Como señalaba Mónica Bruckmann, experta en la gestión de recursos naturales en América Latina, el sistema financiero global ha adquirido una influencia determinante en la acumulación de capital, en las trayectorias de la tecnología y en las relaciones de la economía con el entorno natural. 

Por ello, el entendimiento de la dinámica de los mercados especulativos financieros se convierte en un elemento determinante en la gestión de los recursos estratégicos en la región, una vez que los grandes movimientos especulativos internacionales promueven una extracción acelerada, depredadora y agresiva de las reservas estratégicas del país, para solventar sus necesidades de rentabilidad financiera a corto plazo. En este sentido, la necesidad de establecer una agenda nacional y regional que garantice la soberanía energética es fundamental.

Por otra parte, las agendas e intereses de los actores más poderosos en términos económicos, militares y políticos se han impuesto con ventaja sobre la inmensa mayoría de sociedades. En este escenario, los países de América Latina y El Caribe requieren de políticas destinadas a potenciar sus capacidades de inserción en un entorno internacional estructuralmente asimétrico, con soberanía.

Para garantizar lo que se ha mencionado, el nuevo Plan Nacional para el Buen Vivir establece dos objetivos fundamentales, el 11 (Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica) y el 12 (Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana).

Objetivo 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica

Es en estos momentos cuando el país tiene la oportunidad de gestionar soberanamente sus sectores estratégicos. Esto permitirá generar riqueza y elevar en forma general el nivel de vida de nuestra población.

Pero, ¿qué son los sectores estratégicos? Según la Constitución de Montecristi, los sectores estratégicos son aquellos que, por su trascendencia y magnitud, tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental en el país; y que están orientados al pleno desarrollo de los derechos de la ciudadanía y al interés general. El Estado se reserva “el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia” (Art. 313).

Se han catalogado como sectores estratégicos a los que comprometen el uso de recursos naturales no renovables (como hidrocarburos y minería) y recursos naturales renovables (como agua, biodiversidad y patrimonio genético). Además, han sido catalogados como estratégicos: la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico.
En este sentido, el Gobierno Nacional se ha propuesto convertir la gestión de los sectores estratégicos en la punta de lanza de la transformación tecnológica e industrial del país; lo que además se constituirá en un elemento central de ruptura con el pasado. Por ello, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, incluye en su Objetivo Nacional 11: asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica.

Las metas que se proyectan para alcanzar este objetivo nacional son: alcanzar el 60% de potencia instalada renovable; incrementar al 76% de suficiencia de energía secundaria; aumentar la capacidad instalada para generación eléctrica a 8.741 MW; identificar la disponibilidad de ocurrencias de recursos minerales en el 100,0% del territorio. Asimismo, en el marco de la transformación tecnológica, este objetivo se plantea alcanzar un índice de digitalización de 41,7; lograr un índice de gobierno electrónico de 0,55; disminuir el analfabetismo digital al 17,9%; y aumentar el porcentaje de personas que usan TIC al 50%.

En este objetivo se abordaran políticas y lineamientos para la transformación de la matriz energética, la industrialización de la actividad minera, la democratización del acceso a la prestación de servicios de telecomunicaciones, la gestión estratégica del agua y el mar para la producción e investigación, y el impulso de la industria química, farmacéutica y alimentaria.

A nivel regional contamos con enormes condiciones de negociación y capacidad de formación de precios de nuestros recursos naturales, debido al alto grado de vulnerabilidad y dependencia que los países hegemónicos mantienen de muchos recursos estratégicos de América Latina. Esto, además de otras ventajas, así como la aplicación de un conjunto de políticas para la sustitución de importaciones, la transferencia de tecnología, la generación de valor agregado local, la industrialización para la exportación, entre otras tantas políticas que potenciarán la gestión soberana los recursos.

Objetivo 12: Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana

El orden internacional se encuentra en una dinámica de profunda transformación. En ese sentido, Ecuador apunta a construir procesos de ruptura, a través de la consolidación de los mecanismos de integración entre los países del Sur, particularmente entre los latinoamericanos.

Bajo ese marco, y en un contexto de diversos modelos de desarrollo y formas de relacionamiento, contamos con nuevas opciones de integración como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), donde Ecuador ha desempeñado un papel protagónico.

Asimismo, el gobierno de la Revolución Ciudadana, en su afán de recuperar la soberanía vulnerada en gobiernos anteriores, tomó una serie de medidas como la expulsión de las bases militares extranjeras y la denuncia de los arbitrajes en los tratados bilaterales de inversión que afectan los intereses nacionales. Además, Ecuador se ha convertido en líder de la garantía del derecho humanitario, y los compatriotas que viven en otras latitudes sueñan en su retorno. Todo lo cual responde al principio de autodeterminación de los pueblos (Constitución Art. 416), el mismo que se encuentra cimentado en América Latina por la vigencia de un escenario democrático, y que supone además el principio de participación de la sociedad en los procesos de toma de decisión.

No obstante, el panorama no es muy sencillo. Las agendas e intereses de los actores más poderosos a nivel mundial (en términos económicos, militares y políticos) se imponen con ventaja sobre la inmensa mayoría de sociedades. En este escenario, el Ecuador y los demás países de América Latina y el Caribe requieren de políticas destinadas a potenciar sus capacidades de inserción en un entorno internacional estructuralmente asimétrico. La estructura comercial del país da cuenta que todavía se requiere profundizar la inserción estratégica en el mundo. En el período 2007-2012 se puede observar que la región ha cobrado una importancia relativamente mayor en las exportaciones nacionales (del 26% en 2007 al 30% en 2012); sin embargo, Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial con una participación promedio del 40%. Por otra parte, las exportaciones con la Unión Europea se redujeron del 12,7% en 2007 al 10,3% en 2012.

Esto nos indica que es indispensable aumentar la promoción de la oferta exportable ecuatoriana en los diferentes países del mundo, a fin de lograr la diversificación de mercados y productos a exportar.

En ese sentido, el Objetivo 12 (Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana) del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 busca garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana. La promoción de la paz, la soberanía y la integración supone la construcción de un entorno internacional favorable al desarrollo nacional, por lo cual, el país precisa diversificar sus mercados de destino y oferta exportable para romper con las condiciones de dependencia económica.