Contraloría notificó a Rafael Correa por manejo de la deuda

09 de enero de 2018 - 00:00
Foto: Marco Salgado / EL TELÉGRAFO

El exmandatario es uno de los llamados a responder por las obligaciones contraídas por el Estado entre 2012 y 2017. Una veeduría ciudadana auditará las cuentas nacionales.

El expresidente Rafael Correa tendrá que explicar a la Contraloría General del Estado (CGE) el manejo de la deuda pública adquirida bajo su administración entre el 1 de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017.

El contralor (s) Pablo Celi informó que Correa fue una de las personas notificadas  como parte del examen especial iniciado en julio del año pasado por disposición del acuerdo 024-CG-2017.

Celi confirmó que también fueron llamados el exministro de Finanzas, Fausto Herrera; el exgerente del Banco Central del Ecuador (BCE) y exministro de la Política Económica, Diego Martínez; y el actual superintendente de la Economía Popular y Solidaria (SEPS), Patricio Rivera, quien fue ministro de la Política Economía y de Finanzas.

No existe una fecha límite para que las personas respondan al órgano de control.

En las notificaciones la Contraloría incluyó “observaciones provisionales” relacionadas con la declaratoria secreta y reservada de la documentación de operaciones de deuda; operaciones por venta anticipada de petróleo no consideradas como deuda pública; aplicación del Decreto Ejecutivo 1218 con el que se reformó el reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; y el convenio entre el Ministerio de Finanzas y Petroecuador para que la empresa pública sea gestora de financiamiento.

Correa reaccionó en contra del proceso asegurando que la Contraloría “se ha convertido en el principal instrumento de persecución”.

La notificación a su nombre fue recibida por su abogado Alexis Mera, quien fuera secretario Jurídico de la Presidencia (2007-2017).

“Me están culpando de haber hecho el Decreto 1218 del 12 de octubre de 2016 que lo que hace es aplicar el manual de deuda pública del Fondo Monetario Internacional”, mencionó Correa, reclamando que la deuda “ya fue auditada hasta 2014”.

El acuerdo 024-CG-2017, suscrito por Celi el 31 de julio de 2017, dispone la ejecución de un examen especial a la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública interna y externa.

Asimismo, ordena la conformación de una veeduría ciudadana a efectos de que la población pueda conocer el desarrollo y los resultados del examen.

“La veeduría tiene como  propósito central observar el proceso, procedimientos y metodología llevados adelante por parte de los equipos técnicos de la Contraloría”, manifestó Celi, quien ayer presentó a los once veedores, todos ellos exfuncionarios públicos o miembros de la academia o dirigentes de la empresa privada (ver infografía).

La veeduría planifica tener para abril los resultados de la evaluación. Sus conclusiones no serán vinculantes.

Eduardo Valencia, uno de los veedores, expresó que el decreto 1218 “fue una manera de disfrazar” la situación del endeudamiento del país, al dividir las obligaciones en deuda consolidada y agregada.

Para el analista Alberto Acosta Burneo el perfil de los veedores permitirá un examen minucioso que transparente las cifras oficiales.

Acosta Burneo opinó que el análisis debe revisar si el endeudamiento fue utilizado para inversión, tal como lo establece la ley, y, si la infraestructura construida generará los rendimientos esperados.

“Caso contrario estaríamos también ante un evidente caso de mala administración”, anotó Acosta.

El exministro de Finanzas, Mauricio Pozo, también felicitó la conformación de la veeduría y recomendó supervisar las condiciones financieras del endeudamiento; revisar el destino de los créditos obtenidos; y medir impactos macroeconómicos.

El período para la evaluación especial fue escogido bajo dos criterios: el tiempo de caducidad de vigilancia que tiene Contraloría (hasta 6 años); y el análisis de las limitaciones halladas en todos los exámenes previos que guardan relación con la deuda pública. (I) 

Once personas conforman la veeduría  

→La Contraloría General del Estado convocó a exautoridades públicas, miembros de la academia y representantes de la empresa privada para integrar la veeduría ciudadana, quienes fueron presentados ayer por el contralor (s) Pablo Celi.

El grupo tendrá la responsabilidad de evaluar la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública interna y externa contraída por el Estado entre el 1 de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017. 


Eduardo Valencia
→Exgerente general del Banco Central del Ecuador. Exgerente del Banco de Desarrollo.    


Mariana Yépez Andrade
→Fiscal General del Estado en el período 1999-2005. Exjueza de la Corte Suprema de Justicia. 


Patricio Alarcón
→Actual presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador.  


Magdalena Barreiro
→Ministra de Economía y Finanzas entre agosto y diciembre de 2005. Excoordinadora del Banco Central.   


León Roldós
→Vicepresidente de la República en el período 1981-1984. Expresidente de la Junta Monetaria.  


Ana Isabel Abril
→Directora de posgrado de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador.  


Pablo Dávalos
→Exsecretario de Economía. Es profesor de Teoría Económica en la Universidad Católida del Ecuador.  


Alfredo Corral
→Contralor General del Estado entre 1998-2003. Ministro de Trabajo entre 1992-1996.  


Ramiro Crespo
→Es director General de Analytica Investments. Trabajó para Citybank y National Westminster. 


Roberto Aspiazu
→Director Ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano. Titular de  Cámara Binacional Ecuador-México.


Marcelo Merlo
→Contralor General del Estado (1985-1988). Presidente de la República encargado en 2001-2002.

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