La Contraloría General del Estado auditará contratos de compra realizados por el Ministerio del Interior, que ahora están bajo sospechas por las acusaciones de la Fiscalía de que funcionarios habrían cobrado comisiones.

Estos se relacionan con la compra de caballos, chalecos y balas, la revisión mecánica de patrulleros, entre otros casos.

La Fiscalía inició  la investigación tras la denuncia de un contratista.

Ante ello, Boris P., Byron Z., David Y. y María E. fueron aprehendidos la noche del 1 de noviembre por el presunto delito de asociación ilícita por concusión.

María C., exfuncionaria de la cartera de Estado, y su esposo Eduardo N. también estarían implicados, pero la detención no se concretó debido a su salida del país.

El jueves 2 se realizó la audiencia de formulación de cargos, en la que la fiscal del caso, Claudia Romero, expuso los elementos de convicción y pidió la prisión preventiva de los cuatro implicados.

Sin embargo, tras casi ocho horas de audiencia, la jueza de Garantías Penales, Geovanna Palacios, dictaminó que los elementos de convicción presentados no eran suficientes y ordenó la libertad inmediata de los detenidos. Además dictó medidas sustitutivas.

Los involucrados tienen prohibición de salida del país y deberán presentarse cada 15 días ante la autoridad competente.

Además se les colocará un dispositivo electrónico. 

La jueza Geovanna Palacios calificó de “prematuro” el actuar de Fiscalía al hablar de asociación ilícita sin previamente establecer la temporalidad.

Asimismo, la jueza explicó que los audios de las interceptaciones telefónicas no representan mayor evidencia, ya que las claves en las que hablan serían comunes en los contratos del sector publico. 

Palacios recomendó recabar más información en la instrucción fiscal, sobre todo en el caso de Byron Z., a quien  también se investiga por el posible delito de enriquecimiento ilícito y defraudación tributaria. (I)