El panorama político se agitó ayer desde la mañana.

El presidente de la República, Lenín Moreno, emitió dos decretos ejecutivos, el 229 y el 230, para notificar al Consejo Nacional Electoral (CNE) que convoque a consulta popular y referendo.

La acción causó sorpresa. Al mismo tiempo que se desarrollaba en la Corte Constitucional (CC), la audiencia pública por las preguntas sobre la derogación de la Ley de Plusvalía y la posibilidad de ampliar la zona intangible del Parque Nacional Yasuní, el Gobierno emitía los decretos ejecutivos.

La jueza de la Corte Constitucional, Tatiana Ordeñana, tenía previsto tratar, el 5 de diciembre, la resolución a la que llegó sobre cinco preguntas de la consulta popular que le fueron sorteadas.

Sin embargo, el artículo 105 de la ley mencionada y que sustenta los decretos presidenciales, establece que la Corte tiene 20 días, desde el sorteo y asignación del caso a un juez, para establecer la constitucionalidad de las preguntas.

Las 7 interrogantes fueron entregadas por el Ejecutivo el pasado 2 de octubre y ese día el organismo avocó conocimiento para las 5 preguntas y 3 días más tarde lo hizo con dos más, que son para el referendo.

El Mandatario, durante su espacio El Gobierno Informa del pasado 20 de noviembre, a pesar de que ya había transcurrido el plazo para la respuesta de la CC, dijo que valora y reconoce “positivamente” lo que la Corte había hecho hasta ese momento.

El Jefe de Estado dijo aquella vez que los jueces constitucionales están en la “obligación de atender esta gran demanda ciudadana. Son los primeros obligados a respetar la soberanía”.

“Vamos por un Sí rotundo”, enfatizó ayer el Mandatario a través de su cuenta de Twitter.

Con la acción, el organismo electoral conocerá hoy el contenido de los decretos. Además tendrá, según lo dictamina la ley, 15 días para convocar a la ciudadanía a consulta popular, que deberá efectuarse máximo 60 días después de la convocatoria.

Comitiva acudió al CNE

Fausto Holguín, secretario del CNE, estuvo de un lado a otro: organizó en 45 minutos el espacio para recibir a la comitiva de Gobierno que llegó cerca del mediodía desde el Palacio de Carondelet.

La delegación del Ejecutivo estaba encabezada por Johana Pesántez, secretaria jurídica de la Presidencia; la vicepresidenta (e) María Alejandra Vicuña; y el secretario general de la Presidencia, Eduardo Mangas.

Holguín fue el único funcionario del CNE en recibirlos y, por consiguiente, al que se le entregó el documento.

Allí Pesántez resaltó que al haber transcurrido más de los 20 días de plazo previstos en el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, “se entiende que se ha emitido un dictamen favorable”.

Por eso pidió que la convocatoria a pleno del organismo electoral se realice inmediatamente.

Los decretos 229 y 230 según ella permiten “recuperar el espíritu de Montecristi” y eliminar los “vicios” que se han generado.

Además puso como antecedente lo sucedido en 2011, cuando el expresidente de la República, Rafael Correa, convocó a consulta popular el tema de La Concordia, luego de que también la Corte Constitucional no emitiera en aquella ocasión el dictamen respectivo.

Por eso resaltó una vez más que la decisión del Ejecutivo deja sin efecto cualquier actuación de la Corte.

En cambio, Vicuña manifestó que Moreno actuó de forma sensata con la ciudadanía, ya que “ha sido sensible y responsable acogiendo un clamor ciudadano, en el marco de la ley y la jurisprudencia”.

Agregó que “no solo que está apegado a derecho, sino que efectivamente es una respuesta responsable del Presidente a una exigencia ciudadana”.

Ala correísta aduce golpe

Las reacciones fueron inmediatas, sobre todo por parte del grupo afín al  exmandatario Rafael Correa, que incluso anunció el inicio de acciones legales y políticas para que se respete el ordenamiento jurídico.

Asimismo, advirtieron que los decretos ejecutivos 229 y 230 son ilegales e inconstitucionales. Enfatizaron que la acción es un “golpe constitucional” y que Moreno pasó por alto el Estado de derecho.

