El Palacio de Gobierno de Veracruz está tomado por unos 50 alcaldes. Desde hace una semana, protestan porque las autoridades provinciales no les han entregado fondos que el gobierno federal transfirió a las arcas de Veracruz, son millonarios montos que se esfumaron en la administración del ahora prófugo gobernador Javier Duarte.

Denuncian los alcaldes que de agosto a octubre la deuda de coparticipación asciende a cerca de 2.000 millones de pesos ($ 100 millones), aunque el gobernador interino Flavino Ríos, designado tras la huida de Duarte, admitió a la prensa que el total ronda los 3.300 ($ 183 millones). Argumentó que no hay liquidez porque la administración de Duarte utilizó ese dinero para temas considerados “prioritarios” como seguridad y pago a maestros.

Declaraciones y desmentidos de por medio, los días pasan y muchas de las 212 alcaldías de esa provincia están en aprietos. Sobre todo aquellas que en su presupuesto dependen de la coparticipación federal. Por ejemplo, Apazapan, un pequeño municipio de 4.000 habitantes que ya se declaró en quiebra y dejó de operar en estos días, según denuncian los alcaldes en protesta.

Paúl Martínez, presidente municipal de Perote, asegura que por toda la provincia hay obras paralizadas. “Podrían colapsar servicios, eso sería terrible”, advirtió en entrevista con el Grupo Expansión. También congelados están los pagos de sueldos a trabajadores, insiste Miguel Ángel Yunes Márquez, de Boca del Río, quien se ha transformado en vocero de la toma. “Veracruz está al borde del colapso. No hay gobierno”, sentenció.

César Ulises García Vázquez, alcalde de Coatzintla, denuncia que las autoridades solo tratan de dilatar el caso porque existe “una banda de ladrones”. “El que se fue (Javier Duarte) tranquilamente anda perdido pero el que llegó (el gobernador interino Flavino Ríos) no dice ‘voy a denunciar’, ‘voy a ver dónde están los recursos’”.

Entre quienes mantienen tomada la sede del gobierno de Veracruz hay militantes de dos partidos: el conservador Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), de tradición progresista y aliado del oficialismo. No participan los integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), primera fuerza a nivel nacional y local ya que a ese partido pertenece el gobernador Javier Duarte, con orden de captura y prófugo desde el pasado 17 de octubre, acusado por delincuencia organizada y lavado de dinero. La sociedad cuestiona la lenta reacción de la Procuraduría para emitir la orden de captura.

Quienes participan de la protesta tienen posturas diferentes acerca de la solución al problema: los panistas dicen que toca a Veracruz enfrentar el asunto mientras los perredistas abogan por un rescate financiero desde la administración de Enrique Peña Nieto. Aunque el Presidente recibió por estos días al gobernador electo, Miguel Ángel Yunes (PAN), el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, ha sido tajante. “La federación no puede pagar dos veces un recurso que ya entregó”, dijo.

Se espera que una transferencia de pagos actuales, no retroactivos, pueda destrabar el conflicto con los gobiernos municipales. Sin embargo, otros sectores también están al borde del colapso debido a la corrupción del gobierno saliente, del PRI, que dejó al estado en virtual quiebra. (I)