Con 92 votos a favor y 27 votos en contra, el Pleno de la Asamblea Nacional se allanó a las 14 observaciones hechas por el Ejecutivo en la objeción parcial a la Ley Orgánica, que regula a las compañías que financien servicios de atención integral de salud prepagada y a las que ofrecen cobertura de seguros de asistencia médica.

La sesión realizada desde las 18:40 del miércoles 12 de octubre, terminó cerca de las 22:00. Durante ese lapso, 12 asambleístas expusieron sus puntos de vista, principalmente sobre la objeción a la disposición general quinta, que establece un reembolso por parte de las empresas de medicina prepagada a la Red Pública Integral de Salud y a otros establecimientos privados, por la atención que brinden a sus clientes.

Al respecto, el veto indica que cuando un ciudadano tenga un contrato con una empresa de medicina prepagada y sea atendido, por cualquier eventualidad, en una dependencia de la Red Pública de Salud Pública, deberá cancelar como máximo hasta el monto de lo contratado. Lo mismo aplica cuando la atención sea en un centro privado.

Es decir, si una persona con una póliza de $ 10.000 se realiza una operación en el IESS valorada en $ 50.000, la compañía privada deberá pagar los $ 10.000, lo demás corre por cuenta de la institución pública.

El presidente de la Comisión de Salud y ponente de la ley, William Garzón, resaltó que la norma contiene 46 beneficios para los ciudadanos, basados en tres principios: regulación estatal, precautelar los derechos de los usuarios; y sostenibilidad económica y financiera de las empresas privadas.

Garzón, al igual que otros asambleístas de diversas tiendas políticas, explicaron que una de las bondades de la ley es que se eliminan barreras que limitaban el acceso a este tipo de servicios, a través de la preexistencia médica, a personas con discapacidad, a adultos mayores, personas con enfermedades crónicas o catastróficas, entre otros elementos.            

 Sobre las declaraciones de representantes de compañías privadas que aseguran verse en riesgo con la ley, Garzón aseveró que las sociedades “no van a quebrar”, sino que probablemente van a ganar menos “de lo que estaban acostumbradas”.

El legislador Moisés Tacle (PSC) manifestó que él y otros usuarios de la medicina prepagada han sufrido “una serie de abusos” por parte de las compañías que ofrecen estos servicios, porque existen dificultades al momento de exigir reembolsos por los consumos, así como deficiencia en la atención oportuna. Sin embargo, considera que el veto presidencial obligará a las firmas a finiquitar contratos corporativos, como ya lo anunció una compañía la semana pasada, dando preferencia a los contratos individuales con lo cual el usuario se perjudicaría.

La asambleísta Pamela Falconí (AP), quien presentó el proyecto de ley en 2014, refutó las aseveraciones de las empresas y negó que con la norma se obligue al usuario a atenderse en el IESS. La norma contempla tres tipos de modalidades: abierta, mixta y cerrada.

En la primera, el ciudadano tiene la opción de acudir a un centro público o privado. Recordó que la ley de 1998 favorecía los intereses del sector empresarial porque no existían órganos estatales que regulen su accionar. El texto aprobado esta noche por la Asamblea será publicado en el Registro Oficial en los siguientes días. (I)