GIEI evidencia fallas y desidia en investigación del caso Ayotzinapa

Fallas en las investigaciones y líneas de búsqueda que no se han agotado; participación de diversas fuerzas de seguridad en los ataques; torturas a los inculpados; y un video que evidencia la actuación irregular de peritos gubernamentales al recoger restos óseos, son algunos de los principales puntos que planteó el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) al presentar su segundo informe sobre el caso Ayotzinapa, con lo cual termina su estancia de un año y un mes en el país.

Por más de dos horas, el grupo, compuesto por Ángela Buitrago, Claudia Paz y Paz, Francisco Cox, Carlos Beristáin y Alejandro Valencia, explicó algunos de los aspectos centrales del exhaustivo documento de 608 páginas que elaboraron después del primer reporte, publicado el 6 de septiembre de 2015.

Ángela Buitrago reiteró que el 26 de septiembre de 2014 los estudiantes no fueron a Iguala a boicotear un evento ni estaban infiltrados por el crimen organizado como sugirió el gobierno en los primeros días e informó que “los hechos se desarrollaron en una zona mayor a la señalada por la Procuraduría General de la República (PGR)”. Explicó que criminales y policías -municipales y federales- instalaron retenes para mantener el control territorial en 80 kilómetros en los alrededores de Iguala. Hubo más ataques, incluso muertos, dijo y mencionó como ejemplo el punto entre Mezcala y Sabana grande.  

Buitrago, quien es abogada, doctora en derecho y sociología, especialista en derecho penal y ciencias criminológicas, insistió en que no está agotada la línea de investigación sobre el llamado “quinto autobús”, coche de la empresa Estrella Roja que presuntamente llevaba una carga de heroína en su interior y podría ser el móvil del ataque porque los jóvenes lo ocuparon sin saberlo. Denunció que poco se sabe de ese hecho porque en oficinas gubernamentales demoraron gestiones para obtener información y, además, “el bus que se puso de presente a nuestro grupo (por parte de las autoridades) no es el que salió de la camionera”.

Claudia Paz y Paz, exfiscal general de Guatemala, quien llevó a la cárcel al exdictador Efraín Ríos Montt, señaló que han comprobado la presencia de fuerzas de seguridad durante el ataque al equipo de fútbol juvenil Avispones, que esa misma noche se perpetró en las afueras de Iguala con saldo de cuatro muertos, entre ellos el niño Josué Evangelista. Detalló que “la Policía Federal se hizo presente en la escena del crimen de Avispones. Tuvo un trato displicente, falta de apoyo a heridos, incluso bloqueó los intentos de familiares de evacuar a los heridos”.

Recordó, también, que “personal militar (27 Batallón de Infantería) estuvo presente en varias de las escenas donde ocurrieron los crímenes violentos” y agregó que alrededor de las 0:30 del 27 de septiembre, un grupo de militares entró a Barandillas (lugar de seguridad pública de Iguala) donde, según otros testigos, se encontraban detenidos cerca de 10 jóvenes. Los uniformados permanecieron allí entre 10 y 15 minutos en un hecho que en las primeras declaraciones “los mandos simplemente no mencionaron”.

Paz y Paz reclamó que la PGR no   accedió a realizar peritajes telefónicos ni de “análisis intercomunicacional” entre presuntos responsables ni de seguimiento a los aparatos de algunos de los 43 desaparecidos aunque varios “fueron activados horas y días después” de los hechos.

Mencionó que del teléfono del normalista Jorge Aníbal Cruz Mendoza salió un mensaje de texto hacia su madre en horas que, según la versión oficial de PGR, ya había sido asesinado.

Sobre el presunto destino final de los estudiantes, quienes, según el gobierno, fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, habló el chileno Francisco Cox. Desmoronó una a una las expresiones vertidas en el nuevo peritaje de 9 páginas que divulgó la PGR; cuestionó la metodología y rigor científico del documento con el cual el gobierno busca sostener su versión. “No hemos visto ni una sola evidencia para cubrir su conclusión de que en el basurero de Cocula se incineró a los 43 estudiantes”, dijo.

El médico español Carlos Beristáin denunció que muchos de los detenidos, varios de ellos autoinculpados, presentaron signos de tortura. Como ejemplo, exhibió pruebas realizadas a un policía de Iguala que al momento de la detención presentaba una lesión, más tarde 14 y en un informe posterior 22 marcas.

Hacia el final, los integrantes del GIEI realizaron recomendaciones al Estado mexicano y exhibieron un video tomado por periodistas, testimonio de hechos que la PGR no informó en su momento ni tampoco incorporó al expediente.

Las imágenes muestran que a las 15:36 del 28 de octubre de 2014 una delegación oficial recorre una zona del río San Juan donde se observan bolsas de plástico. A las 18:04, un grupo de cuatro personas, entre ellos Agustín García Reyes, uno de los inculpados, visita la zona y recoge restos óseos en una diligencia que nunca se hizo pública, además sin permitir acceso al Equipo Argentino de Antropología Forense. Al día siguiente, 29 de octubre, el gobierno envió nuevamente a García Reyes -esa vez sí oficializó su recorrido- además de asignar tareas a efectivos de seguridad y buzos que, según documentos oficiales, hallaron cenizas en bolsas similares a las del día anterior pero ubicadas en otro lugar. Como un hecho “grave, preocupante”, calificó Beristáin el ocultamiento de las diligencias e irregularidad del actuar de peritos oficiales.

James Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recibió el informe que, dijo, “muestra fallas en este caso y en la justicia de México”. Felicitó al GIEI “porque su trabajo es un ejemplo” y a las víctimas les prometió que el organismo “seguirá monitoreando el tema”.

“¡No se vayan! ¡No se vayan!”, gritaron familiares de los normalistas y jugadores de Avispones. Aplaudieron también cientos de personas, entre activistas, intelectuales y periodistas, reunidos en la Universidad del Claustro de Sor Juana, donde hubo cuatro asientos vacíos en la primera fila: los representantes del Gobierno mexicano decidieron no asistir.  

La reacción oficial llegó por medio de la cuenta en Twitter del presidente Enrique Peña Nieto. Horas más tarde publicó tres mensajes, uno de ellos con el texto: “La @PGR_mx analizará el informe completo, para enriquecer su investigación sobre los trágicos hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014”. (I)