Tres listas y un solo objetivo: que el Estado ecuatoriano asuma y cancele la deuda al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa). Con esa premisa, el 29 de octubre serán electos los representantes de los militares (oficiales y tropa) en servicio pasivo ante el Consejo Directivo de la institución.

Del 4 al 26 de octubre las tres listas de los pensionistas del Issfa están en campaña interna.

Para ello han elaborado ofrecimientos, entre ellos la exigencia al Estado para que pague $ 464 millones a la institución y que la Corte Constitucional (CC) establezca la inconstitucionalidad de la Ley de Fortalecimiento a los Regímenes Especiales, expedida el 21 de octubre del 2016, la cual, según los aspirantes, “es regresiva en derechos y no es especial”. La lista 1 del Frente de Pensionistas Patria propuso 10 temas. Entre ellos, mantener el régimen especial a la seguridad social, debido a que las condiciones laborales “son diferentes”. Buscan mejores pensiones y fuentes de financiamiento para la seguridad social, además de mejorar la cobertura de salud. Wagner Bravo, candidato de esa lista y vocal principal en el directorio del Issfa, indicó que pedirá al Gobierno el subsidio del 60% para el pago de las pensiones.

En cambio, Hernán Tenesaca, representante legal del Movimiento Participativo (lista 2) promueve la inclusión de los militares en las decisiones dentro de la institución a través de cinco ejes.

El primero, la participación de los pensionistas en la administración del Issfa por medio de concursos de méritos y oposición; el segundo, mejoramiento de las prestaciones, y, tercero, la fiscalización.

“Queremos analizar los informes de gestión desde el 2010 y evaluar la condición de la deuda del Estado con el Issfa”, apuntó; y propuso la rendición de cuentas de la entidad de manera bimensual para evitar, según él, problemas de corrupción.

Una de las propuestas es que el Estado no utilice los fondos de la seguridad social. “Son de los pensionistas y no queremos que suceda lo que actualmente pasa. Además queremos que el Estado incluya en su presupuesto anual las asignaciones presupuestarias para el Issfa”.

La lista 3, Honor, Justicia y Dignidad, apoyada por la Confederación Nacional de Militares, busca fortalecer la institucionalidad y ampliar la cobertura de salud.

Su candidato, Rubén Darío de la Torre, lamenta que no haya “a veces” medicina gratuita para enfermedades crónicas. De llegar al cargo, dice, exigirá el reconocimiento del aporte que hicieron desde 1993 hasta 2007, cuando “los militares aportaron el 7,25% de su sueldo para los aportes”.

Rechazo a Ley de Fortalecimiento

Las tres candidaturas coinciden en que la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad de la Ley de Fortalecimiento. Tenesaca puntualiza que la ley puso a los militares en situación delicada.

“En la ley nos quitaron derechos”. Bravo argumenta que la ley no fortalece el sistema de seguridad social, más bien la considera regresiva en derechos. “Al personal se le rebajó su pensión (...). Se eliminan los servicios sociales”. Los actuales directivos han presentado más de 200 solicitudes de inconstitucionalidad a la ley y 84 amicus curiae (instancia legal). “Llegamos a la audiencia el 17 de junio y hasta ahora se espera la resolución. No nos oponemos a una reforma porque fue hecha políticamente y la seguridad social hay que manejarla desde el aspecto técnico”. De la Torre propuso más de 37 reformas. Reconoce que en esta legislación se compara con el régimen del IESS, “pero nosotros somos un régimen especial. No tenemos relación laboral, no tenemos contrato”. (I)    

Según la entidad, la deuda asciende a $ 464 millones

Cerca de $ 464 millones es la deuda que estado tiene con el Issfa, según Wagner Bravo, vocal principal del directorio. Sostiene que el Estado y “algunas personas” tienen que rendir cuentas por la retención ilegal de recursos. Además pide que se esclarezca el aporte del 23% del personal de servicio activo a la seguridad social. “Esos recursos son descontados, pero no llegan al Instituto. Ese rubro está entre los $ 40 millones”. Del subsidio del 60% de las pensiones que aportaban con la anterior ley, la cifra asciende a $ 200 millones. También llegarían a cerca de $ 6 millones los fondos de reserva. Sobre los créditos del personal militar para vivienda y préstamos quirografarios dijo que “aunque ya fueron descontados del sueldo de los militares, no han llegado al Instituto”. Esa supuesta retención asciende a $ 40 millones. Señala que tuvo acercamientos con el Ejecutivo y, por ahora, se analiza un espacio para mantener una cita con Lenín Moreno. Además, se reunió con Patricio Zambrano, ministro de Defensa, con quien dijo que analizará la situación. “No queremos solo ofrecimientos sino hechos concretos. La primera acción es que reconozcan la deuda y nos paguen inmediatamente. Hasta este momento se han consensuado en deuda $ 136 millones y tenemos que consolidar lo demás”. El ministro Zambrano confirmó a este medio que ahora se trabaja con el Ministerio de Finanzas para determinar la deuda real. Aunque no tiene la cifra exacta de la deuda, dice que “la conciliación permitirá determinar el monto exacto”. (I)