En 2050, el número de adultos mayores se triplicará en América Latina y el Caribe, y alcanzará los 140 millones de personas, pero esos mayores de 65 años del futuro están hoy en un mercado de trabajo en el que solo 4 de cada 10 empleados contribuyen a un sistema de pensiones.

Esas cifras, divulgadas por un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), muestran las dos caras de la moneda: por un lado, aumenta el número de mayores de 65 años que requerirá vivir de una pensión y atenciones en el futuro, y, por otro, se reduce la cifra de trabajadores que aporta los recursos necesarios para esos gastos.

Los principios del sistema de pensiones son la solidaridad y la previsión. Ahorrar hoy pensando en el futuro, no solo en beneficio propio, sino también, por los otros.
El desbalance que existe, según las cifras, impone un reto que debe ser abordado en las políticas públicas de los países de América Latina y el Caribe.

Jubilaciones sin ahorro suficiente

Según las proyecciones del libro Mejores pensiones, mejores trabajos, entre el 47% y 60% de esos 140 millones de adultos mayores de 2050, llegarán a la edad de jubilación sin haber ahorrado lo suficiente para financiar una vejez digna.

Después de casi un siglo de que se implantaran las primeras leyes de seguridad social en la región y, tras las reformas de los años noventa para incrementar la cobertura, el estudio concluye que en la región es “relativamente limitado” el acceso a una pensión luego de haber realizado contribuciones laborales.

La falta de un sistema de pensiones adecuado provoca que los adultos mayores se vean obligados a trabajar después de la edad de jubilación que, en Ecuador, varía según los años de aportación.

De acuerdo al BID, en la actualidad, 130 millones de personas en la región están trabajando sin ahorrar para su pensión. Eso significa que, sin la aplicación de nuevas reformas en la seguridad social, uno de cada dos jubilados no tendrá una pensión adecuada y dependerá de la familia o del Estado para su sobrevivencia, lo que será económica, fiscal y socialmente insostenible.

Cobertura universal: la propuesta

Los autores del informe señalan la necesidad de buscar una cobertura universal en la región, para luchar contra la pobreza en la vejez y avanzar en el incremento del empleo formal y la productividad.
Actualmente, solo 40 de cada 100 adultos mayores tienen una pensión contributiva (contribuyó a ella a través de su trabajo). El 20% disfruta de una pensión financiada por los Estados, a través de programas específicos. El resto de adultos mayores tiene que trabajar hasta edades muy avanzadas o esperar que sus familias ayuden en su sustento.

¿Qué pasa con el sector informal?

El análisis enfatiza en las relaciones entre pensiones y mercado de trabajo en la región, donde el empleo informal todavía es muy alto, lo que influye directamente en la cobertura y aportes al sistema de pensiones.
Según señala el estudio, los aportes a la seguridad social están directamente relacionados con el mercado laboral, por lo que se propone crear estímulos para aumentar la formalidad laboral y contribuir a que las personas empiecen a ahorrar.

La informalidad en la que se encuentra buena parte de los trabajadores de la región puede enfrentarse con una serie de incentivos. Por ejemplo, se plantea que la formalidad sea más barata y atractiva, y que los Estados otorguen un subsidio al trabajo formal, es decir, a los aportes que empleados y empresas hacen a los sistemas de pensiones.

Por otro lado, el estudio apunta a que el sector más vulnerable de la población es aquel con menores ingresos. Por ejemplo, en la región, uno de cada 10 trabajadores de este segmento ahorra para tener una pensión.

Además, es necesario pensar en quienes no tienen empleos asalariados y buscar nuevos canales o mecanismos para que ellos también sean parte del sistema.

Inversión de entre 1% y 2% del PIB

Las estimaciones que hace el BID indican que una reforma que contemple otorgar una pensión universal a los adultos mayores y que subsidie el trabajo formal podría costar entre 1% y 2% del Producto Interno Bruto (BID), un porcentaje adicional a lo que los países ya están destinando para financiar los sistemas de pensiones.

La pregunta que queda en el aire es si la propuesta de estos autores es financiable.

Ellos creen que sí, sin embargo, hacen hincapié en que es necesario hacer “una reforma global, integral, transparente y eficaz” que permita al sistema provisional: eliminar la pobreza en la vejez, o reducirla al mínimo, y mantener el nivel de vida de los trabajadores cuando se jubilan.

En síntesis

Los autores plantean dos pilares:

1. La creación de una “pensión no contributiva universal antipobreza”, que debe integrarse con el sistema de pensiones y complementarse con una institucionalidad fiscal fuerte.

La idea es que el sistema obligue a todos los trabajadores a ahorrar para su jubilación, sin importar su ocupación.

