La Defensoría del Pueblo solicitó que el Estado ecuatoriano, por intermedio del presidente de la República, Lenín Moreno, valore la posibilidad de solicitar bajo la figura de clemencia, el indulto de la ecuatoriana Jenny A., en caso de que el proceso judicial que se sigue en su contra concluya con la sanción con cadena perpetua o pena de muerte.

 En ese sentido, Patricio Benalcázar, en su calidad de Defensor del Pueblo Subrogante, remitió su petición -con carácter de urgente- al Presidente de la República y a la Cancillería del Ecuador, con el fin de coordinar una acción conjunta del Estado ecuatoriano para atender el caso de la ciudadana ecuatoriana detenida en Tailandia por el presunto tráfico de estupefacientes, quien está recluida en la prisión de Bang Kwang, en Bangkok.

Jenny A., detenida en el aeropuerto de Bangkok, está enfrentando una posible condena de pena de muerte o cadena perpetua por el ilícito, ya que en Tailandia las personas que cometan delitos que atenten contra la vida de los/as ciudadanos/as de ese país, serán castigadas con la pena máxima.

Además, la Institución Nacional de Derechos Humanos pidió que por intermedio del Consulado ecuatoriano concurrente en Tailandia, se recabe la información sobre la situación actual y estado de salud, integridad y condiciones de vida de Jenny A.; sobre el ejercicio al derecho de comunicarse con representantes diplomáticos y consulares que tienen las personas ecuatorianas detenidas en el extranjero, y que dicha información sea transmitida a sus familiares en Ecuador, que aún no saben nada de ella desde que fuera detenida hace más de seis meses.

Para alcanzar esta acción de Estado, el Defensor del Pueblo (s) señaló que desde el año pasado, el Ecuador y otros países de la comunidad internacional exhortaron al Estado de Tailandia para que inicie procesos dirigidos a abolir la pena de muerte, dentro del informe del Grupo de Trabajo sobre el EPU, ante el cual los representantes del Gobierno tailandés reafirmaron la intención de abolir la pena de muerte y aceptar las recomendaciones.

Asimismo, recordó que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en 2014, exhortó a Tailandia que elimine la pena de muerte o, en todo caso, que se la aplique en delitos más graves como el homicidio, ya que el tráfico de estupefacientes no pertenece a la categoría de los “más graves delitos”, en el sentido del artículo 6.2 del Pacto destinado a abolir la pena de muerte.

En su escrito, Benalcázar también mencionó que el Rey de Tailandia, en 1994, por pedido de clemencia del ex Presidente del Gobierno Español, Felipe González, indultó a la ciudadana española Yolanda Ming Villaescusa, quien fue condenada a cadena perpetua por narcotráfico y que cometió la infracción en circunstancias más complejas y graves que la connacional ecuatoriana Jenny A. (I)