El Gobierno de Bolivia promulgó la nueva Ley de Minería y Metalurgia, una normativa que busca diversificar las inversiones y promover la cadena de industrialización minera desde la exploración de nuevos yacimientos. Además, amplía el control estatal frente a los sindicatos, cuyo pulso durante la tramitación llevó al cese del anterior ministro del ramo, Mario Virreira.

La norma fue promulgada en la ciudad andina de Oruro por el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, quien ejerce la Presidencia interina del país al encontrarse Evo Morales de viaje oficial en Argelia.

En el cuerpo legal se establece que solo la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), un ente estatal, podrá cerrar acuerdos con el capital privado para explotar los yacimientos del país, dejando de lado formas populares de asociación como las cooperativas sin aval estatal.

García Linera, durante la promulgación de la norma, insistió en que la ley es el resultado de 3 años de trabajo hasta alcanzar consensos con todos los actores implicados en la minería, entre ellos, los cooperativistas, las empresas privadas y las estatales.

Según el vicepresidente, la norma, que se enmarca dentro de la Constitución boliviana promulgada en 2009, “no está perfumada con olores extranjeros” y es la primera para este sector que se elabora con el concurso de todos los interesados, especialmente de los trabajadores.

Recordó que la Carta Magna reconoce como actores mineros a los sectores privado, cooperativista y estatal y precisó que la nueva ley “recoge los derechos y las garantías de los 3 sectores”.

Sobre el sector privado, García Linera destacó la nueva regulación para las empresas y los inversores extranjeros, cuya ganancia estará gravada por entre un 55% y un 63% de impuestos.

“A los privados, tienen derecho a venir a trabajar acá, bienvenidos, pero señores privados, con respeto, tienen que pagar buenos impuestos, porque si no, no nos interesa que vengan”, aseveró.

Respecto a la participación estatal en el sector, avanzó que tendrá carácter ‘selectivo’.

“El Estado va a seleccionar las mejores áreas mineras de Bolivia y ahí le vamos a meter millones de dólares para producir mineral, para generar ganancias y regalías”, aseguró. A cambio, García Linera pidió a los cooperativistas una mayor tecnificación en su trabajo.

Precisamente fue el sector cooperativista el que protagonizó graves enfrentamientos contra la Policía hace 2 meses, durante la tramitación parlamentaria de la Ley de Minería.

El conflicto, que acabó con 2 cooperativistas muertos en choques con las autoridades, se desató por cambios de última hora introducidos en el texto legal a su paso por el Parlamento, a pesar de que la normativa ya había sido consensuada anteriormente con todos los representantes del sector.

La modificación de la discordia fue la prohibición a las cooperativas de firmar contratos de forma directa con empresas privadas, al ser esa una facultad constitucional del Estado.

Durante esa crisis el Gobierno acusó a algunas cooperativas de haber firmado contratos inconstitucionales y abrió una investigación al respecto, por temor a que las privadas usen los beneficios de las cooperativas para asumir el control de los yacimientos mineros.

El conflicto también se saldó con la destitución del ministro de Minería, Mario Virreira, a quien sustituyó César Navarro.

La minería es el segundo sector productivo más importante de Bolivia, tras el de los hidrocarburos, y sus exportaciones alcanzaron en 2012 los $ 3.000 millones.