La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional aprobó ayer el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica para la aplicación de la consulta popular sobre paraísos fiscales.

La propuesta prohíbe el desempeño de una dignidad de elección popular o de servidor público a personas que tengan capitales en paraísos fiscales.

El proyecto de ley estipula que hasta marzo de 2018 las personas en cargos públicos pueden poseer bienes offshore y que a partir de esa fecha tendrán sanciones como juicio político, destitución, cese de funciones o sumario administrativo. Los miembros de la comisión fueron enfáticos al señalar que la ley no tendrá efecto retroactivo.  

En el informe se faculta la existencia de un ámbito administrativo de ejecución rápida y eficaz de la ley, por medio de una investigación, la misma que será una auditoría (examen especial) que hará la Contraloría. Con ella se determinará la existencia de recursos en paraísos fiscales.

Dentro del proyecto que será analizado en segundo debate mañana se menciona también que los expedientes de Contraloría en los casos de los dignatarios, como presidente, vicepresidente de la República o asambleístas, deben ser remitidos a la Corte Constitucional,  en donde se verificará, por ejemplo, el debido proceso para posteriormente emitir un dictamen.

Henry Cucalón, legislador Social Cristiano, indicó que la única instancia que puede destituir a esos dignatarios es la Asamblea.

Marcelo Aguiñaga, presidenta de la Comisión, cree importante que el instrumento de ley pase por la Corte Constitucional, siempre y cuando se agote el procedimiento en la Contraloría.

En el caso de funcionarios públicos que tienen contrato bajo la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) y que no son sujetos de control político, el trámite no iría a la Corte Constitucional sino que se quedaría en la Contraloría, que podrá emitir un informe donde disponga el cese de funciones.

Luis Fernando Torres, legislador del Partido Social Cristiano (PSC), cree que la ley es inconstitucional porque le está dando nuevas funciones a la Corte. Plantea que para destituir a un funcionario se debería hacer, únicamente, una reforma constitucional.

Recordó que los únicos que pueden destituir a un presidente o vicepresidente de la República son los asambleístas y esa atribución no la puede tener Contraloría ni la Corte. “Para que esto ocurra debería reforzarse la Constitución y no se lo hará, por eso la ley tiene serias fallas conceptuales”, dijo.  

Asimismo, el documento aprobado recoge la posibilidad de que los candidatos que aspiren a un cargo público tengan inhabilidad, en caso de comprobarse que tienen recursos offshore. Para ello, dice Aguiñaga, será importante hacer reformas al Código de la Democracia.

La ley de prohibición de paraísos fiscales determina que el Servicio de Rentas Internas (SRI) sea la entidad competente para definir el listado de los paraísos fiscales.
Uno de los mecanismos para identificar casos sobre paraísos fiscales se dará, principalmente, por denuncias ciudadanas y del SRI; y por investigaciones tras exámenes especiales que haga Contraloría.

La propuesta, que al momento tiene 8 artículos, implica que para su cumplimiento deben reformarse varias leyes, como la del Servicio Público, Código de la Democracia y la de Garantías Jurisdiccionales. (I)

DATOS

Para José Serrano, titular de la Asamblea, la aprobación de la norma se encamina hacia la creación de la Ley Anticorrupción, que hasta el momento tiene 6 propuestas.

El 6 de marzo de 2018 se cumple el plazo para que quienes posean capitales en paraísos fiscales dejen de tenerlos. De no ser así, tendrán sanciones como la destitución, juicio político o cese de funciones.

El bloque de PAIS tendrá hoy una reunión con el presidente de la República, Lenín Moreno, para planificar una agenda. La idea es articular políticas en temas económicos, empleo, incentivos para la inversión, entre otros.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) sesionará este viernes, día en que se conocería la petición de juicio político que han planteado varias bancadas de la oposición en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glas. (I)