña se apropió de la ideología de la Ilustración. Estos principios emanados del ‘nuevo régimen’ pronto sintonizaron con los sentimientos autonomistas que poseían las élites criollas: libertad, igualdad y respeto a la voluntad popular fueron los contenidos principales de su discurso político, económico y social. Un ejemplo que nos ayuda a clarificar la cultura política, a inicios del siglo XX, es el Reglamento Provisorio de Gobierno que decretó la junta independentista de Guayaquil (8 de noviembre de 1820), donde se consigna la aspiración a la absoluta libertad de comercio: “Artículo 3: El comercio será libre por mar y tierra con todos los pueblos que no se opongan a la forma libre de nuestro gobierno”.

En lo político, los líderes de la revolución de Guayaquil adoptaron el republicanismo y tomaron distancia de ensayos híbridos, como el constitucionalismo cuasi monárquico que emergió del proyecto de la Constitución boliviana de 1826.  Más aún, algunos se declararon partidarios del sistema federal y defendieron la necesidad de implantarlo: Vicente Rocafuerte antepuso, en 1826, los derechos de representación que tienen los pueblos, a los propósitos centralizadores de los gobiernos unitarios. Su visión demostró un indudable sentido práctico, en pos de asegurar la vigencia de las instituciones republicanas y evitar la disgregación social, anteponiendo los derechos naturales ‘del pueblo’ a cualquier medida unilateral.

Dada su cultura mercantil, Guayaquil siempre abogó por el libre comercio -por supuesto, no exento de contrabando- y se opuso constantemente a las exacciones que provenían de la capital, por lo cual las relaciones políticas entre los sectores dirigentes de ambas ciudades siempre fueron tensas y hasta conflictivas. Por ejemplo, cuando se veía cercano el fin de la Gran Colombia -ya a finales de la década de 1820-, Guayaquil se negó a pagar el impuesto que el gobierno central exigió para la construcción del camino de Quito a Esmeraldas, imposición que el propio Bolívar había autorizado. Sin embargo, la respuesta de José Joaquín de Olmedo (entonces prefecto del Departamento de Guayaquil) sobre el eventual desarrollo de Esmeraldas no dejó de ser patriótica y progresista: “La idea de abrir el camino a Esmeraldas es grande y ventajosa; ¡ojalá que todo el territorio de la República estuviese arado de caminos y canales!  Esto daría movimiento vital al comercio, a la agricultura y a la población. Esto facilitaría la comunicación de los pueblos, que quizás en el día no se aman porque no se conocen (…), pero la justicia también exige que los trabajos y costos de las mejoras particulares de cada territorio salgan de sus propios fondos”.

De igual forma, Olmedo se opuso permanentemente a toda forma de autoritarismo militar y civil, al tiempo que defendió, convencido, las libertades republicanas que en más de una ocasión fueron conculcadas. Ese mismo celo de justicia movió a los diputados guayaquileños, en 1830, a exigir la igualdad de representación de los tres departamentos, en la Asamblea Constituyente de Riobamba.

A lo largo del siglo XIX y en parte del siglo XX, los ‘comerciantes de Guayaquil’ abrazaron un proyecto liberal republicano que abogó por las libertades individuales, tanto en lo económico como en lo político, oponiéndose a la imposición de medidas restrictivas que pudieran afectar el desarrollo del comercio. Esta posición, al menos en el siglo XIX, fue signo inequívoco de modernidad económica y social. (O)