Caupolicán Ochoa, abogado del presidente Rafael Correa, se refirió a la contravención, interpuesta al concejal Eduardo del Pozo. Señaló que la querella se basó en el artículo 396 del Código Integral Penal (COIP), que estipula que “será sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta días, la persona que por cualquier medio profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra. Esta contravención no será punible si las expresiones son recíprocas en el mismo acto".

Ochoa señaló que si Del Pozo no cumple con la sentencia completa estaría cometiendo un desacato. "Quien comete una infracción debe ser sancionado". 

El abogado manifestó que el concejal el pasado 10 de junio-cuando se cometió la infracción- no tenía fuero de corte provincial. Indicó que según el artículo 208 numeral 2, el único que tiene es el alcalde. Además, recordó que en ese momento no figuraba como vicealcalde. "No existe la posibilidad de coartada que se pretende cometer". 

De hecho, Del Pozo fue posesionado el 22 de agosto. "El economista (Rafael Correa) reclama el derecho que tiene todo ser humano a precaver su honra", apuntó Ochoa.

Como parte del procedimiento contó que se pidió un informe a la Fiscalía, en donde se solicitó a la emisora remitir las copias de los audios. Este proceso se basó en un dictamen del perito. Luego con el informe se sustanció la contravención, en donde- según Ochoa- varios testigos rindieron sus versiones del hecho.

Señaló que la sentencia estipula a Del Pozo pedir disculpas públicas  en el mismo medio, además de la sanción de 15 días y una multa pecuniaria de $90. "Tiene que cumplir toda la sentencia y si no lo hace caería en una actitud de desacato".

Esto, porque, previamente el vicealcalde señaló que no pedirá disculpas públicas y que apelará la sentencia que le fue impuesta por atentar contra la honra y el buen nombre del presidente de la República, Rafael Correa.

En rueda de prensa, Del Pozo manifestó que si tiene que ir a prisión "por defender la libertad de expresión y principios de valores y democracia, con mucha honra y gusto los pagaré". 

Sostuvo que no se disculpará públicamente por sus declaraciones porque estas, según dijo, se hicieron de manera general, en el contexto de un pacto ético y que no mencionó nombre alguno. 

El abogado Vinicio Rosillo explicó que en la audiencia del lunes argumentó que en su calidad de autoridad de vicealcalde, Del Pozo tenía derecho a fuero y que su juez natural debió haber sido un provincial y no uno de primera instancia. De allí que solicitaron la nulidad. 

Del Pozo indicó, además, que el 10 de junio cuando dio las declaraciones era concejal y que, según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), también es considerado una autoridad. 

El vicealcalde calificó el fallo de "injusto e inmotivado". Recalcó que apelará a "todas las instancias, nacionales e internacionales posibles". (I)