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20 años de despenalización de la homosexualidad

20 años de despenalización de la homosexualidad
21 de noviembre de 2017 - 00:00 - Patricio Benalcázar Alarcón

La despenalización de la homosexualidad se dio en medio de confrontaciones entre un sector ultraconservador, que justificaba agresiones y hasta la muerte de quienes consideraba pervertidos/as, responsables del VIH, amenaza para la familia, la niñez y adolescencia y quienes apostaban a una apertura democrática y respetuosa de la condición humana, como Presley Norton quien decía:

“Es de especial importancia eliminar las leyes antihomosexuales, ya que estas se prestan a muchos abusos como el maltrato físico por la Policía... Muchas veces el homosexual que cae en manos de la Policía recibe un trato bárbaro en las comisarías y en las cárceles… En una sociedad civilizada esto ya no se tolera. Hace tiempo que ya salimos de las cavernas y bajamos de los árboles…”
(El Comercio, 15 de julio de 1991)

Posturas como estas, sumado a la movilización de organizaciones LGBTI y una adecuada estrategia jurídica dieron lugar a la  despenalización de la homosexualidad el 25 de noviembre de 1997 que constituyó un hito histórico; fue además un aporte para requerir apertura a la democracia sustancial, aquella que de manera dinámica permite evolucionar la cultura y la civilización humana a partir de los derechos y la dignificación de las personas.

El sistema internacional también reconoció la importancia de este acontecimiento; así el Comité de Derechos Humanos, en agosto de 1998 manifestó que acogía con agrado que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucional la tipificación como delito de las relaciones homosexuales en privado entre adultos que consienten en ellas.

En 20 años se registran avances organizativos y normativos, así como puntuales políticas públicas y jurisprudencia; sin embargo, hay retos, como enfrentar a quienes recurren al moralismo para defender la familia nuclear confrontándola a la familia homoparental y desconociendo otras formas de familia; la ausencia de un plan gubernamental que promueva políticas con recursos; y, el desarrollo de normativa y jurisprudencia que aborde con pertinencia la identidad de género y por justicia, libertad e igualdad el matrimonio igualitario. (O)

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