Temas ambientales trazan la ruta para las reformas

- 13 de febrero de 2018 - 00:00
La pregunta 7 dispone que la zona intangible en el Yasuní se extienda 50 mil hectáreas para proteger a los pueblos no contactados.
Foto: Archivo / El Telégrafo

Con la aprobación de las preguntas 5 y 7 el Ministerio de Ambiente revisará 1.800 concesiones mineras. Analistas son partidarios de una comisión para el Yasuní.

Una vez que el Sí ganó en las 7 preguntas de la consulta popular, el contenido de la mayoría de ellas tendrá que aplicarse de inmediato como la 5 referida a la prohibición de la minería metálica, y la 7 sobre la ampliación de la zona intangible y la reducción de la explotación petrolera a 300 hectáreas, en la zona del Yasuní.

Al respecto el ministro de Medio Ambiente, Tarcisio Granizo, adelantó en una entrevista que son al menos 1.800 las concesiones mineras que actualmente son objeto de revisión, con la finalidad de verificar que se encuentren dentro de los parámetros de la decisión de los ecuatorianos en las urnas.

También sostuvo que será necesaria la conformación de una comisión, compuesta por expertos de los ministerios del Ambiente, Hidrocarburos y de Justicia, a fin de resolver la extensión de 50 mil hectáreas de área intangible.

Además se analizará la reducción, a 300 hectáreas, de la explotación petrolera en el sector que involucra el Parque Nacional Yasuní, en la provincia de Orellana.

Al respecto, el analista en temas ambientales, Fred Larreátegui, advirtió que es necesario impulsar reformas normativas, para que se pueda viabilizar la aplicación del referendo y consulta popular.

Entre ellas, se encuentran el Código del Ambiente y el artículo 25 de la Ley de Minería, de manera que  guarde los cambios guarden coherencia y armonía con la consulta, “se tendría que observar cualquier ley que genere contradicción”.

El artículo 25 de la citada Ley indica: “se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en áreas protegidas. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea...”

Por tal motivo, Larreátegui consideró que este proyecto de reformas tiene que ser enviado al órgano legislativo, para que disponga la enmienda constitucional.

Larreátegui opinó que es importante que se empiece a debatir el tema de la minería, porque a pesar de que el pueblo decidió la restricción en las áreas protegidas, este concepto no está explicado.

“Las comunidades declaran sus áreas protegidas, al igual que prefecturas y municipios; no obstante, la ley reconoce solo a los territorios identificados por el Ministerio del Ambiente”, sostuvo.

Además consideró que no se han identificado valores ambientales mínimos para declarar a una zona como protegida, entre las que deberían incluir las fuentes de agua, lo cual no se ha solucionado con la aprobación de la consulta.

Para el ambientalista Pablo Piedra, del colectivo Yasunidos, con la consulta se prohibió que haya actividad minera en zonas urbanas, pero se obvió poner a sitios poblados o donde no hayan asentamientos humanos.

“Sin embargo la pregunta 5 previene que no suceda lo mismo que ocurrió en Zaruma (provincia de El Oro), donde esa actividad puso en riesgo la ciudad”, dijo.

Piedra consideró que los mayores problemas mineros que existen en el país se encuentran en zonas por fuera de lo que resuelve esta pregunta, pues persisten conflictos desde hace tiempo en lugares como la Cordillera del Cóndor (región amazónica) e Íntag (en Imbabura).

Los proyectos de la cordillera están generando minería metálica que ha afectado la biodiversidad, incluso en territorios de pueblos indígenas shuar, con quienes el Estado y las empresas mineras no han efectuado la consulta previa que manda la Constitución, sostuvo.

Ambos coincidieron en que las comisiones gubernamentales, que se anuncian para resolver el tema de la ampliación de la zona intangible y la delimitación de la explotación petrolera, deben contar con representantes de la sociedad civil con conocimientos en el tema, como geógrafos, ambientalistas independientes, pero también a representantes de las comunidades de esas zonas.

“Es importante que los ecuatorianos discutamos el tema; se ha decidido concesionar el 15% del territorio sin medir las consecuencias”, advirtió Larreátegui.

Desarrollo del ITT
El 7 de septiembre de 2016 se inició la explotación en el bloque 43, específicamente en el campo Tiputini, fuera del Yasuní. Luego de un año la actividad generó rentas petroleras por $ 313 millones con un promedio anual de 44.231 barriles de crudo producidos por día.

Para este mes se incorporará la producción de Tambococha. En Ishpingo se prevé perforar en junio de 2019 y sumar su producción en el último trimestre de ese año, según lo planificado por Petroamazonas.

Hasta noviembre de 2022 se pronostica que los 651 pozos del ITT produzcan alrededor de 209.750 barriles diarios. (I)

La ejecución
Mejora de controles
Luego de que se aprobó la consulta popular el Ministerio del Ambiente coordinará la aplicación de las preguntas 5 y  7, además de que se encargará de todos los controles sobre las 1.800 concesiones mineras que se otorgaron sin permisos.

2 comisiones se conformarían para analizar el tema de la ampliación de la zona intangible
en el Yasuní.

Comunidades indígenas
Las comunidades asentadas en zonas de producción reclaman la aplicación de la consulta previa, como lo establece la Constitución de la República en los proyectos mineros. (I)

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