Pamela Aguirre, parlamentaria Andina, manifestó que el artículo 145 del Código de la Democracia establece que el CNE podrá convocar a consulta siempre y cuando tenga el dictamen previo de la Corte Constitucional. (I)

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CPCCS eligió a miembros de comisión para el CNE

El pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) eligió a 10 ciudadanos, 5 hombres y 5 mujeres, que serán parte de la comisión que se encargará de efectuar el concurso de oposición y méritos para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La presidenta del organismo, Raquel González, aclaró que ahora los seleccionados pasaron a la etapa de impugnación ciudadana, lo cual tomará otros 3 días, luego de lo cual, de no haber cuestionamientos a los elegidos, se ratificaría a la comisión ciudadana a la que se sumarán delegados del Gobierno.

Una vez posesionados, la comisión convocará a las personas interesadas en reemplazar a los 3 miembros del CNE, que culminaron ayer con sus funciones.

Sin embargo, el concurso tomaría por lo menos otros 30 días, por lo que el CPCCS no podrá designar a los reemplazos hasta que el concurso culmine.

González manifestó que, a pesar de que el presidente Lenín Moreno envió al CNE los decretos ejecutivos para la convocatoria a consulta popular, seguirán trabajando de acuerdo a lo que indica la Constitución.

Aseguró que está consciente de que la pregunta 3 del referéndum se refiere al cese de funciones de los consejeros del CPCCS, pero seguirán desarrollando los concursos pendientes para la designación de autoridades. “Mientras no haya un pronunciamiento de las entidades correspondientes, nuestras labores continuarán con normalidad”.

No obstante, el vicepresidente del CPCCS, Edwin Jarrín, dijo que los decretos ejecutivos enviados por el Primer Mandatario al CNE
son ilegales, ya que el artículo 105 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, invocado por el Ejecutivo para justificar los decretos, indica que en todos los casos se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la legalidad de las preguntas propuestas, por eso impugnará personalmente la convocatoria. (I)

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Las audiencias en la Corte siguieron, pese a los decretos

Hasta una hora antes de que la Presidencia entregue al Consejo Nacional Electoral (CNE) los decretos ejecutivos que notificaban la convocatoria a la consulta popular y al referendo, la jueza constitucional Marien Segura presidía una audiencia.

La magistrada en esos momentos evaluaba las preguntas 4, sobre la eliminación de la Ley Orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos (Ley de Plusvalía); y 5, que se refiere a la ampliación de la zona intangible del parque Nacional Yasuní y la reducción del área de explotación petrolera del Campo ITT.  

En la audiencia participaron Michel Pineda y Juan Sebastián Medina, en representación del presidente de la República; Lenín Moreno, y de Johana Pesántez, secretaria jurídica de la Presidencia.

No obstante, esta última optó por acudir al organismo electoral para entregar los decretos ejecutivos. Además intervinieron quienes habían presentado el recurso de amicus curiae, como el colectivo Yasunidos.  

Respecto a la denominada Ley de Plusvalía, Pineda indicó que al momento la actual norma es impositiva, pues afecta al sector de la construcción.

Sobre la otra pregunta, el jurista indicó que “se restringe el área de explotación petrolera y se reconocen los derechos de la Pachamama”.   

También participaron los asambleístas del ala correísta, Carlos Viteri Gualinga y Esteban Melo, así como el exconsejero del mandatario, Virgilio Hernández.

El primero de ellos pidió que no se calificara la pregunta sobre la zona intangible. Dijo que no tiene claridad, sencillez ni concisión.

Melo, por su parte, mostró su negativa con la posibilidad de derogar la Ley de Plusvalía, al indicar que ese atributo es competencia de la Asamblea. Luego fue el turno para representantes del colectivo Yasunidos. Aunque felicitaron el proceso de consulta, creen que la pregunta sobre la zona intangible debe ser más clara y pidieron a la Corte que exija a la Presidencia explicar cómo va a ampliar la zona intangible.

Aunque estaba inscrita para participar, Gabriela Rivadeneira no asistió.

El exasambleísta Diego Borja también fue parte de esta audiencia, quien tras conocer lo sucedido en el CNE calificó el proceso de innecesario, debido a que la Corte no dio una respuesta en el plazo que dictamina la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. “Toda ley tiene unos plazos y no podemos esperar más”, manifestó.

En los exteriores de la Corte Constitucional, un grupo del sector de la construcción pedía que se eliminara la llamada Ley de Plusvalía. (I)