El presidente de la República obró en el marco de la legalidad y de lo que la Constitución manda de manera explícita. La Corte Constitucional cometió un error al no considerar que vencía el plazo en el cual debía establecer un pronunciamiento efectivo y hacerlo públicamente y sin las ambigüedades políticas con las que se movió. La Corte sabía que la Carta Política determina que el silencio administrativo debe entenderse como una respuesta afirmativa, que en este caso era el llamado a la consulta popular. Creo que el presidente Moreno acertó al enviar las preguntas al Consejo Nacional Electoral (CNE). La estrategia política, que comunicacionalmente ha funcionado, ha sido muy adecuada, pues ha logrado que  la ciudadanía, gremios, organizaciones políticas, sociales y sindicales se activen no a favor del líder carismático y mesiánico, como era costumbre en la década pasada, sino a favor de su propia responsabilidad de ciudadano. Porque todos tenemos el derecho a ser consultados. Es decir, lo que el presidente Moreno logró es que haya un empoderamiento de la ciudadanía sobre la necesidad de ser consultado en temas que son trascendentales para el ejercicio del Gobierno, para desmontar la red de manejo y control institucional que se ha establecido en los últimos 10 años. Eso impidió la fiscalización y control a la función pública. El anterior Gobierno utilizó propaganda permanente en función de su interés que devino en casos muy criticables y en un estilo de conducción arbitrario y totalitario. Por eso, hay que  darle al ciudadano la posibilidad de pronunciarse sobre su futuro de una manera más positiva. Esto es independientemente de algunas situaciones coyunturales que pueden resultar no muy halagadoras para lo que se viene.

Con la consulta popular y la respuesta afirmativa a las 7 preguntas, la mayoría de ecuatorianos comprenden que las cosas cambiarán, serán más claras y van a encauzar la administración del Estado y del interés público, de una manera más democrática, sensata y organizada, en la que se respete la independencia de poderes. Así el Gobierno ejecuta lo que la mayoría de ciudadanos queremos y no en función de los intereses de una organización política o de un líder caudillista.

Por otro lado, está la demanda de inconstitucionalidad que pidieron los asambleístas correístas de Alianza PAIS (AP) a la propia Corte Constitucional. Eso es una patada de ahogado de un grupo que políticamente ha perdido no solo la capacidad de representar los intereses de los ciudadanos. Además, AP ha sido incapaz de leer la coyuntura sobre los cambios en el país, que conducen a tener mayor democracia, respeto a las libertades individuales, e independencia de poderes. El recurso que interpusieron no tiene mayor efectividad porque la Constitución manda que la consulta es un hecho y entró por la vía administrativa. (O) et