El Partido Popular (PP) se ha convertido en el objetivo principal de los principales acusados en la mayor trama de corrupción política que se juzga en España. Los tres cabecillas de la red Gürtel acaban de admitir ante el tribunal que la dirección del PP pagaba sus servicios en Valencia con dinero negro, y que además cobraron millonarias sumas de dinero de empresarios por trabajos realizados en las campañas electorales del partido en el gobierno. Este arrebato de sinceridad de los tres encausados -Francisco Correa, Pedro Crespo y Álvaro Pérez- se enmarca en un cambio de estrategia para rebajar las penas y cierra el círculo en torno a la financiación ilegal del PP valenciano. Para la Fiscalía del Estado resulta un éxito rotundo.

Según ha empezado a conocerse en el macrojucio que se celebra durante estos días en la Audiencia Nacional de Madrid, el dirigente conservador que organizó toda la trama era Francisco Camps, presidente de la comunidad autónoma entre 2003 y 2011, y hombre fuerte del PP nacional durante casi dos décadas. En la última jornada celebrada el pasado viernes, uno de los implicados detalló la infraestructura de un montaje redondo para que la formación conservadora, empresarios afines y la sociedad Orange Market, propiedad de Francisco Correa, salieran beneficiados. De las declaraciones de los tres imputados ante el magistrado se ha conocido la existencia de reuniones con el entonces secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, en la que este último reconocía que su partido tenía contraída con ellos  una deuda impagable y que las dos únicas opciones para poder abonarles era con dinero negro y a través de facturas falsas a constructores afines a la formación política. Con este sistema de pagos, la sociedad de Correa se embolsó 3,4 millones de euros, de los cuales 1,2 millones procedían de los nueve empresarios que ya han admitido haber realizado pagos irregulares.

Según el testimonio de los imputados durante el interrogatorio, las reticencias que mostraron a Ricardo Costa por su “extraña” propuesta  sirvió para que “llamara a la persona a la que le consultaba todo, la cual le dice, tenemos problemas muy serios y esas son las formas de pagar. Esa persona es Francisco Camps”, señaló Álvaro Pérez. Varios de los empresarios acusados en este juicio por la financiación irregular del PP han reconocido que recibieron facturas de las empresas de Correa a quienes se les pagó por trabajos que realmente realizaron para el PP.

“Aquí no están todos los empresarios implicados. Aquí no se le ha preguntado a ninguno de ellos qué se le ofrecía (a cambio)”, aseguró Pérez a preguntas del fiscal. El resultado de este arrepentimiento es que la petición de penas de la fiscalía se rebajará considerablemente. Pese a que fuentes judiciales juran y perjuran que no se ha producido acuerdo alguno para conocer la verdad, los letrados de Crespo y Pérez, ambos en prisión tras la sentencia condenatoria de la primera pieza de la trama, no ocultan que intentan negociar una reducción de penas a cambio de dar más nombres de dirigentes del PP implicados en este operativo ilegal.

“Parte de los trabajos realizados para los populares fueron pagados en efectivo, que no se declaró, y que fue a la caja b del señor Correa”, respondieron a preguntas de la fiscal. La realidad es que el cariz que está tomando el juicio de la segunda parte de la red Gürtel comienza a colocar al partido de Mariano Rajoy en una situación muy delicada, casi insostenible. Y en los próximos meses puede empezar a cobrarse víctimas políticas de inusitada envergadura. (I)