Están empatadas. Ver televisión y asistir a clases son las dos actividades en que niños y adolescentes peruanos ocupan la mayor cantidad del día. Con un 99% de las preferencias superan a quienes navegan por internet (77%) y a quienes escuchan radio (64%) para entretenerse.

Bajo este marco, tal como la educación, la televisión en el Perú cumple un rol formativo que establece la violencia, discriminación, indiferencia y mentira, como contenidos principales en la mayoría de programas.

Recientemente, un sondeo de opinión reflejó que el 73% de peruanos considera a su televisión el epicentro de formas de discriminación social. La falta de un buen manejo de temas en horario familiar, los escasos mensajes positivos, la dominación de los estereotipos, son algunas de las opiniones con que justificaron sus respuestas.

Pero en el día a día, la inconformidad es silenciosa. Los contenidos de televisión amplifican la diferencia y la desbordan al punto de convertirla en un modo cultural de convivencia. Lo mismo pasa con el lenguaje que, emitido desde la pantalla, caracteriza su uso en el doble sentido, en la ofensa al otro, en la denigración de la relación social.

El Artículo N° 14 de la Constitución Política del Perú dicta que los medios de comunicación deben colaborar con la educación y la formación moral y cultural de la población. En 2005, buscando alcanzar este objetivo, se emitió la Ley de Radio y Televisión con una serie de normas que buscan ordenar la administración de los medios, adjudicación de frecuencias y, en menor medida, la calidad de los contenidos que se emiten.

Parte medular en esta ley la constituye el Código de Ética, una serie de directrices autoimpuestas por los medios con las que consagran sus principios morales de comportamiento con la sociedad.

A pesar de que la entrega de este documento es indispensable para obtener el permiso de funcionamiento y renovarlo cada año, solo el 17% de todas las empresas de radiodifusión ha cumplido con ello. El resto vive en un constante aplazamiento de esa entrega, una espera que se asemeja a una prolongada tomadura de pelo.  

Dentro del Código de Ética se estipulan los mecanismos que cada empresa de radio y televisión faciliten para que el ciudadano pueda elevar una queja formal en contra de algún programa o contenido. Pero como la existencia misma de estos documentos se encuentra en un limbo, las vías para mostrar incomodidad ante los contenidos difundidos son escasas y lentas.

De acuerdo a la ley, las quejas deben sustentarse en el incumplimiento ético y moral de las normas de televisión o radio, y deben ser enviadas, en principio, al mismo titular del medio de comunicación, el cual deberá dar respuesta en 15 días hábiles. Si esta respuesta tarda, no llega o no satisface la explicación de la queja, recién se podrá acudir al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que, en un plazo razonable, dictamine una resolución.  

Desde la aprobación de la Ley de Radio y Televisión en 2005, apenas un caso ha cumplido con los pasos requeridos para obtener respuesta. En 2010, el Centro de Estudios y Promoción Afroperuanos (Lundu) elevó su protesta contra el programa El Negro Mama, un sketch cómico que, según la denuncia, reforzaba los contenidos racistas en contra de la población afro del país. El dictamen en este caso fue emitir disculpas en todos los horarios del canal de televisión que lo transmitía y una multa que ascendió a los 74 mil soles (26 mil dólares, en promedio).

Hace poco tiempo, un nuevo caso reabrió el debate en la televisión nacional. La Paisana Jacinta, una serie que mostraba a una mujer serrana, migrante en la capital, que siempre se veía envuelta en problemas debido a su supuesta ignorancia, fue censurada directamente por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de las Naciones Unidas. Como antecedente a este dictamen, en marzo del presente año, la parlamentaria Hilaria Supa presentó más de 3 mil firmas al canal emisor de la mencionada serie.

La respuesta de este medio señaló al personaje como alguien que “promovía y reivindicaba al heroico pueblo andino”. Esa declaración, que sonó a burla, fue cuestionada por una serie de organizaciones, entre las que se inscribió el Centro de Culturas Indígenas en Perú, formando un grupo de colectivos en contra de la discriminación en los medios de comunicación.

Los logros de esa unidad se cuentan desde la eliminación de auspiciantes alrededor de La Paisana Jacinta hasta el dictamen emitido por la ONU. “Una preocupación por las actitudes discriminatorias que se encuentran profundamente arraigadas en la sociedad peruana”, fue el justificativo que el Comité asumió para la toma de su decisión. En la parte principal de ese justificativo se lamenta que los medios de comunicación en Perú tengan como plataforma de acción el racismo contra los pueblos indígena y afro.

En julio de este año, el Ministerio de Cultura de este país difundió la ‘Guía para periodistas: Comunicación que no discrimina’, una herramienta que busca orientar al tratamiento de la información con respeto a las características étnicas y culturales de los lugares de donde proviene.

Pero, contando con esta, las herramientas para que los contenidos de radios y televisión se alejen de la discriminación son todavía escasas. Casos como El Negro Mama o La Paisana Jacinta muestran que solo la acción colectiva logra imponer su voz en un medio que irrespeta al individuo y lo reduce a la condición de objeto estereotipado.

Al final, desde la pantalla se propaga este tipo de invención.