Veeduría advierte de irregularidades en uso de recursos para emergencia por terremoto

- 12 de enero de 2018 - 09:32
Personal de primeros auxilios realizó recorridos por las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016.
Archivo / EL TELÉGRAFO

El informe fue remitido a la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción para la investigación respectiva.

El pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) presentó el informe final de la Veeduría Ciudadana que acompañó el Uso Transparente de Recursos Asignados por el Ministerio de Finanzas a las Secretaría de Gestión de Riesgos para Atender la Emergencia Nacional, ocasionada por el terremoto del 16 de abril de 2016.

En el informe de la Veeduría, convocada en enero de 2017, concluye que el Ministerio de Finanzas transfirió inicialmente a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) $ 10 millones, de los cuales utilizó $ 1'126.000. Luego, realizó una reforma presupuestaria y transfirió a la mencionada Secretaría $ 10 millones para atender la emergencia. Al respecto, la institución adquirió compromisos por un monto total de 1'105.730,41, según los veedores.

El equipo a cargo detalló que encontraron otras irregularidades, relacionadas con interrupción de la secuencia de las facturas del proveedor encargado del mantenimiento de vehículos; incremento del valor de alquiler de baterías sanitarias móviles, en las que se habría cobrado $ 147.730,41 por 200 baños y $ 233.732.80 por 203 baños; y la existencia de una alta cantidad de material para señalética almacenado en los patios de la delegación provincial de la SNGR, adquirido por $ 570 mil.

Los veedores detallaron, además, la presunción de que en los primeros días de la emergencia, se realizaron transferencias a funcionarios de la SNGR de Manabí.

Una vez conocido el informe, los consejeros del Cpccs resolvieron remitirlo a la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción para que investigue la asignación de los montos presupuestarios; la facturación por mantenimiento de vehículos; la diferencia del valor de alquiler de baterías sanitarias; y la existencia de una posible vulneración a los derechos de participación, para continuar con el proceso legal pertinente. (I)

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