La pregunta 3, la que más debate genera

- 19 de noviembre de 2017 - 00:00

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no ha cumplido con sus objetivos y su institucionalidad está en crisis, según el presidente de la República, Lenín Moreno. A él se suman otras voces críticas.

Nació en 2010 e integra la Función de Transparencia y Control Social.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un nombre largo y difícil de recordar, es una entidad autónoma y desconocida.

Tiene tres competencias principales: promover el control social y la rendición de cuentas, luchar contra la corrupción y designar a todas las autoridades de control.

Según el Consejo, ha cumplido con la primera competencia porque todas las cabezas de la función pública hoy rinden cuentas a los mandantes.

Sin embargo, de su segunda competencia no hay rastros. En este último año, por ejemplo, el nuevo Gobierno, la Contraloría y la prensa han destapado casos de corrupción. Pero ninguno ha sido denunciado ni impulsado por el Consejo de Participación.

Ese silencio frente a esos hechos ha sido cuestionado por la oposición, las organizaciones sociales e incluso por el propio presidente de la República, Lenín Moreno.

Solanda Goyes, consejera suplente del organismo, dijo a este diario que no hay trabajo anticorrupción ni han hecho alguna investigación trascendente. “Dicen que hicieron 10 pedidos de información. Tienen una gran deuda con el país y deben responder por ello”.

La tercera competencia del Consejo es designar a 41 autoridades de la Función de Transparencia y Control: Defensor del Pueblo, Defensor Público, Fiscal, Contralor, 5 consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), 5 miembros del Tribunal Contencioso Electoral, Procurador, 7 superintendentes, 9 magistrados de la Corte Constitucional, 10 miembros del Consejo de la Judicatura (principales y suplentes).

Esas designaciones han sido duramente criticadas porque la mayoría tiene vínculos con el exgobierno de Alianza PAIS (AP).

Por ejemplo, el excontralor Carlos Pólit fue reelecto dos veces, con el máximo puntaje. Pero él está prófugo en Miami y fue destituido por la Asamblea por recibir coimas de la empresa brasileña Odebrecht.

El fiscal Carlos Baca es amigo del expresidente Rafael Correa y fue asesor en la Presidencia de la República.  

El hermano del Fiscal, Lenín Baca, es el presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Otro caso: el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, es amigo de Correa, trabajó como director jurídico en el ex-Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y fue secretario de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.

David Rosero, exvocal del Consejo, señaló a este medio que “el correísmo metió mano” en ese organismo. Por eso, dijo, no cumple con sus competencias. “Denunciamos que los altos funcionarios de control eran seleccionados por sus vínculos y afinidad con el correísmo, no por méritos profesionales”.

El Consejo tiene un presupuesto anual de $ 11’935.329.43 y 412 funcionarios: el salario más bajo es $ 533 mensuales para un auxiliar o mensajero.

El sueldo más alto es de $ 5.009 mensuales para los consejeros, según su página institucional.

Esta entidad autónoma está conformada por 7 integrantes, que han estado en funciones de 2015 a 2020. Todos han sido funcionarios del exgobierno y han ocupado entre 3 y 8 cargos públicos. Por ejemplo, la presidenta del Consejo, Raquel González, profesora de Educación Física, fue candidata de Alianza PAIS a una concejalía de Guayaquil. Ha tenido 8 cargos públicos.

Además, Edwin Jarrín, vicepresidente, y Tania Pauker, consejera, están casados con dos asambleístas de PAIS. El primero, con Soledad Buendía; la segunda, con Carlos Viteri. Este diario solicitó una entrevista con González, pero no obtuvo respuesta. (I)

Denuncias

Proyectos de transparencia
Según información del Consejo, ha ejecutado estos proyectos durante el período 20015-2017: brigadas de transparencia, redes ciudadanas de transparencia y canales de recepción de denuncias.

→ 8 es la cifra de amicus curiae que han presentado contra la 2ª pregunta de la consulta popular.

Acceso a la información
El Consejo atendió 135.568 solicitudes de información durante 2015 y 33.049 en 2016, dijo el vicepresidente del organismo, Edwin Jarrín, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización.

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La consulta cesará a los integrantes del CPCCS

Las constantes críticas al Consejo de Participación Ciudadana motivaron al presidente de la República, Lenín Moreno, a incluir una pregunta en la consulta popular sobre el organismo.

