Quito.-

Por primera vez los militares en servicio pasivo empadronados eligieron a 3 de sus representantes al directorio del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), la semana pasada.

A pesar de que acudió a votar solo el 30% de los 31.000 inscritos, el general Wagner Bravo fue reelegido. Él aseguró que su trabajo se centrará en lograr reformas a la nueva ley que rige la entidad desde el año pasado.

Bravo, quien encabezó la lista de 3 representantes principales y 3 suplentes electos, señaló que otro de los problemas que esperan resolver es la deuda de más de $ 440 millones que el Gobierno tiene con la entidad.

¿Por qué tan poca asistencia de militares retirados a esta elección?

Es la primera vez que se realiza, a pesar de la buena difusión y la colaboración del Consejo Nacional Electoral (CNE), se presentaron varios problemas operativos, desconocimiento de recintos, pero que para una próxima ocasión serán superados.

¿En qué enfocará su trabajo?

En el gobierno anterior se pretendió eliminar el régimen especial de los militares. Nosotros no somos diferentes a ninguno de los ecuatorianos, todos somos iguales; sin embargo, las condiciones de trabajo tanto de Policía como de Fuerzas Armadas son diferentes, es por eso que la Constitución determina esta particularidad. En este sentido nos hemos sentido atacados con la aprobación de la denominada Ley de Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y Policía, dada el año pasado. Nuestro trabajo se enfocará en que se reconozca el régimen especial de nuestra seguridad social.

¿Espera que esta ley sea derogada? ¿Cómo se haría si ya está en vigencia?

No nos oponemos a una reforma a la ley, pues la anterior tenía más de 25 años, pero el año pasado esta ley que promovieron el expresidente Rafael Correa y el ministro de Defensa de entonces, Ricardo Patiño, es realmente un atentado a la seguridad social porque nos quitaron las bases de financiamiento, pues eliminaron el aporte del 60% del Estado.

La normativa fue discutida varios meses en la Asamblea previa socialización en la institución.

No fuimos recibidos por la comisión de la Asamblea para exponer nuestras observaciones, a pesar de que enviamos el requerimiento de manera oficial;  además de que este es un tema técnico que se hizo sin un estudio actuarial que nos permita saber si existen problemas en la administración del Seguro Social. Por eso el Issfa ordenó la realización de un estudio actuarial que lo vamos a conocer este lunes en el Consejo Directivo, con base en lo cual veremos cuál es realmente la situación.

¿No es muy pronto un estudio sobre una ley que está un año en vigencia?

Este es un estudio actuarial pedido por el Issfa para saber si la Ley de Fortalecimiento, que para mí no fortalece nada, es positiva o negativa. No es muy pronto, porque la ley se debía haber elaborado con un estudio actuarial, la normativa anterior determinaba que se tenía que efectuar ese estudio actuarial cada tres años, porque eso nos permite ir evaluando las condiciones y si va caminando bien el proceso.

¿Qué ocurrió con la deuda del Estado al Issfa? ¿Ya se entregaron esos fondos?

Lo que estamos pidiendo al Gobierno es que se reconozca la deuda de $ 440 millones y se nos diga cómo será el plan de pagos,  esta deuda viene desde 2014 y ha provocado que tengamos un lucro cesante de $ 60 millones. Con el ministro Miguel Carvajal, cuando estaba en funciones en la cartera de Defensa, se conformó una comisión integrada por el Ministerio de Finanzas, Issfa y representantes de las Fuerzas Armadas.

Esta comisión debió presentar un informe el 7 de agosto pero hasta hoy no se ha podido conciliar cuáles son los valores, tenemos conocimiento de que se han consolidado $ 139 millones que ya ha  reconocido el Ministerio de Finanzas. Pero hay que esperar que esta comisión haga el informe para determinar cuál es el monto total de esa deuda.

¿La devolución de los $ 41 millones por el sobreprecio en los terrenos de Los Samanes también ocasionó un desfinanciamiento?

Ese monto no se ha devuelto, la Contraloría nos pide a nosotros que determinemos si se ha pagado, al igual que el Ministerio de Finanzas ha pedido al Ministerio del Ambiente informar si ya recibió el dinero, lo cual no ha ocurrido, por lo que va a haber una glosa, pero al margen de esto, no podemos devolver ese dinero.

En el anterior gobierno ya se ordenó el reintegro de ese dinero

El Presidente anterior no podía ordenar la devolución del dinero, eso (la venta de los terrenos de Los Samanes) no fue un acuerdo sino un contrato y los contratos tienen normas, se les ocurrió reclamar que se hizo un pago excesivo en el 2015 luego de cuatro años.

Pero hubo pago en exceso...

Supongamos que incluso hayan pagado de más, pero no se puede obligar a devolver los dineros a través de su Secretario de Finanzas, además no está neteado (se conoce como netear al proceso de compensación interno de deudas y créditos), pero si eso sucediera se le seguiría un juicio al director del Issfa porque ninguna autoridad puede ordenar que se devuelva. ¿Con base en qué norma legal se lo efectuó? eso fue un abuso de poder, por eso hay que respetar las normas. (I)