Viernes, 13 Octubre 2017 00:00 Mundo

Uribe considera que el pacto garantiza impunidad a los rebeldes

Tribunal blinda el acuerdo con las FARC por 12 años

Un hombre sostiene una pancarta a favor de la implementación de la paz en una manifestación en Bogotá.
Un hombre sostiene una pancarta a favor de la implementación de la paz en una manifestación en Bogotá. Foto: AFP

Los próximos 3 gobiernos de Colombia deberán cumplir con todos los compromisos establecidos con la exguerrilla.

Redacción y Agencia AFP

La Corte Constitucional de Colombia avaló ayer un acto legislativo presentado por el gobierno para que el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sea inmodificable por 12 años, lo que equivale a 3 períodos presidenciales.

El máximo tribunal, encargado de salvaguardar la Carta Magna, declaró constitucional un acto legislativo presentado en julio mediante el cual se adiciona un artículo transitorio a la Constitución “con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo” con la exguerrilla, ahora convertida en partido político.

Aunque hasta hace unos 2 meses entre los magistrados de la Corte Constitucional había una notable división frente a si los acuerdos de paz con las FARC deben tener  o no un blindaje que les dé estabilidad, los 9 magistrados del alto tribunal llegaron a un consenso y tomaron una decisión.

Así, la corte declaró ayer “exequible” (que se puede hacer) los 2 artículos contenidos en el proyecto del gobierno de Juan Manuel Santos, que apuntaban a que todas las actuaciones de los órganos del Estado “deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final”.

Con el fallo, el alto tribunal expresó que el pacto queda blindado con la que fue la principal guerrilla de América, por lo que los gobiernos venideros deberán cumplirlo.

El presidente de la Corte Constitucional, magistrado Luis Guillermo Guerrero, explicó que con esta determinación se protege la estabilidad jurídica del Acuerdo, pero se fijan precisiones importantes sobre cuál debe ser la forma de interpretar esta reforma.

“El Acuerdo no tiene en sí mismo un valor normativo, sino que requiere su incorporación a la Constitución a través de reformas constitucionales, leyes aprobadas por el gobierno y los decretos”, señaló.

La sentencia “rige a partir de su promulgación hasta la finalización de los 3 períodos presidenciales completos posteriores a la firma del Acuerdo Final”, es decir se empieza a contar con el sustituto de Santos, que dejará el poder en agosto de 2018, apuntó.

La decisión de la Corte fue celebrada tanto por Santos como por la exguerrilla ahora llamada Fuerza Revolucionaria Alternativa del Común (FARC).

El mandatario, cuyo gobierno firmó la paz con las FARC en noviembre tras 4 años de negociaciones en La Habana, publicó en su cuenta en Twitter la “decisión unánime” del tribunal, que en su criterio “legitima y da estabilidad” a lo convenido.

El presidente del partido del excomandante guerrillero Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, también destacó la decisión. “En medio del atraso en la implementación e intenciones de modificar lo acordado, blindaje al Acuerdo Final es un espaldarazo a la paz”, escribió en la misma red social.

‘Timochenko’ se refirió a los anuncios de la oposición de derecha, liderada por el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe (2002-10), que ha dicho que en caso de llegar a la presidencia modificará lo acordado con los insurgentes.

El partido de Uribe, el Centro Democrático, busca convocar un referendo para cambiar algunos puntos, pues consideran que el acuerdo garantiza impunidad a los guerrilleros que cometieron crímenes graves. (I)

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Cifra de víctimas por protesta de cocaleros sube a 7

El saldo de víctimas tras una protesta de campesinos cocaleros contra la erradicación de cultivos ilícitos, la semana pasada en el suroeste de Colombia, aumentó a 7.

“Falleció una persona más de los heridos que estaban en la ciudad de Pasto y eso incrementa a 7 los muertos”, informó Julio César Rivera, alcalde de Tumaco, fronterizo con Ecuador.

Otros 20 campesinos resultaron heridos el jueves anterior tras la intervención de la fuerza pública en ese convulso municipio en medio de protestas contra la erradicación de sembradíos de coca, por considerar insuficientes las ayudas económicas que ofrece el gobierno a cambio de que siembren productos lícitos.

La Defensoría del Pueblo, que vela por los derechos humanos en Colombia, advirtió el domingo sobre la presunta responsabilidad de la policía en un hecho que el gobierno y la fuerza pública han adjudicado a disidencias de las FARC que se apartaron del proceso de paz.

Las autoridades investigan versiones de la existencia de otro cadáver “a partir de información de la comunidad, sin embargo no ha sido posible esa identificación y ese hallazgo”, indicó el vicepresidente Óscar Naranjo, que trasladó su despacho a Tumaco esta semana.

El gobierno ordenó el martes el relevo de 102 policías de Tumaco a otras zonas del país, que se suman a los 4 uniformados de la policía antinarcóticos que fueron suspendidos por presuntamente haber disparado durante los incidentes.

Tumaco, en el departamento de Nariño, es el municipio con más cultivos de coca en el país y sufre el azote de grupos armados que se disputan los corredores del tráfico de droga a Estados Unidos, con escala en Centroamérica. (I)

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