Diego García, procurador General del Estado, se comprometió ayer a seguir defendiendo los intereses nacionales en el caso de la Occidental Petroleum Corporation (OXY).   

El funcionario de Estado realizó el anuncio en el marco de la presentación del libro ‘Caso OXY: Defensa Jurídica de una decisión soberana y en derecho del Estado ecuatoriano’, que se presentó en la Capilla del Hombre, en Quito. El presidente Rafael Correa asistió al encuentro.

El libro recoge el proceso judicial, que sigue OXY en  contra del Estado ecuatoriano en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), desde el 17 de mayo de 2006, dos días después de que el gobierno decidió terminar el contrato con la petrolera porque la transnacional incumplió una cláusula del contrato al ceder un 40% de acciones a la canadiense Alberta Energy Company (AEC).

Durante la presentación del libro, García reveló más de 7 arbitrariedades que cometieron el Ciadi y OXY en el proceso judicial, que obliga al Estado a pagar $ 1.700 millones.

El Procurador argumentó entre los absurdos del proceso, por ejemplo, la falta de competencia del tribunal, pues a su criterio la caducidad no era materia de arbitraje.

Cuestionó, también, que el reclamo se realizara dos días después y no respetara el periodo de enfriamiento de 6 meses. Argumentó, además, que OXY no podía ceder sus derechos bajo el contrato de participación, sin el consentimiento del Ministerio de Energía y Minas.

También en el libro se recoge  el voto disidente de la jueza Brigitte Stern, quien en reiteradas ocasiones dijo que el laudo tiene “groseros errores jurídicos”.

El presidente Rafael Correa manifestó que el caso evidencia un “amañado” tratamiento, en donde se refleja, a su criterio, un conflicto de intereses. “El Ciadi resolvió en contra de la ley expresa”, dijo. “La ley busca generar soberanía sobre los recursos del país”, acotó.  

El Mandatario afirmó que los TBI y centros de arbitraje son ejemplos del orden injusto e inmoral en función del capital.