2. Apuesta decidida por la creación de empleo formal, para lo cual es necesario un aumento de la productividad.

Este es “un buen momento para hacer las reformas. La región está pasando por un momento económicamente favorable y, al mismo tiempo, la población todavía es joven, está en edad de trabajar. Es un buen momento de ahorro para la vejez”, asegura Carmen Pagés, una de las autoras del libro junto a Mariano Bosch y Ángel Melguizo.

La transición demográfica es un hecho y es necesario actuar ya, señala. En la región, el número de adultos mayores aumentará por el crecimiento de la esperanza de vida (80,3 años en 2050) mientras caerá la tasa de fertilidad (1,8 en 2050). La pirámide poblacional del futuro se asemeja a la de los países desarrollados.

Entre el 47% y el 60% de los 140 millones de mayores de 65 años que llegarán a la edad de jubilación en 2050 no habrá ahorrado lo suficiente para financiarse una vejez digna. En tanto que en la actualidad, 130 millones de personas están trabajando sin ahorrar nada para su pensión’.

Panorama en Ecuador

Aunque la Constitución establece como obligatoria la afiliación, incluso para los trabajos no remunerados, los datos de 2010 del BID muestran que en el país solo el 26,5% de empleados aporta a la seguridad social. El promedio latinoamericano se ubica en 44,7% (1). Y el 57,4% de los mayores de 65 años en Ecuador cuenta con una pensión. La media en la región está en 62,5%.

Dentro del estudio se cita una pregunta de la base de datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) de 2007: “Si le ofrecieran un plan de jubilación con buenos servicios y pensiones suficientes, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente?”. Un 27% respondió que “nada”. Un dato, sin duda, preocupante.

A través de controles, el gobierno ha buscado avanzar en derechos de seguridad social. La obligatoriedad de los patronos de afiliar a las empleadas domésticas permitió que, después de 2008, el número de afiliados pasara de alrededor del 10% en 2003, a casi el 45% en el 2011.

A pesar de que esos datos representan un avance en el número de aportantes a la seguridad social, sobre todo en sectores olvidados, el estudio del BID indica que el número de puestos de trabajo disminuyó de casi 250 mil a unos 150 mil en los periodos analizados. Los autores admiten que todavía es necesario analizar más profundamente cuál es la relación entre aumento de afiliados y fiscalización.

Mariano Bosch, experto y autor del libro Mejores pensiones, mejores trabajos del BID

¿El panorama de las pensiones en la región es grave?

La situación es preocupante porque, para solucionar el problema de las pensiones, se necesitan largos periodos de tiempo. Por ejemplo, para que alguien tenga derecho a una pensión, tiene que cotizar entre 20 y 30 años, en algunos países más. Esto significa que si queremos incrementar las posibilidades de que las generaciones jóvenes de la región lleguen a la vejez en una mejor posición que las actuales se tiene que actuar lo antes posible. Este es un buen momento de coyuntura para empezar las reformas necesarias. En el plano demográfico, la región todavía es joven, lo que facilita la aprobación política de las reformas  y disminuye su coste. Pero se debe actuar ahora porque la ventana demográfica se está cerrando rápidamente.

¿Por qué hay poca gente que ahorra para su vejez?

En nuestra opinión, la población de América Latina no es diferente a la de Europa o Estados Unidos. La baja cobertura en pensiones no se debe a que los latinoamericanos quieran consumir más hoy. Hay varios factores a considerar como, por ejemplo, que la región tiene un ingreso más bajo que otras partes del mundo. También los diseños de la seguridad social y de los incentivos en el mercado de trabajo no facilitan que muchos ciudadanos participen de la seguridad social. Por último, muy poca gente a los 20 o 30 años en cualquier lugar del mundo está pensando en la jubilación. Los sistemas de pensiones son los que tienen que ayudarnos a corregir esa falta de previsión.

¿Cómo está el panorama de las pensiones en Ecuador?

Ecuador ha realizado un enorme esfuerzo de fiscalización en los últimos años. Gracias a ese esfuerzo se ha podido pasar de, alrededor del 25% de trabajadores que contribuyen a la seguridad social en 2005, a cerca del 40% en 2013. Esto es un incremento espectacular. Por lo tanto, sí que pensamos que una mayor fiscalización y esfuerzo por parte del Estado para afiliar puede ser efectivo. La pregunta es si ese mismo esfuerzo puede llevar a que Ecuador alcance el 70-80% de trabajadores contribuyentes como en los países más avanzados de la región. Probablemente se requieran medidas adicionales para hacer más atractiva la formalidad laboral.