La pregunta 3, de las 7 planteadas, dice: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución para reestructurar al Consejo de Participación, así como dar por terminado el período constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo asuma transitoriamente sus funciones y tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus períodos?

Según el Primer Mandatario, el Consejo no ha cumplido con sus objetivos y su institucionalidad está en crisis. Por ello, la consulta propone reestructurar la conformación del CPCCS, cesar a los actuales consejeros y elegirlos a través del voto popular. Esta pregunta levantó la polémica en la Asamblea.

Para Juan Cristóbal Lloret, del grupo correísta, el Consejo transitorio tendrá la facultad de inmiscuirse en todas las funciones del Estado. “Si se quiere evaluar y cambiar a los actuales consejeros debemos llevarlos a juicio político y destituirlos. Esa es la vía establecida en la Constitución”, explicó a este diario.

En su opinión, aquello será un pésimo precedente porque el Ejecutivo controlará las otras funciones y desinstitucionalizará a la Asamblea. “Hay que fortalecer al Consejo. Esa pregunta es la planteada por Guillermo Lasso”.  Sin embargo, Héctor Yépez, de SUMA, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, dijo a este diario que “el Consejo ha fracasado absolutamente en la designación de autoridades de control”.

Para él, hasta la propia lista 35 (Alianza PAIS) reconoce que han puesto amigos en las instituciones de control. “Es la partidocracia del siglo XXI porque una sola organización política controla todo eso. Es decir, el ratón se comió el queso y PAIS deberá pagar esa factura”. (I)

*Haga click en la imagen para ampliarla

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LOS CASOS MÁS EMBLEMÁTICOS

El Plan Nacional de la Prevención y Lucha contra la Corrupción traza un mapa de los principales casos que han sido noticia en Ecuador, desde 1999 hasta 2009. A ellos, este diario suma los que han ocurrido desde 2010 hasta mayo de 2016, por presunto tráfico de influencias, en el anterior gobierno.

8/Marzo 1999
→ Durante el salvataje, varias instituciones bancarias hicieron un indebido manejo de sus capitales y quebraron. La política del Gobierno de turno fue asumir eso como deuda pública y los compromisos que tenían con los depositantes de ahorro. El salvataje bancario tuvo consecuencias  sociales, económicas y políticas. Miles de ecuatorianos migraron a otros países, principalmente a Estados Unidos, España e Italia. También hubo suicidios y quiebra de negocios medianos y pequeños. El presidente Jamil Mahuad fue destituido por salvar a los bancos y hundir al país.

3/Marzo 2006
→ En el exterior, directores de Derechos Humanos perjudicaron a familias de migrantes fallecidos en España. Allá cobraron indemnizaciones a su nombre.

7/Enero 2009
→ Raúl Carrión, exministro de Deportes, fue sentenciado a 5 años de prisión por peculado. Él subdividió contratos para equipos deportivos e implementos médicos.

21/Julio 2009
→ Este día, el gobierno de Rafael Correa anunció la terminación unilateral de los contratos que mantenía su hermano, Fabricio Correa, con instituciones públicas. El exmandatario siempre negó que conociera esos contratos. El escándalo surgió después de que la prensa denunció el hecho. El caso fue publicado en el libro El Gran Hermano, de los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita. Es una investigación sobre los contratos que manejó Fabricio Correa. Según una veeduría ciudadana, el perjuicio para el Estado fue de $ 300 millones.

13 /Diciembre 2010
→ Ricardo Antón, director de la Agencia Nacional de Tránsito, compró  600.000 chalecos para motociclistas. La Contraloría detectó irregularidades.

11/Enero 2012
→ La Policía italiana descubrió 40 kilos de cocaína en la valija diplomática de la Cancillería de Ecuador. La Contraloría dijo que hubo fallas administrativas.

12/Diciembre 2012
→ Pedro Delgado, primo del expresidente Correa y gerente del Banco Central, renunció. Él falsificó su título universitario y huyó a Miami. Concedió un préstamo de $ 800.000 a Gastón Duzac.

6/Mayo 2016
→ Fue aprehendido Álex Bravo, exgerente de Petroecuador. Él y 24 funcionarios del correísmo han sido sentenciados por corrupción en ese caso. Por el caso Odebrecht está detenido el Vicepresidente.

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